Podemos exige un nuevo y radical golpe a
ganaderos y
agricultores en pleno
abandono del campo e Incendios.
El partido plantea
futuros cambios para el sector para
luchar contra el "cambio climático".
Los bosques arden por el
abandono del campo. Los
agricultores no logran salir de una
crisis que ha destrozado sus beneficios y su capacidad de competir en el mercado. Los ganaderos luchan contra
regulaciones que pretenden reducir al mínimo su medio de vida. Y, en medio de todo ello,
Podemos ha decidido asestar un nuevo y radical
golpe regulatorio —plagado de
límites a la explotación— a ganaderos y agricultores. En pleno abandono del campo y con los incendios ocupando todas las portadas.
Podemos ha plasmado ya en un documento su nuevo
plan para el campo. Un plan repleto de
restricciones ecologistas para los agricultores y ganaderos y lleno de
regulaciones que harán aún más difícil la subsistencia en las áreas del medio rural.
El texto asegura que "la
agricultura es un sector estrechamente vinculado con la
base de recursos naturales, especialmente de los
recursos agua, suelo y biodiversidad, de los cuales depende para su desarrollo". Añade que, "según la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe El trabajo de la
FAO sobre el
cambio climático de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático 2019, publicado en
Roma en 2019,
el sector de la alimentación y la agricultura debe producir un 49% más de alimentos de aquí a 2050, pero ya es un importante
factor de cambio climático y, al mismo tiempo, tremendamente
vulnerable a dicho fenómeno". Y concluye que se trata de
sectores que protagonizan "alrededor de una
cuarta parte de las
emisiones de gases de efecto invernadero y mantienen a cerca de
2.500 millones de personas".
Para
Podemos, lo importante es el
impacto en la
naturaleza: "Los
impactos climáticos tales como fenómenos meteorológicos extremos, propagación de plagas y enfermedades, pérdida de biodiversidad, degradación de los ecosistemas y escasez de agua se
agravarán a medida que se
calienta el planeta. Estos
impactos pueden ser perjudiciales para la
seguridad alimentaria y los medios de vida y dar lugar a
migraciones forzadas". Porque, según la
FAO "la población mundial superará los 9.000 millones de personas en 2050, lo que implica la necesidad a medio plazo de producir más alimento, de calidad y de forma más
sostenible, en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las
Naciones Unidas".
Y es que
Podemos considera que "en las próximas décadas, la
agricultura tiene la responsabilidad de hacer frente al reto de garantizar la
seguridad alimentaria para una
población mundial creciente, con una menor disponibilidad de recursos y en un
entorno marcado por los
efectos del cambio climático".
Podemos identifica una
serie de amenazas. Uno, que "el
cambio climático podría llevar a más de 122 millones de personas, principalmente
agricultores, a la
pobreza extrema para 2030". Dos, "que el
cambio climático puede
aumentar los
precios de los cereales en un 29% de aquí a 2050". Y tres, que "la
escasez de
agua afecta al 40% de la población. Por cada
grado centígrado de aumento, 500 millones de personas más sufrirán una reducción del 20% de los
recursos hídricos renovables".
Y en base a esas
afirmaciones, los equipos de Irene Montero y la también ministra Ione Belarra trazan un
plan que sólo
supondrá más problemas para los agricultores y ganaderos en base a nuevas restricciones. Porque, según los morados, "el
sector agroalimentario debe afrontar las
transformaciones necesarias para que contribuya de manera real a la
lucha contra el
cambio climático, la crisis de biodiversidad, la sobrepesca, el
problema del
agua en
España y el
reto demográfico, y, a su vez, amortiguar los
impactos que el
cambio climático tiene sobre este sector".
El
plan, sobre el que ahora deberá mostrar su parecer el
PSOE, incluye las siguientes exigencias: "Aumentar la
ambición en la
lucha contra el cambio climático para acelerar la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores"; "realizar un
seguimiento continuado de los
impactos del
cambio climático sobre el
sector agricultura y
ganadero español, así como a promover
mecanismos de adaptación y resiliencia a los
cambios climáticos"; y "adaptar las
políticas y estrategias de lucha contra los incendios forestales a las nuevas condiciones generadas por el aumento de
temperaturas consecuencia del
cambio climático".
Además, se basará en "promover
políticas de conservación de los ecosistemas agrícolas más amenazados, y de
restablecimiento de la
biodiversidad agrícola-ganadera". Y buscará "fomentar un
modelo de agricultura y ganadería de carácter familiar y extensiva que, como
sector estratégico, se fundamente en un
desarrollo sostenible tanto desde su faceta económica, social y medioambiental".
Todo ello huele ya a
limitación de los
negocios agrícolas y ganaderos. Pero, por si había alguna duda, el texto prosigue y lo explica sin rodeos, porque pretende establecer "
una moratoria de nuevas macrogranjas y ampliación de las existentes, así como desestimar las que están en trámite". Quiere "garantizar el
25% de la superficie agrícola para su
cultivo bajo los
parámetros de la agricultura ecológica y agricultura de regeneración de suelos", es decir, con
rígidas exigencias ecológicas y, por lo tanto, bajos parámetros de rentabilidad. Y asegura, por último, que quiere "promover la
I+D en materia de
lucha contra el cambio climático en el
sector agrícola y ganadero".
Y todo ello supondrán
nuevas exigencias de control medioambiental y aún
menores márgenes de beneficios y de competitividad.
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