BOOOOOM: Mandos militares retirados piden al Ejército que destituya a Sánchez y convoque elecciones

Militares retirados piden al Ejército que destituya a Sánchez​

¿Sirve de algo que un grupo de mandos militares retirados firme un manifiesto pidiendo al Ejército que destituya al presidente del Gobierno y convoque elecciones? El documento, difundido en plena tramitación de la ley de amnistía, ha reabierto el pulso sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la crisis institucional. La respuesta mayoritaria entre quienes siguen el asunto es un encogimiento de hombros: los firmantes son militares retirados, sin mando sobre la tropa y con la pensión asegurada. El gesto no compromete nada. Y ahí está el problema.

Quién firma y por qué el gesto no compromete nada​

El primer reproche que recibe el manifiesto es de coherencia temporal. Los firmantes son mandos que ya no tienen mando. Mientras estuvieron en activo, sostiene la crítica más repetida, no movieron un dedo por las causas que ahora dicen defender. Hay quien lo resume con retintín: siempre esperan a retirarse para empezar a echarle huevos. La comparación que circula es con los socialistas que renegaron de su pasado en los ochenta y noventa, cuando ya no les costaba nada.

El argumento tiene una pata legal que conviene no perder de vista. En activo, un militar que firma algo así se expone a un delito; retirado, el mismo texto queda amparado por la libertad de expresión. La línea entre una cosa y otra no es retórica: es la frontera entre el código disciplinario y el derecho a opinar. Quien señala esa asimetría no está defendiendo el manifiesto, está describiendo por qué se firma ahora y no antes.

El cálculo de fuerzas: por qué un golpe militar es hoy improbable​

El escenario que algunos consideran posible —que una veintena de mandos arresten a sus superiores y tomen los puntos neurálgicos del país— choca con un cálculo de fuerzas que el propio debate desmonta. No hay apoyos internacionales comparables a los que tuvo el 23F. Los grandes medios tienen hoy una capacidad de amplificación que en 1981 no existía. Y Estados Unidos, se argumenta, no permitiría que una democracia aliada se descabalgara por esa vía: sería un mal ejemplo.

Con esas tres piezas, la conclusión que se impone es que ningún mando en activo se jugaría el cuello para salir al día siguiente señalado como el nuevo hombre fuerte. Difícil, muy difícil, resume el análisis más extendido. No imposible, matizan otros: las cosas son improbables hasta que dejan de serlo, y se han cruzado ya demasiadas líneas rojas. La discrepancia no está en los hechos, sino en cuánta tensión aguanta el sistema antes de que alguien deje de calcular consecuencias.

La amnistía como telón de fondo legal​

El manifiesto no se entiende sin el proyecto de ley de amnistía. La tesis que circula es que la voluntad de delinquir registrando un proyecto de ley no equivale a cometer el delito, y que la votación parlamentaria es el momento crítico. Si la ley se aprueba, sostiene esta lectura, los diputados que voten a favor estarían incurriendo en usurpación de funciones. Es una interpretación jurídica discutida, no una sentencia: nadie ha sido condenado por ello.

En paralelo aparece la comparación con el referéndum del 1-O. El argumento es de simetría: si el Tribunal Constitucional avaló como legal un proceso independentista, no podría declarar ilegal un movimiento militar con fines análogos. La analogía es forzada —el marco constitucional no trata igual ambos supuestos— pero explica el clima: la sensación de que las reglas se aplican con distinta vara según quién las invoque.

El rey, la Guardia Civil y el resto de la cadena de mando​

La cadena institucional completa aparece en el debate. El rey sancionó la ley, recuerdan unos, y eso cierra cualquier expectativa de intervención desde arriba. Hay guardias civiles suspendidos de empleo y sueldo por significarse contra el presidente del Gobierno, añaden otros, lo que demuestra que la estructura disciplinaria funciona en una sola dirección. Y los diplomáticos, los empresarios y los altos funcionarios, se dice, solo cuentan las verdades cuando ya tienen la vida resuelta.

De fondo late una pregunta que nadie responde del todo: ¿de qué sirve un Ejército que solo habla cuando ya no puede actuar? La respuesta más cínica es que sirve exactamente para eso, para hablar sin consecuencias. La menos cínica es que el manifiesto no busca un golpe, sino marcar posición ante una opinión pública que se siente huérfana de instituciones.

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Al final, el manifiesto de los retirados funciona como termómetro, no como detonante. Mide cuánto malestar hay en una parte de la estructura del Estado, no cuánta capacidad de acción. Quien espere tanques en la Castellana puede seguir esperando. Quien tema que alguien deje de esperar, tiene un motivo nuevo para mirar la próxima votación parlamentaria con más atención de la habitual.