Bueno, ya habíamos contado, el pasado diciembre, que ni Congreso ni Senado estaban por la labor de atender la petición de la diputada de UPyD. De hecho Díez tuvo que registrar hasta tres escritos ante la Mesa de sendas Cámaras para que su propuesta fuera, al menos, contestada. Al tercer intento, ya se le dijo que el Parlamento consideraba «válido y adecuado» el sistema de pensiones de sus señorías y que no había intención de cambiar el modelo. Ahora, sin embargo, el Letrado Mayor de las Cortes Generales se ha dirigido a la diputada en cuestión para hacerle saber por escrito los motivos por los que caerá en saco roto su propuesta. ¿Adivinan? Uno: que la situación de diputados y senadores «no es comparable a la del conjunto de los ciudadanos» porque los primeros «son representantes del pueblo español y no tienen una relación laboral no estatutaria con las Cámaras a las que pertenecen». Y dos: que las Cortes Generales no son las únicas que prevén un régimen de protección social para sus parlamentarios que incluyen prestaciones sobre presiones, además de que «ni siquiera han sido pioneras en esta cuestión».
El Lertrado Mayor apela a las jubilaciones de parlamentarios italianos, británicos, franceses y alemanes para justificar las que tienen los diputados españoles y defiende también la indemnización por cese de actividad parlamentaria ya que sus señorías no tienen derecho al subsidio por desempleo. Conclusión: las Mesas del Congreso y del Senado consideran que el acuerdo unánime de todos los partidos alcanzado en 2006 para aprobar el Reglamento de Pensiones de sus señorías «establece un tratamiento digno para quienes han sido representantes de los españoles» y lo consideran «económicamente moderado», además de «viable» en comparación con las previsiones establecidas en otros «parlamentos o instituciones públicas». Es más, defienden que las prestaciones que reciben los parlamentarios nacionales se pueden situar en un perfil «medio/bajo» si se comparan con las prestaciones fijadas para quienes fueron, por ejemplo, eurodiputados o miembros de Gobiernos autonómicos.
