Acaban de aprobar la ley de amnistía

El Congreso aprueba la amnistía por 178 votos frente a 172​

La votación cayó como un mazazo en el hemiciclo: 178 diputados a favor, 172 en contra. La ley de amnistía salió adelante con un margen de seis votos, y con ella el perdón a los encausados del procés independentista catalán. El texto, que incluye a los responsables de malversación y desórdenes públicos, esquiva por ahora a los policías y guardias civiles que intervinieron en los altercados, según el propio debate parlamentario. La pregunta que sobrevuela el hemiciclo no es ya si la ley es constitucional, sino quién la firmará y cuándo.

El Senado como trámite decorativo

El recorrido institucional tiene su propia coreografía. La ley pasará al Senado, donde la mayoría del PP anunció que la rechazará, pero el Congreso podrá levantar el veto y aprobarla definitivamente. La pregunta que se hacen muchos es para qué sirve entonces la Cámara Alta si no ejerce de contrapoder real. La respuesta que circula es menos noble: para que los senadores cobren su sueldo.

El trámite no es baladí. La ley de amnistía, como cualquier otra, necesita la sanción del jefe del Estado. Y ahí aparece la figura del rey, que según el debate tendrá que estampar su firma. Hay quien ya avisa de que si lo hace, se ganará el apodo de Felpudo VI entre una parte del electorado. La institución queda así en una posición incómoda: firma y se desgasta, o no firma y bloquea una ley aprobada por la mayoría parlamentaria.

El 50% que no se siente representado

La votación dejó una foto incómoda: casi la mitad de los diputados votó en contra. No es una ley de consenso, es una ley de mayoría. Y eso, en un asunto que toca la estructura territorial del Estado, tiene consecuencias. Una parte del arco parlamentario sostiene que la amnistía divide en lugar de unir, y que se aprueba con los votos de quienes promovieron el desafío soberanista a cambio de estabilidad legislativa.

El argumento contrario también tiene recorrido: la amnistía es la única vía para cerrar un conflicto que llevaba años enquistado, y su aprobación demuestra que el Estado de derecho puede procesar y resolver sus crisis por vía parlamentaria. La discusión, en todo caso, no se cierra con la votación. Se traslada al Senado, a los tribunales y a la calle.

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Quién queda fuera del perdón

Uno de los puntos más repetidos es el de los agentes de policía y guardia civil que intervinieron en los altercados del procés. Según el debate, los únicos que no han sido amnistiados son los policías y guardias civiles que defendieron la Constitución. La afirmación, repetida en varios mensajes, apunta a una asimetría: los políticos independentistas salen perdonados, los agentes que cumplieron órdenes judiciales no.

La letra pequeña importa. Hay quien matiza que la amnistía cubre a los que cumplieron su deber sin excederse, pero no a los que se recrearon en la violencia. La distinción entre cumplir y excederse es, precisamente, la que los tribunales tendrán que hacer caso por caso. Y ahí es donde la ley puede quedarse corta o pasarse de larga.

El coste económico de la amnistía

En términos económicos, la amnistía no es una medida neutra. Los delitos de malversación incluidos en el perdón afectan a fondos públicos que, según la acusación, se destinaron a financiar el desafío independentista. La pregunta que queda sin respuesta es quién asume ese coste: el erario público, los encausados o nadie. La ley no establece mecanismos de reparación.

El impacto sobre la inversión y la prima de riesgo es otro de los frentes. La incertidumbre institucional que genera una ley de este calado suele trasladarse a los mercados en forma de mayor volatilidad. Aunque la aprobación elimina una incógnita, abre otras: qué harán los tribunales, cómo reaccionará Bruselas y si el marco constitucional aguanta el pulso.

El relato de la corrupción y el doble rasero

La amnistía ha reabierto el debate sobre el doble rasero en la lucha contra la corrupción. Mientras unos casos se persiguen con dureza, otros se resuelven por vía legislativa. La comparación con los casos de corrupción en otras comunidades autónomas —algunos con condenas firmes— es inevitable, y alimenta la sensación de que la justicia no trata igual a todos.

El argumento oficial es que la amnistía no borra delitos, sino que los saca del Código Penal por razones políticas. La diferencia es sutil pero relevante: no se declara inocentes a los encausados, se les perdona. Y el perdón, en política, siempre tiene un precio.