León: 19.000 pisos cerrados y faltan 3.000, el hilo estalla
El hilo se va de León. Un forero suelta el dato y el resto se lía a discutir si esos pisos existen, dónde están y por qué no salen al mercado. El Código Penal desaparece del radar.
Qué se ha sabido
Un participante pone sobre la mesa una contradicción concreta: en la ciudad de León hay
19.000 viviendas cerradas y, al mismo tiempo, se estima que hacen falta
3.000 viviendas nuevas para equilibrar el
alquiler. Pregunta que se lo expliquen. La respuesta llega en dos direcciones. Una: muchas de esas casas están en pueblos sin servicios, son semirruinosas o segundas residencias. Otra: hay propiedades vacías porque sus dueños se fueron a trabajar fuera y las guardan para volver o para la jubilación. Un tercer forero añade que también cuentan piso compartido entre herederos.
Aparece un enlace a un anuncio de Idealista con un piso por
3.000 euros en León, pegado con ironía para preguntar por qué se quejan del precio. El que lo trae no concreta más. También se menciona que entre
2011 y 2015 los pisos en Madrid bajaron casi a la mitad y se veían por
100.000 euros.
Otro forero cuenta el caso de un ayuntamiento que devolvió una casa tapiada a los hijos de una fallecida. Explica que al consistorio le sale más caro lidiar con ocupas que lo que saca del alquiler. Y remata: alquilar hoy es
deporte de riesgo extremo.
Sobre seguros de impago, alguien pregunta cómo van a reaccionar tras los decretos. La respuesta que recibe: las aseguradoras suelen cubrir
12 meses; si el inquilino se queda más, el resto lo paga el casero. Y se apunta a un tapón en los juzgados para
2031.
Dónde está la bronca
El choque ya no es penal. Es si esos pisos vacíos son oferta real o un espejismo. Un lado sostiene que la gente se organizará para comprar entre varios, incluso con fórmulas que esquiven la norma. El otro responde que no hay demanda efectiva: quien no puede comprar, no compra, y los bancos no repiten la jugada de 2008.
Hay quien defiende que el propietario que no saca un piso al mercado simplemente lo tiene a su disposición, como quien lo usa para alojar a la familia en Navidad. Y hay quien replica que eso no impide que otros compren, que los precios suben y bajan, y que el Estado debería ampliar el parque público en vez de vender.
Un forero rectifica el tono y recuerda que Bernardos solo dio su opinión y que opinar está amparado por la Constitución. Otro responde que lo grave son las interpretaciones subjetivas de la ley que un juez pueda hacer. Y un tercero avisa de que el decreto abre la puerta a la picaresca: simular una situación de vulnerabilidad para cobrar del Estado.
La discusión se calienta con acusaciones cruzadas sobre quién es demanda efectiva y quién potencial. Un participante zanja que el remanente de pisos pasará al mercado de compraventa, que es donde debe estar. Otro sentencia que antes habrá sangre. Mucha sangre. Y otro responde que no lo dude.
Qué cambia respecto a antes
El artículo 281.1 queda enterrado. La lista de requisitos para alquilar también. Lo que entra con fuerza es el stock vacío: cuántos pisos hay cerrados, dónde están y por qué no salen. La predicción de que solo alquilarán los desesperados se mantiene, pero ahora se discute si esos pisos vacíos son una reserva real o un cuento con casas rurales dentro.
Aparece un asunto nuevo: la expropiación del uso. Un forero explica que haría falta una declaración de utilidad pública, justiprecio e indemnización, y que el Estado quebraría si tuviera que pagar miles de viviendas a precio de mercado. Conclusión que saca: ahora los dueños cobran a precio de mercado y el Estado asumiría impagos y destrozos. Otro responde que eso ya lo hacen bancos y ayuntamientos desde hace años.
Y una fecha concreta:
2031, cuando se espera el tapón en los juzgados por los desahucios pendientes.