Hablas como si los inversores facilitaran el acceso a la vivienda cuando, muy al contrario, lo dificultan. Las personas que buscan una vivienda para vivir tienen que competir con otras (un 40% de las compras en Madrid) que buscan hacerlo para especular y rentar. Esto genera enormes problemas sociales y detrae una cantidad enorme de dinero de la economía real y de actividades productivas, para desviarla a un rentismo parasitario.
Si el margen de ganancia es tan exiguo como se dice, 3-4%, basta eliminar toda deducción, ajustar ITP/IVA a la compra especulativa y otros impuestos como el IBI y restricciones a la vacacional para que comprar para alquiler, simplemente, deje de ser un negocio que valga la pena. Y no, los precios no tendrían un margen infinito para subir, porque los inquilinos no pueden pagar mensualmente más de lo que ganan.
Eso forzaría a los rentistas a vender y los compradores, adquirientes de primera vivienda, a su vez, dejarían de ser inquilinos. En los años 80, había padres que incluso compraban un pisito para que sus hijos vivieran allí los 4 o 5 años que duraban los estudios.
Aquí o gana el producto de las rentas del trabajo y el derecho a una vivienda en condiciones dignas (pagar un 60% de tu sueldo a un rentista poco agradable no lo es), o nos subyugamos todos a que lo primordial es que esa casta de parásitos del ladrillo tenga beneficios, mandamos a la gente a vivir a 80 kilómetros de sus puestos de trabajo, nos resignamos a que el crecimiento demográfico sea nulo, etc. Esto no es ser comunista, es mera supervivencia: tener a personas de 35 años compartiendo piso o viviendo con sus padres para blindar los beneficios ociosos de una minoría es un sinsentido. Que inviertan en otra cosa.
El parasitismo ladrillero está tensando la cuerda en todo el mundo civilizado y antes o después habrá que meter en vereda a los causantes de este problema via restricciones e impuestos. Yo no trabajo para que una sabandija se lleve el 50% de mi sueldo porque ha decidido invertir en impedir que yo pueda acceder a una vivienda. La Constitución Española dice de manera muy clara que la propiedad privada está sujeta a su función social, y no al revés.