[BRVTAL] Miles de jubilados dejan España para cobrar su pensión en países con menos impuestos

Miles de jubilados trasladan su pensión a países con menos IRPF​

La cuenta se hace con una calculadora y la nómina del mes delante. Una pensión que en España tributa en un tramo alto de IRPF rinde bastante más en Andorra, Portugal o Bulgaria. Mismo dinero, menos retención. Lo que parecía una decisión de despacho ya son 113.000 pensionistas españoles con residencia fijada fuera del país, y un bloque creciente de ellos se mueve con un solo criterio: la factura fiscal.

El grupo que más crece apuesta por la fiscalidad low cost. Son unos 25.000 jubilados que han elegido Suiza, Países Bajos, Portugal, Bulgaria, República Checa, Luxemburgo, Bélgica, Liechtenstein, Grecia, Chipre o Andorra. Cada destino ofrece ventajas distintas —sociedades, renta, rescate de fondos, inversión— y algunos brindan casi todo. A esos 25.000 hay que sumar otro bloque: alrededor de 95.000 pensionistas que, según se sostiene en el hilo, en su mayoría no emigran, sino que regresan. Serían personas nacionalizadas que vuelven a su país de origen al terminar su vida laboral aquí.

¿Por qué los jubilados eligen Andorra, Portugal o Bulgaria?​

El atractivo no es el mismo en cada caso. Andorra combina mínimos fiscales, cercanía y similitudes culturales. Portugal ofrece trato favorable a determinados residentes. Bulgaria y otros destinos del Este se sostienen sobre un coste de vida mucho más bajo. La lista de países que compiten por el mismo contribuyente jubilado incluye también Grecia, Chipre, Luxemburgo o Liechtenstein, cada uno con una pieza distinta del rompecabezas.

Hay quien sostiene que el calor y el precio son el motivo principal, y que la fiscalidad es solo la guinda. Los datos disponibles apuntan a lo contrario en el tramo alto: el segmento que más crece es el que se fija en el impuesto de la renta antes que en la temperatura. No es lo mismo irse a un destino cálido donde una pensión pequeña cunde, que mudarse a un país frío del centro de Europa porque allí la retención se desploma.

Conviene un matiz que, según se afirma en el debate, rompe el relato fácil: hay quien sostiene que con 2.500 euros mensuales de pensión no se obtiene permiso de residencia en Andorra, porque el país exigiría un nivel de renta y patrimonio muy superior a la media de los pensionistas españoles. De ser así, el flujo hacia allí sería más exclusivo de lo que sugiere la etiqueta de jubilado que se marcha.

¿Qué pasa con la sanidad cuando llega la enfermedad?​

Es el punto ciego del cálculo. Se argumenta que un destino con impuestos bajos rara vez viene acompañado de un sistema sanitario potente; ambas cosas suelen coincidir en países ricos y desarrollados, y esos también aprietan el bolsillo. Y se apunta que el riesgo real no es que el jubilado se vaya, sino que vuelva cuando ya necesita tratamiento. El gasto sanitario de una persona se concentra al final de su vida, y ahí España sostiene la parte cara.

En contra pesa otro factor con recorrido electoral: según este argumento, los pensionistas votan, y son un cuerpo electoral que ningún gobierno quiere cabrear. Cualquier recorte de su factura fiscal se convierte en un problema político antes que contable. La presión iría, así, en dirección contraria a la tijera.

Lo que cuesta tener la pensión fuera del país​

Los cálculos que circulan en el debate sobre el impacto a medio plazo son de los que quitan el sueño. Según uno de ellos, para dentro de dos décadas las salidas anuales equivalentes a 300.000 millones de euros entre pensiones y remesas tomarían como base 15 millones de personas percibiendo una media de 1.700 euros al mes. Puesto en un solo país, el ejercicio da escalofríos: un millón de pensiones al mes hacia Perú, con una media de 1.200 euros, serían 1.200 millones al mes transferidos y gastados allí. Súmese la remesa ordinaria, unos 400 euros mensuales por persona.

El argumento de fondo es que el sistema se retroalimenta de sus propias prestaciones. Si el dinero se gasta en España, genera consumo, empleo y cotizaciones que vuelven a financiar el sistema. Si se gasta en el país de destino, construye trabajo e impuestos ajenos. De ahí que algunos países blinden el perímetro: Noruega no permite a los extranjeros cotizar a su sistema de pensiones, y Brasil limita el porcentaje de personal foráneo en plantilla.

¿Puede España obligar a tributar aunque el jubilado viva fuera?​

Según se apunta en el debate, una ley que obligase a tributar la pensión en España con independencia de la residencia se toparía de frente con el derecho comunitario y con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es la vía que algunos ven probable en el medio plazo, y la que otros consideran una vuelta de tuerca que convertiría el espacio europeo en un régimen de excepciones.

Frente a eso, el contrapunto que se defiende en el hilo es claro: quien cobra una pensión contributiva ha cotizado toda su vida y puede fijar su residencia donde quiera. No sería una subvención, sino un derecho devengado. Ahí está la tensión real del asunto: la libertad de residencia choca con la caja única de la Seguridad Social.

El diagnóstico de fondo sobre la economía española​

El asunto arrastra una discusión más amplia. Frente a la idea instalada de un país sin industria que vive del turismo, los datos que se citan señalan que el turismo pesa un 12% del PIB y la industria un 15%. El tópico circula más que la cifra. Y sobre ese suelo se construye el relato de la expulsión fiscal.

Lo que se discute es el volumen. Hasta 113.000 pensionistas con residencia fuera, 25.000 de ellos por motivos estrictamente tributarios, y una pregunta que sobrevuela el debate: cuánta pensión se va cada mes.