Alvise pérez anuncia 'desviaciones de voto' en su primer recuento de actas, el analista ha logrado con su comunidad el 25% de las actas de toda españa

La red de voluntarios cifra en el 25% las actas reunidas​

La comunidad de voluntarios que se organiza en torno a Alvise Pérez asegura haber reunido copia del 25% de las actas de toda España tras las elecciones europeas y sostiene que ese recuento alternativo deja a la vista votos que el escrutinio oficial no explica. Según los usuarios que siguen el asunto, el material recopilado apunta a mesas de Valencia, Vélez-Málaga o Barbastro, y a un municipio pequeño de Cantabria, donde aparecen votos a Junts en territorios sin estructura conocida de la formación. Ningún tribunal ha confirmado fraude alguno. Pero el ruido ha metido en la conversación pública tres palabras que casi nadie usaba: acta, interventor y volcado de datos.

¿Qué son las desviaciones de voto que se denuncian?​

La anomalía que más ha circulado tiene un patrón repetido: mesas en las que Junts aparece con votos que nadie esperaba. Un usuario afirma que en una localidad cántabra de pequeño tamaño se contaron más de 100 papeletas para la formación catalana; se citan también resultados parecidos en puntos de Valencia, Vélez-Málaga y Barbastro, y hay quien menciona Canarias o Murcia como ejemplo de territorios donde Junts no tiene estructura conocida. El núcleo del argumento es ese: resultaría muy improbable que grupos de personas sin relación entre sí hubieran decidido votar lo mismo en lugares tan dispersos.

La hipótesis alternativa es más prosaica y bastante más difícil de refutar: un error humano al introducir los datos en la tablet, una casilla mal rellenada y toda la tabla corrida hacia arriba. Quienes sostienen la primera tesis añaden un detalle que suena razonable: los primeros sorprendidos deberían haber sido los propios integrantes de cada mesa, que ven los votos antes que nadie. La respuesta desde el otro lado es que un fallo de ese tipo canta mucho precisamente por su tamaño, y que acabó corregido.

El 25% de actas: por qué no basta para concluir un fraude​

El número que sostiene todo el edificio es el 25%. Es el porcentaje de actas que la red ciudadana dice haber conseguido y también su techo. Quienes participan en ese recuento admiten que no ha sido posible pasar de ahí: sin interventores en cada mesa, hacerse con el conjunto completo choca contra un muro. Para las siguientes generales, el objetivo que se declara en un mensaje reproducido en el hilo es superar el 75% y poder judicializar, con representación territorial, lo que se detecte.

La comparación importa. Para una parte de los intervinientes, con un cuarto de las actas se pueden señalar mesas raras, pero no se sostiene un patrón estadístico sobre el conjunto; otros sostienen lo contrario y aseguran que la desviación ya es estadísticamente significativa. Los partidos clásicos consiguen copias completas o casi completas porque tienen apoderados e interventores en prácticamente todos los colegios; históricamente solo las formaciones con despliegue territorial amplio han podido sumar el escrutinio por su cuenta. Una auditoría voluntaria sin ese despliegue se queda, por definición, a medio camino.

De la vigilancia electoral al escaño: el giro que descoloca​

Con el acta de eurodiputado ya en el bolsillo, la denuncia perdió fuelle. Según varios usuarios del hilo, quien había pedido a sus seguidores vigilar el proceso electoral dejó de publicar novedades sobre el recuento, no subió las actas a la web que había anunciado y tampoco se sumó al recurso que otras formaciones presentaron contra los resultados. Se alviseó, resumen quienes le siguieron con entusiasmo y ahora se sienten vendidos.

El reproche tiene una lógica política sencilla: si se sostiene que el sistema falsea las elecciones, lo coherente es pelearlo en los tribunales y en las juntas, no ocupar el asiento. La contestación es que un escaño y una denuncia no son excluyentes y que cambiar las reglas desde fuera es más lento. La discusión, en cualquier caso, se ha quedado sin cerrar.

¿Quién controla de verdad el recuento: actas, Indra e interventores?​

Según quienes defienden el sistema actual, el recuento oficial se hace delante de interventores de todos los partidos y los resultados se publican por colegio electoral. Cada formación suma sus propias copias de actas al margen del sistema informático y, en caso de discrepancia, el documento que manda es el acta, no el dato telemático. El recuento de mesas con votos a Junts fuera de Cataluña, mesa a mesa y municipio a municipio, es la pieza que sostiene la denuncia y la que conviene leer entera antes de sacar conclusiones.

Lo que se discute es si el sistema basta. Funciona sobre la buena fe de quienes organizan el cotarro y no siempre hay un segundo par de ojos en cada mesa. Un usuario sostiene que a las siete de la tarde, con el colegio medio vacío, quien se queda solo en la mesa puede votar por veinte si quiere. Los sobres del voto por correo que llegan al final de la jornada y se revuelven con el resto son otro frente recurrente, y un participante se pregunta, sin aportar prueba alguna, quién dirigía la empresa encargada de ese reparto.

La ley obliga a las juntas provinciales a contar y sumar manualmente todas las actas, recuerdan varios usuarios. Que eso se cumpla o no es la clave del asunto. Y el contexto no ayuda: la edición del índice de percepción de la corrupción citada en el hilo coloca a España un puesto por encima de Botsuana (39/180).

Qué puede cambiar con la revisión manual de actas​

La revisión manual es el escenario que de verdad importa. Si los funcionarios de las juntas provinciales rehacen la suma, cualquier error de volcado queda al descubierto y las cuentas se ajustan solas. Si se niegan, el recuento vive de un acta digital que nadie puede auditar por completo. El escrutinio es público y auditable por ley; exigir que se cumpla no debería ser una hazaña.

Con esas piezas sobre la mesa, el desenlace que anticipan quienes defienden la explicación del error de volcado es un puñado de rectificaciones de mesas y ninguna alteración del reparto de escaños. Lo cual deja el asunto exactamente donde estaba: millones de votantes operando de fe. Ese es el punto en el que el análisis se atasca. Ya casi nadie discute si una revisión es técnicamente posible. Se discute si alguien con poder tiene algún incentivo en permitirla.