Alvise pérez cancela entrevista con el país tras exigir el analista grabar para evitar manipulaciones:

Alvise cancela su entrevista en El País por no poder grabar​

El analista Alvise Pérez ha cancelado la entrevista que tenía programada con El País para el jueves 13 de junio. El motivo, según su versión: el diario del grupo PRISA no aceptaba que el entrevistado se reservara por escrito el derecho a usar los brutos de la grabación si consideraba que sus respuestas habían sido manipuladas. No es la primera vez que ocurre en ese mismo medio, sostiene, y de ahí la exigencia. «No acudiré a medios españoles que no garanticen la capacidad de defendernos de manipulaciones y tergiversaciones inmorales», ha escrito. La negativa del periódico deja al electo con más de 800.000 votos sin ninguna entrevista cinco días después de las elecciones, algo que sus partidarios presentan como un caso sin precedentes en 45 años.

Qué exige exactamente y por qué El País dice no​

La condición que puso sobre la mesa era concreta: acceso a los brutos —el material sin editar— y derecho escrito a usarlos si entendía que sus respuestas habían sido alteradas. El País no lo aceptó. En la práctica, el pulso es sobre quién controla la versión final de una entrevista: el medio que la edita o el entrevistado que la concede. Hay quien ve en la exigencia una coartada preventiva para imponer su propio relato; hay quien ve en la negativa del diario la prueba de que la edición previa no le convenía.

El episodio se produce en un contexto más amplio. El paquete de «calidad democrática» que prepara el Gobierno incluiría, según el material que circula, grandes multas a lo que denomina desinformadores, prohibición de contrataciones públicas a empresas y particulares que financien a esos perfiles o medios, y un comité de expertos elegido por el Ejecutivo para el cierre de redes sociales y medios sin orden judicial. Con ese telón de fondo, la negativa a grabar la entrevista deja de ser una anécdota de agenda y se convierte en un síntoma.

La respuesta de Alvise: querellas y una ley de libertad informativa​

El analista ha anunciado querellas por difamación y calumnias contra varios periodistas. Entre los casos citados está el de Javier Ruiz, que en máxima audiencia de TVE afirmó que Alvise Pérez había pedido violar a la hija de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno nacional. Le exige 20.000 euros, que donará a la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil. También apunta al programa de Nacho Abad, en Cuatro, por haber afirmado que había sido condenado en un juicio que, según su versión, ganó en firme en el Supremo.

A esto suma una promesa legislativa: una Ley de Libertad Informativa que penaría con prisión a los políticos que presionen u obstaculicen la publicación de cualquier información en medios de comunicación. La propuesta, tal como se plantea, choca con el marco constitucional vigente, pero sirve para marcar el terreno: el mismo que el Gobierno quiere ocupar con su comité de expertos.

El pulso sobre los bulos y el control de la versión final​

La paradoja que subrayan sus defensores es sencilla: el medio que acusa a Alvise de difundir bulos se niega a que la entrevista se pueda contrastar íntegra. Si el problema es la manipulación, ¿por qué no dejar el bruto sobre la mesa? La respuesta habitual es que el derecho de edición es del medio, y que cederlo sienta un precedente incómodo para cualquier entrevista futura.

El caso tiene un precedente ilustre. Kundera dejó de conceder entrevistas porque, según dijo, siempre le cambiaban el sentido de sus palabras. La diferencia es que Kundera renunció a los medios; Alvise los usa como campo de batalla. Y ahí está el nudo: la transparencia que se exige al entrevistado no siempre se aplica al entrevistador.

El CGPJ, Navarra y el ruido de fondo​

Mientras se dirime el pulso con El País, otros frentes siguen abiertos. La mayor asociación de jueces de España ha calificado de «inaceptable y un auténtico atropello constitucional» el asalto de Sánchez al CGPJ. La presidenta socialista de Navarra, Chivite, habría exigido a los medios ocultar las agresiones de magrebíes a homosexuales, según la versión que circula. Y en Vox hay críticas internas por limitarse a crear una mesa en Barcelona para coordinar recursos de inconstitucionalidad, con cargos que piden mayor contundencia a Abascal.

El resultado es un ecosistema donde la entrevista ha dejado de ser un formato neutral. Cada negativa, cada exigencia y cada bruto no grabado se leen como posiciones de guerra. La pregunta que queda sin respuesta es si el entrevistado que exige grabar lo hace para protegerse o para controlar. Y si el medio que se niega lo hace por criterio editorial o por algo menos confesable.