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MAZINGUERPETA

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"Chanchullitos" con la Nueva Fe

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042200_19_436185__COMUNITAT-VALENCIANA-Supremo-rechaza-misma-empresa-construye-supervise-obras

El Supremo rechaza que la misma empresa que construye La Fe supervise las obras

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Satisfacción "moral" y mano tendida en Avinco
. Comunitat Valenciana
La Generalitat ha recibido un nuevo varapalo judicial por su gestión en la construcción del nuevo hospital la Fe de Valencia, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno del PP.

H. G., Valencia
La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que interpuso en 2005 la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV)que declaró nulo el concurso y la adjudicación conjunta por parte de la Conselleria de Sanidad de la ejecución y la dirección facultativa del complejo hospitalario.
El Supremo ratifica así el dictamen del TSJ que hacía valer el "espíritu fiscalizador que debe inspirar el sistema de contratación de las administraciones públicas" y que daba la razón a la Asociación de Ingenieros Consultores (Avinco). Esta asociación profesional denunció que el concurso, adjudicado a una unión temporal de empresas formada por ACS, Dragados Obras y Proyectos, Lubasa y Edificaciones Ferrando, era, además de "ilegal", "discriminatorio y excluyente para los profesionales valencianos".
Evitar los sobrecostes
El TS destaca que el concurso contraviene la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en su artículo 197.2 que establece que la dirección y control de las obras no podrá contratarse con la empresa que ejecute el proyecto salvo que esté previamente justificado. La separación de la supervisión y control de las obras de la ejecución propiamente dicha es clave para evitar sobrecostes en los proyectos públicos.
La sentencia del alto tribunal, fechada el 18 de marzo pasado y notificada a las partes el 16 de abril, destaca que la Conselleria de Sanidad no ha razonado la "hipotética extrema complejidad de las obras". "Ni la magnitud de las obras o de su coste, ni los conocimientos especializados que hayan de confluir para proyectar" el hospital justifican la adjudicación conjunta y el hecho de poner "en riesgo el rigor y la eficacia de las funciones de la dirección de obra". "La justificación -añade el fallo- es un informe eminentemente genérico, carente de base técnica justificativa".
De la sentencia del alto tribunal se desprende que la contratación unitaria de la dirección facultativa y las obras es un acto nulo desde el momento en que se adjudicó el proyecto (febrero de 2003). Lo anterior supone, según el abogado de Avinco, Diego Muñoz-Cobo, que "la actual dirección facultativa queda deslegitimada y no puede certificar las obras, lo que equivale a una paralización".
La sala obliga así a convocar un nuevo concurso para contratar la dirección facultativa que una vez designada podrá revisar todo lo que se ha llevado a cabo. La conselleria no paralizó las obras tras la sentencia de marzo de 2005 del TSJ amparándose en su urgencia y en que el fallo se refería "unicamente" a la dirección facultativa y por tanto no tenía "repercusión alguna en la evolución de las obras". Las obras del complejo hospitalario de referencia de Valencia están muy avanzadas y la previsión es que acaben en mayo de 2009. La nueva Fe que se construye en el barrio de Malilla se licitó por 239 millones de euros.
 

Germain

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destaca que la Conselleria de Sanidad no ha razonado la "hipotética extrema complejidad de las obras". "Ni la magnitud de las obras o de su coste, ni los conocimientos especializados que hayan de confluir para proyectar" el hospital justifican la adjudicación conjunta y el hecho de poner "en riesgo el rigor y la eficacia de las funciones de la dirección de obra". "La justificación -añade el fallo- es un informe eminentemente genérico, carente de base técnica justificativa".

Lo único que se razonó es ver quien se quedaba con el chorrón de pasta.
 

Germain

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Menos mal que no nos iba a costar nada.

Las obras de la Fórmula 1 superan ya los82 millones, más del doble de lo previsto

El milagro del "coste cero" de la Fórmula 1 se vuelve cada día más complicado. Hasta ahora se han adjudicado obras del circuito urbano por valor de 82.279.575 euros (13.690 millones de las antiguas pesetas) que, por ahora, costea la Generalitat Valenciana, a través del ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP), la Autoridad Portuaria de Valencia e Iberdrola.

La cifra de 82 millones no incluye la construcción de los Paddock, aparcamientos e instalaciones complementarias, licitadas por 3,1 millones de euros en noviembre y que aún está pendiente de adjudicar. Tampoco se ha incluido el túnel bajo las vías del ferrocarril Valencia-Castelló que, finalmente, se optó por dejar pendiente ya que era materialmente imposible llegar a tiempo. También se desconoce, por ahora, el coste que tendrá instalar las lonas con las que la alcaldesa quiere embellecer el entorno del circuito para tapar las zonas degradadas. Los 82 millones de euros están muy lejos de los 37 millones que se aseguró, inicialmente, que costaría el circuito.
Respecto a la cifra total, la Fórmula 1 costará a las arcas de la Autoridad Portuaria de Valencia unos 13.290.266 euros ya que el puerto costea el traslado del puente diseñado por el ingeniero Julio Martínez Calzón que debe ser la infraestructura más cara y desplazada de la historia. En seis años desde que se inauguró en 2002 ha pasado de ser levadizo a fijo y, ahora, giratorio con un coste total de 33 millones de euros (que incluye la última adjudicación para convertirlo en giratorio y permitir que los monoplazas crucen el nuevo canal construido para la Copa del América).
El resto de la inversión, 68,9 millones de euros, será costeado por el Gestor de Transportes y Puertos (GTP) a quien la Conselleria de Economía autorizó la concesión de avales para poder endeudarse y pagar las obras del circuito por valor de 60 millones de euros, según un decreto firmado el 29 de febrero.
En esta cantidad se incluye los 3,4 millones que cuesta soterrar las líneas de alta y media tensión afectadas por el trazado y la modificación de la subestación del Grao que, inicialmente, también pagará Infraestructuras, según Iberdrola.
Por otra parte, fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia aseguraron ayer que el mapa estratégico del ruido se envió a la dirección general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente el pasado 10 de septiembre, quien lo remitió al ministerio el 3 de octubre. Por tanto, si la Comisión Europea aún no ha recibido el mapa (por lo que estudia expedientar a España) "es responsabilidad del ministerio". Fuentes de este departamento no respondieron ayer al ser preguntados por este asunto.
 

Germain

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El club de la comedia

Empezamos con una de risa. Una clase magistral de como tirar balones fuera.

Font de Mora pide el trasvase como solución para el fracaso escolar o las Trobades

Levante-EMV/Agencias, Valencia
El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, comenzó ayer todas sus intervenciones en la sesión de control al Consell reclamando el trasvase del Ebro, que "mejoraría la situación socioeconómica para mejorar todas las políticas" reclamadas por la oposición en materia de fracaso escolar, adscripción de centros de primaria a los de secundaria y el apoyo a las Trobades d'Escoles en Valencià.
A la pregunta del socialista Sanmartín sobre la adscripción de colegios de primaria en centros de secundaria, el conseller destacó la "importancia que el trasvase del Ebro tiene en un tema como el que nos ocupa, porque de producirse ese trasvase tendríamos un mejor estatus socioeconómico y por tanto, tendríamos más centros públicos y concertados y podríamos distribuir mejor nuestros recursos". Y lo mismo hizo cuando le preguntó sobre el fracaso escolar. Eso, y sostener que el fracaso escolar en la Comunitat "no se incrementa, sino que disminuye".
La misma receta del Ebro dio a la pregunta de Enric Morera (Compromís) sobre la colaboración con las Trobades. Font de Mora dijo: "Si la fuente de mi apellido pudiera paliar la carencia de agua de la Comunitat, ya me daría por satisfecho, pero hace falta el trasvase, porque con ese trasvase, mejoraría nuestra posición socioeconómica y tendríamos más dinero" para estas políticas. Sanmartín criticó el deterioro de la educación y Morera las "irrisorias" ayudas a las Trobades.
Ya sabéis chicos, si la parienta os pilla con otra, echadle la culpa al trasvase. Sirve pa tó.
 

Germain

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Una nueva vuelta de tuerca en la bancarrota del Ayuntamiento de Castellón.

El Ayuntamiento de Castellón culpa al Consell de su bancarrota

El Ayuntamiento de Castellón echó ayer la culpa de su bancarrota al Consell de la Generalitat. El equipo de gobierno local, que preside el alcalde popular Alberto Fabra, se quitó las pulgas de encima como hace habitualmente el Consell y, a falta de argumentos para responsabilizar de su situación de quiebra técnica al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, apuntó hacia la Generalitat. La crítica a la mala gestión municipal, que es uno de los principales motivos de la bancarrota, estuvo ausente.

En cualquier caso, las actitudes victimistas se expanden
El vicealcalde Javier Moliner reclamó a la Generalitat que abone los 6,3 millones de euros que adeuda a la Corporación por distintas infraestructuras ya realizadas. "Quien debe, paga", indicó el vicealcalde, que no se anduvo con tapujos ni ambigüedades a la hora de responder sobre la morosidad de la Generalitat con el Ayuntamiento de la capital de La Plana.

"Exigiremos a la Generalitat que pague las transferencias pendientes, como no puede ser de otra forma y cuanto antes", dijo. Esta deuda asciende, según el grupo municipal socialista, a 6,3 millones de euros, y ha provocado, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de Castellón se vea obligado a aprobar, en el pleno que se celebrará hoy, un plan económico y financiero exigido por la ley para garantizar la estabilidad presupuestaria.

La cultura del victimismo político amenaza con extenderse a nivel provincial y local. En Alicante, el portavoz socialista en la Diputación, Roque Moreno, denunció que el Consell desvía fondos previstos para esta provincia a la de Castellón, lo que impide abordar distintas infraestructuras.Javier Moliner optó por no obviar el incumplimiento de los compromisos económicos que el Consell tiene contraídos con la ciudad de Castellón, pero no desaprovechó la ocasión de criticar al Gobierno central, con una deuda tres veces menor que la de la Generalitat, tal y como admitieron los socialistas. "No se puede dar la circunstancia de que deba nada porque ha ninguneado sistemáticamente a la ciudad", señaló Moliner.

El plan de estabilidad, que habrá de ser tutelado por la propia Generalitat, no solo recoge la necesidad de sanear la contabilidad municipal, sino que aborda el problema de forma más generalizada. Así, el documento, firmado por el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, afirma que resulta "necesario" abordar la segunda descentralización administrativa y contar con un "nuevo sistema de financiación local" y marca, como medidas para aumentar los ingresos, la relativa a transferencias corrientes, que son las que se efectúan desde otras Administraciones a las arcas municipales. "Reivindicar una mayor implicación del resto de Administraciones en la financiación ordinaria de los Ayuntamientos (...) y materializar la participación de los Ayuntamientos en los tributos de la Generalitat valenciana, creándose un fondo autonómico de cooperación local", indica el plan entre las medidas programadas.

La demanda contrasta con la actitud de Alberto Fabra, también diputado autonómico, y su grupo parlamentario, que hace apenas 15 días rechazó una proposición de ley socialista para crear un fondo autonómico de cooperación local. La iniciativa legislativa contó, además, con el rechazo del Consell. En esta propuesta se reclamaba que se crease un fondo para los municipios con el 2,5% de los ingresos de la Generalitat y un mínimo de 300 millones de euros y que se distribuyese sobre la base del criterio de población entre los Ayuntamientos.

Alberto Fabra tendrá oportunidad de volver a pronunciarse en breve, ya que los socialistas tienen previsto presentar como moción municipal su propuesta de creación de un fondo de cooperación local.

En cualquier caso, las actitudes victimistas se expanden. El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Roque Moreno, denunció ayer que la "guerra entre Camps y Ripoll" ha vuelto a suponer una "sangría" para Alicante. Moreno criticó el anuncio realizado el pasado jueves en las Cortes Valencianas por el vicepresidente Vicente Rambla en el que dio cuenta del desvío de cuatro millones de euros procedentes de los Fondos de Compensación Territorial, que aporta el Gobierno a la Comunidad Valenciana, y dirigidos a proyectos en la provincia de Alicante a inversiones en otros puntos, principalmente a Castellón.

Moreno detalló que entre los fondos que se le detraen a Alicante se anula la partida de 1,3 millones enviada por el Gobierno para la canalización de aguas pluviales hasta el río Verde, entre Onil y Castalla. En la misma línea, más de dos millones de los seis previstos para la ampliación del Hospital de Elda se envían a un centro en Valencia.

"Alicante vuelve a perder, como ya le ocurrió cuando el PP hizo el presupuesto de la Generalitat porque, con Camps, Alicante siempre pierde", lamentó el portavoz socialista en la Diputación.

Por otra parte, junto a la exigencia de que el Consell pague lo que adeuda al Ayuntamiento de Castellón, el equipo de gobierno local anunció ayer que apoyará la declaración institucional que presentará el PSPV para exigir al Consell que agilice los trámites para la ejecución de la carretera CV-10 cuyo proyecto básico y estudio de impacto ambiental están publicados desde 2005.
 

Germain

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A vueltas con la deuda con las universidades.


Asfixiados por las deudas


A nada menos que a 891 millones de euros asciende la cifra de ingresos que las cinco universidades públicas valencianas han dejado de percibir y que la Generalitat hubiera tenido que haber pagado a tenor del plan de financiación acordado en 2005. Una deuda descomunal que los entes académicos no pueden digerir sin graves dificultades para su desenvolvimiento diario, ejecución de planes y obras en desarrollo y proyección futura, tanto más cuando se ha de afrontar la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que incluso requerirá recursos económicos adicionales. El cómo se tapa este agujero es ahora objeto de negociación entre los responsables docentes y los del Gobierno autonómico que, en principio, ha propuesto fraccionar el pago en "cómodos plazos" a lo largo de los próximos 14 años.

Cierto es que esta Administración nunca ha sido buena pagadora, pero tampoco la morosidad ni las cuentas pendientes con las universidades habían alcanzado este volumen escandaloso que ha trastocado sus tesorerías, abocándolas a una economía de sobrevivencia doblemente mortificante al contrastarla con los boatos y despilfarros que conlleva la política de grandes eventos a todas luces prioritaria en el programa del PP valenciano. Ante una tesitura como ésta resulta inevitable preguntarse qué papel juegan los Consejos Sociales y sus ilustres miembros, tan corteses, o qué opción queda a los equipos rectorales, además de reprimir sus cabreos ante la insolvencia del Gobierno. Pueden, eso sí, dimitir colectivamente, pero eso son palabras mayores y, a fuer de sensatos, hemos de admitir que tampoco solucionaría nada, pues ni afloraría más dinero en la devastada hacienda pública ni enmendaría el divorcio latente y antiguo entre la Generalitat y las aludidas universidades.

Este divorcio, precisamente, es el que en nuestra opinión está en la raíz del problema, de los referidos impagos, que difícilmente se producirían si entre las instituciones docentes públicas y el Consell hubiese una relación fluida y no digamos cálida, que al parecer se otorga en exclusividad a los chiringuitos que se describen como universidades privadas católicas. Cuestión de afinidades. A partir de esta misma falta de empatía se comprenden el desgajamiento traumático de la Universidad de Alicante para constituir la de Elche o la invención de la VIU, la llamada Universidad Internacional de Valencia, sin contar con las autoridades académicas o, hace tan sólo unos días, las agravantes declaraciones del secretario autonómico de Universidades, Emilio Barberá, acerca del que según él es un escaso rendimiento del personal docente en relación con las retribuciones que perciben.

No obstante, pelillos a la mar. Lo que ahora interesa es desatascar el problema y planificar la financiación sin recortes, ya que es impensable acelerar el pago de los atrasos. Para ello, las autoridades universitarias tienen en su mano dos bazas favorables: las necesidades apremiantes y su unidad de acción. El Gobierno, como es lógico, tratará por todos los medios de cuartear ese frente mediante la elemental táctica de prometer a cada cual lo que le convenga, negociando por separado. Es de suponer que los doctos rectores de los cinco campus no caigan en un exceso de pragmatismo para conquistar por separado una victoria pírrica y egoísta, de la que ya se ha percibido algún síntoma. Y otra baza es la movilización del estudiantado, que alguna lanza habría de romper en defensa de su institución, la universidad pública. Aunque eso exige estar informado y no en Babia.

Para acabar de redondear el conflicto con una hiriente paradoja, el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, se ha marcado un viaje a Santa Mónica, en los EE UU, para comprometer -según ha dicho- al arquitecto estrella Frank Gehry en el diseño de la sede de la Universidad Internacional que, de cuajar, será privada pero pagada con dinero público. Toma castaña. Por el momento no se ha concretado nada, más allá de explotar mediáticamente la noticia de un invento virtual que se sumará a ese universo de ficción que nutren los frustrados proyectos de Mundo Ilusión, Ciudad de las Lenguas, Ciudad de la Música y algún otro que tampoco ha llegado a ramos de bendecir porque, según la milonga oficial, el presidente Zapatero nos ha echado el mal de ojo y nos escatima los dineros.
 

Germain

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Y dos huevos duros

Viendo el puto desastre que es la red de metro en Valencia, casi que prefiero que dejen las cercanías como están.


El PP pedirá al Gobierno que transfiera las competencias de Cercanías a la Comunitat y 2.500 millones de euros

El PP presentará una proposición no de ley para que las Corts insten al Gobierno central a transferir a la Comunitat Valenciana las competencias sobre las redes del ferrocarril de Cercanías, por la que pedirán unas compensaciones por servicio público basadas en una previsión de 80 millones de viajeros para el 2021.

Además, exigirán la inversión de 2.500 millones de euros que es, según estimaron, la cantidad que debe percibir la Comunitat del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT).

El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, que explicó esta iniciativa junto con el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, tras la reunión con la comisión de transportes del grupo parlamentario popular. Flores indicó que pedirán una reunión con el Ministerio para solicitar la transferencia del sistema de Cercanías de manera "conjunta" con la Comunidad de Madrid, que "tiene las mismas aspiraciones" en materia de transferencias" que la Comunitat.

Flores indicó que, según estimaciones del Gobierno valenciano, en el año 2021 en el área metropolitana de Valencia se producirán cerca de "1.600 millones de viajes anuales". Calculan que Cercanías debería absorber el 15%, unos 80 millones de viajeros, frente a los 20 millones actuales. Además, por la gestión de estas las líneas solicitarán al Gobierno unas compensaciones por prestación de servicio público teniendo en cuenta la expectativas mencionadas.

Una vez asuman la competencia, el responsable Transporte apuntó que en el futuro "se podría designar el operador", pero "partiendo de la base de que Adif será el propietario de las infraestructuras y habrá que pagarle un canon que saldrán en parte de estas compensaciones".

Para explotar este servicio contemplan tres fórmulas; que haga cargo FGV, con un concurso de adjudicación a una empresa privada o que se haga a través de una empresa pública estatal como Renfe, que podría seguir explotando las líneas durante un tiempo de entre cuatro y diez años, aunque será la Comunitat la que dirija sus actuaciones.

En la proposición no de ley se pedirá la transferencias de las líneas Xàtiva-Alcoi, Valencia a Xàtiva, Mogente, Gandia, Utiel, Caudiel y Castellón, Alicante-San Vicente y una futura extensión desde Castellón a Vinaròs y desde San Vicente a Villena.

Además, consideran "necesarias" una serie de actuaciones como la creación del ferrocarril de la costa, con la extensión de la línea de Valencia-Gandia a Benidorm, Denia y Alicante; integración de las líneas Valencia-Castellón, Valencia-Xàtiva y Valencia-Gandia mediante el túnel pasante de Valencia y las nuevas estaciones Central, Aragón y Universitats, "creando le espina dorsal del sistema metropolitano de Valencia". Se trata, dijo de un proyecto creado por la Generalitat y "asumido" por la Administración estatal.

Del mismo modo, reclamaron la potenciación de la línea Valencia-Bunyol-Utiel mediante un programa que incluya la electrificación, desdoblamiento de algunos tramos y el uso de la vía de ancho variable para el AVE regional.

Otra de las peticiones es la de modernización de los servicios de Valencia-Caudiel con la creación de un gran intercambiador de transporte, y la extensión de los servicios de Cercanías a Benicarló, Benicàssim, Oropesa y Vinaròs.

Flores exigió también la creación de un gran intercambiador modal en la estación de Castellón, de las Cercanías del Vinalopó, mejora "radical" del eje Alicante-Aeropuerto, El Altet-Murcia y el desdoblamiento del túnel de Elx; la creación de un ramal Torrevieja y Orihuela costa; la adecuación de la red a los flujos de mercancías y la creación de una red de, al menos, ocho grandes estaciones en "consonancia con la 'Xarxa Logística' de la Generalitat y la integración urbana del ferrocarril en Valencia y Alicante.

Para llevar a cabo estas actuaciones, Flores instó al Gobierno a cumplir PEIT elaborado por el Ministerio que prevé la inversión de 18.000 millones de euros en el conjunto del estado entre 2005 y 2020 en Cercanías.

Así, por kilómetros de vía el conseller calculó que la Comunitat debería percibir 2.500 millones, por lo que en los próximos 12 años el ritmo inversor "no debería ser inferior a los 220 millones", que es lo que "vamos a solicitar" porque, "lamentablemente", desde 2005 hasta este año, las cantidades destinadas a la modernización de Cercanías en la Comunitat han sido "inexistentes", aseveró.

"NO PUEDE SEGUIR PARANDO EL DESARROLLO"

En este sentido, Ricardo Costa lamentó que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2008 el Gobierno ha reducido un 70% la inversión para Cercanías respecto a 2007. Con estos datos "es normal" que en a lo largo de 2006 se produjeran 168 averías y 249 retrasos en estas líneas en la Comunitat. Supone, dijo, que "al día hay más de una avería o retraso".

Para Costa es "inaceptable" las condiciones con las que se mantienen las líneas de Cercanías, y criticó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "tiene relegado estos servicios a la cola de sus prioridades".

Por ello, subrayó que pedirán al Gobierno una "correcta transferencia de las competencias en Cercanías" con una compensación por prestación de servicio público porque "creemos que Zapatero no puede seguir parando el desarrollo de la Comunitat".
 

Germain

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Deberían prohibir las televisiones autonómicas, solo son un agujero negro de euros al servicio del politicastro de turno.

La realidad según Canal 9

MIGUEL ÁNGEL NIETO - Madrid - 27/04/2008 20:41

Estas son algunas de las muestras del control de Camps sobre Canal 9.
LUNES 21

La polémica Rajoy-Aguirre no existe

El encuentro en Madrid de Esperanza Aguirre y el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, fue noticia de apertura en las dos ediciones de los informativos de Canal 9 (14.00 y 21.00), si bien en la noche tuvo que competir con la destitución del entrenador del Valencia, Ronald Koeman.

La suma de tiempo de ambos informativos fue de dos horas y 15 minutos, pero al caso Aguirre-Rajoy no se le dedicó ni un solo segundo. La noticia del día, la de si Mariano Rajoy quería o no echar a Aguirre del PP o si Aguirre pretendía competir con Rajoy, sencillamente no existió.

La información sólo habló de la "cimera" (cumbre) entre Aguirre y Camps, "dos presidentes que han obtenido mayorías absolutas reiteradas en sus respectivos territorios" y cuyos intereses políticos "coinciden". Es decir, se habló de trasvase, del AVE, de financiación... Se habló de Rodríguez Zapatero, pero del presidente del Gobierno no salió ni su foto, y nada se habló del tema del día, Rajoy-Aguirre. De hecho, del líder del PP tampoco apareció ninguna imagen.

Sobre el tiempo total de los dos informativos, la cumbre apenas mereció el 3,1% del tiempo, una quinta parte de lo que se dedicó a la salida de Koeman y el mismo tiempo dedicado al último pastor de Benidorm, un cuidador de ovejas en medio del turismo que aseguraba que "ser pastor es lo más bonito del mundo".
MARTES 22

Hoy ni hacen falta las noticias

Canal 9 decidió ahorrar todo tipo de información a los ciudadanos de su comunidad después de las 15.30 de la tarde. No hubo informativo a las 21.00. ¿La explicación? Según respuesta telefónica a este diario, la retransmisión en directo del día de San Jordi, es decir, la tradicional fiesta de los Moros y Cristianos que Alcoy celebra cada año, "impedía excepcionalmente" la emisión de las noticias. De hecho, y a lo largo de todo el día, en la emisión internacional de Canal 9 apenas se vio otra cosa que no fuera esa celebración.

San Jordi y la destitución de Koeman ocuparon prácticamente los 8 primeros minutos del informativo de las 14.00 y 16 minutos más a lo largo del programa. Una cuarta parte de ese tiempo, cuatro minutos, es lo que ocupó la información sobre el pleno extraordinario que celebraban las Cortes Valencianas, convocado nada menos que para exigir al Gobierno central que recupere el trasvase del Ebro para Valencia, Murcia y Almería.

En la hora y media de programa sólo apareció un ministro: Pedro Solbes, 30 segundos. Pero como parece habitual en Canal 9 cuando se trata de políticos socialistas, no se le oyó hablar. Cuatro minutos, sin embargo, mereció el reportaje de unos perros educados para llevar los kleenex a su dueño, los móviles, la cartera e incluso para apagar las luces de la casa. Perros, según se vio y oyó, que además cantan.
MIÉRCOLES 23

Camps, los moros y los cristianos

Las fiestas de Alcoy estuvieron tan presentes en los informativos del día como Francisco Camps, a quien se vio reiteradamente en la misa conmemorativa. El presidente de la Generalitat tuvo 30 segundos por la tarde y otros tantos por la noche para explicar la repercusión turística que está adquiriendo la fiesta.

Por la noche, en la noticia sobre la reunión en Almería de Camps y Javier Arenas, el líder del PP andaluz, el president dispuso de un minuto y 45 segundos para reclamar la aprobación del Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar que en 2004 derogó el Gobierno socialista. Esa noche, Camps y Serafín Castellano, conseller de Gobernación, fueron los únicos políticos que hablaron en el informativo, exceptuando los 20 segundos en los que habló Arenas. Entre ambos coparon el 7,3% del informativo. Pero sobre el cómputo de noticias de índole nacional y económica, excluyendo las informaciones de sucesos y variedades, el porcentaje de pantalla de ambos políticos ascendió al 26%.

El buen trato que dispensa Canal 9 a los ayuntamientos se hizo patente en dos noticias: la importancia que dio a la iniciativa de Rita Barberá en su campaña contra las motos mal aparcadas y el uso obligatorio del casco (tres minutos), y la situación de una urbanización que lleva meses sin agua ni luz. La responsabilidad, aclaró el informativo, es de la empresa constructora, no de la Corporación.
JUEVES 24

No hay país, pero tampoco hay mundo

Nadie que no fuera Francisco Camps o los miembros de su equipo de Gobierno tuvieron ni un solo segundo de pantalla en el informativo del mediodía. A la actividad del Ministerio de Defensa, incluido su papel en la crisis del pesquero español secuestrado en aguas de Somalia, no se dedicó ni un segundo. Se destacó, eso sí, la decisión de Carme Chacón de prohibir a su personal la consulta de ciertas páginas web.

Tampoco hubo información internacional. Sólo la referencia al racionamiento en la venta de arroz en Estados Unidos.A Camps, sin embargo, se le vio junto a tres de sus consellers reunido con el patrón de la Fórmula 1 (seis minutos de información), hablando luego en las Cortes Valencianas, donde intervino a cámara tres veces (75 segundos en total frente a los 30 que se le dio a la oposición), y reunido luego con una delegación de Uruguay para estudiar posibles líneas de negocios con ese país (un minuto).

En el informativo de la noche, sin embargo, tuvieron su pequeño hueco Rajoy y José Blanco. La aparición de Rajoy resultaba especialmente llamativa en tanto que aunque la información se refería al trasvase del Ebro, era la primera vez que se le escuchaba hablar en Canal 9 desde que saltara la polémica sobre la posible candidatura de Aguirre en el congreso extraordinario del PP. Hasta ese momento no existía. La polémica con Aguirre sigue a fecha de hoy sin existir.
VIERNES 25

¿Homenaje a Camps o al Estatuto?

Dos noticias marcaron la jornada en Canal 9. La conmemoración del XXV aniversario de la proclamación del Estatut valenciano (que ocupó cinco minutos de promedio en cada uno de los dos informativos), y las cifras de desempleo hechas públicas por el Gobierno central, casi 300.000 parados más (cuatro minutos en la primera edición de las noticias de Canal 9).Mientras Pedro Solbes anunciaba que el desempleo se sitúa en el 9,6%, el viceconseller valenciano afirmaba en Canal 9 que su comunidad ha creado 17.500 empleos gracias “a lo equilibrado de nuestra economía”. Es la línea de Canal 9. Frente a la crisis global, “se consolida el crecimiento económico de esta comunidad”, se decía el lunes. Aunque falte arroz en Estados Unidos, Valencia está “en condiciones de garantizar” su autoconsumo, se escuchaba el jueves.

La conmemoración del Estatuto, centrada en premiar a los padres de la Carta Magna autonómica, puede cuantificarse. El montaje de la noticia incluía cuatro testimonios y 16 planos de recurso. Los testimonios eran: dos de los ponentes del Estatut, uno de la presidenta de las Cortes (ocuparon juntos el 59% de las declaraciones), y el último del presidente Camps (el 41%). Camps aparecía en cinco de los 16 planos con los que estaba montada la noticia. Es decir, Camps aparecía en el 30% de las imágenes.
 

Germain

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Y seguimos con brindis al sol para marear al personal. ¿Obligarán a comer paella los domingos? ¿Se tendrán que apuntar a una falla? La polla, vamos.

Camps amaga con un contrato para inmigrantes inspirado en el que lanzó Rajoy

El contrato para inmigrantes lanzado por Mariano Rajoy en campaña electoral resucitó ayer en Valencia convertido en un "compromiso" más bien testimonial. El Gobierno que preside Francisco Camps, en una de sus iniciativas de enfrentamiento permanente con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, anunció que prepara una ley por la que los extranjeros "suscribirán" un documento comprometiéndose a respetar "las leyes, los principios y las costumbres españolas y valencianas". La Generalitat valenciana reconoció a última hora, sin embargo, que las consecuencias por incumplirlo o no querer firmarlo serán nulas porque carece de competencias para decretar expulsiones o para adoptar otro tipo de medidas coactivas.

Durante buena parte del día, el departamento de Inmigración valenciano jugó con la ambigüedad, dejando la puerta abierta a que los extranjeros que no suscribiesen el "compromiso" podrían verse penalizados a través de las ayudas sociales de ámbito autonómico que sí que gestionan. El documento que creará la ley (cuya "primera versión" no será presentada hasta el verano), prevé que el pacto sea de ida y vuelta: la Generalitat se comprometerá a "poner en marcha los medios jurídicos, económicos, formativos y sociales" necesarios para facilitar la integración. Pero la consejería aseguró finalmente a través de un portavoz que, acepten o no por escrito cumplir las leyes y las costumbres, "nadie podrá ser excluido de ningún derecho". "No tenemos esa competencia, que es estatal", precisó.

Fuentes de presidencia de la Generalitat dieron un paso más allá reconociendo que la propuesta "es más voluntarista que otra cosa". El alcance de la expresión "suscribirán el compromiso" que contendrá la ley será concretado en el posterior reglamento de desarrollo.

"Lo que procuramos es que las personas que vengan se integren no sólo en el nivel de responsabilidad laboral, sino fundamentalmente que se integren en nuestros valores, nuestro sistema de convivencia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y que esta integración permita no perder la cohesión social", declaró Rafael Blasco, consejero de Inmigración y Ciudadanía.

Ni él ni nadie en su departamento pudieron precisar en qué consistirán exactamente las costumbres españolas y valencianas a cumplir, aunque un portavoz descartó, en principio, que vayan a quedar recogidas en la norma. El consejero de Camps añadió que los sin papeles (cuyo número sólo en la Comunidad Valenciana estimó en 80.000 o 90.000 debido a la "catastrófica" gestión del Gobierno) "no tienen las circunstancias personales adecuadas" para integrarse.

El vicesecretario regional del PP valenciano, David Serra, afirmó que la futura ley recogerá los principios rectores de la integración, como medidas específicas en sanidad, educación, formación, vivienda y atención a personas desfavorecidas y el retorno voluntario.

El plan de la Generalitat provocó una cascada de críticas desde la oposición, el mundo sindical y las asociaciones de inmigrantes. Nuria Espí, diputada socialista en las Cortes Valencianas, tachó de "barbaridad" que los extranjeros "firmen un papel para cumplir la ley". El Consell, agregó, "debería trabajar para que estas personas conozcan las normas que nos afectan a todos los que vivimos y trabajamos en la Comunidad Valenciana y en España. Además, tendría que saber que una cosa son las normas y otras las costumbres". La diputada lamentó que el PP trate de llevar a las comunidades autónomas una propuesta que los ciudadanos "rechazaron en las últimas elecciones".

El Foro Alternativo de la Inmigración rechazó, por boca de su portavoz Mimi Boughaleb, el intento de "asimilación" de los inmigrantes que persigue el Ejecutivo de Camps. Un concepto que contrapuso al de integración, que requiere, dijo "políticas reales", y no "tomaduras de pelo" como la anunciada ayer. Tanto Boughaleb como Amparo Sánchez, portavoz del Centro Cultural Islámico de Valencia, como Luís Poveda, de CC OO, recordaron que las leyes obligan tanto a españoles como a extranjeros, por lo que está de más recogerlo en un contrato. Edgard Constante, presidente de la asociación de trabajadores ecuatorianos Rumiñahui, afirmó que la propuesta "denigra a la población inmigrante".
 
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Franze

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El contrato de la immigración es un quiero y no puedo, cuando se deberia de ir a por los que quieren que esos immigrantes esten aqui. Peor claro los politicos deciden por ti que es lo mejor.
Y lo de las televisiones, pues si, sin televisiones publicas viviriamos mejor, ni TV3, ni Canal 9 ni ninguna, una panda de ignorantes todos. Pero claro, chupan tantos...
 

Germain

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Blasco advierte de que los inmigrantes que no firmen el contrato tendrán dificultades

Sí, creo que no van a poder tirar petardos. Estamos en manos de imbéciles integrales. Insumisión fiscal ya, paso de pagarles el sueldo a estos sujetos.

Blasco advierte de que los inmigrantes que no firmen el contrato tendrán dificultades

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha asegurado hoy que los inmigrantes que no suscriban el denominado contrato de inmigración "van a tener dificultades" para integrarse en la sociedad valenciana, aunque la Generalitat no va a adoptar "ningún tipo de medida" contra ellos porque "los Derechos Humanos son irrenunciables".

EFE Blasco ha respondido así preguntado por el anuncio que realizó ayer acerca de que la futura Ley de Integración del Inmigrante de la Generalitat contemplará un compromiso de integración por el que los inmigrantes deberán asumir "nuestro modelo de convivencia y nuestra escala de valores".

El conseller ha defendido este contrato de inmigración como "una fórmula" para facilitar "la integración" a los inmigrantes en la sociedad valenciana, de forma "respetuosa con la diversidad cultural, pero que conlleve derechos y obligaciones".

No en vano, ha afirmado que quien decida no suscribirlo "no va estar perjudicado en sus derechos como persona o ser humano, pero va a tener dificultades porque estará rechazando una integración que queremos poner a su servicios como instrumento de enriquecimiento, sin ninguna hostilidad".

Se ha preguntado "por qué una persona no querría saber que tenemos un idioma, una cultura y una historia propia, y no se trata de que las asuma, sino de que sencillamente las conozca porque es la base de la integración".

Una persona que hable castellano y valenciano, ha recalcado, "tiene muchas más posibilidades de integrarse en nuestro modelo que una que no quiera aprender ninguna de las dos lenguas", al igual que al igual que alguien que "sepa que tenemos unas tradiciones, cultura y un Parlamento propio".

Según Blasco, firmar este contrato "claro" que garantiza el compromiso de aprender, "porque explicita esa voluntad de aprender valenciano y castellano", y ha recordado que esta fórmula ya se aplica en algunos de los "países más avanzados del mundo", como Gran Bretaña, Suecia o Dinamarca.

Así, ha lamentado que aunque "la socialdemocracia lo ha puesto en marcha, ahora hay algunos socialdemócratas de pacotilla que se están sorprendiendo de que en los países más democráticos del mundo ya lo han implantado".

Preguntado por los beneficios de suscribir este compromiso, ha contestado que se facilitarán "instrumentos como darles cursos de formación en el idioma valenciano", y que, en definitiva, "es una formula de facilitarles la integración".

No obstante, ha aclarado que no se iniciará "ningún tipo de medida" contra los que no quieran suscribir ese contrato, ya que "los Derechos Humanos son irrenunciables para cualquier persona".

"No son discutibles y menos por un Gobierno del PP, que está dando un ejemplo destacado en esta comunidad respecto a la participación democrática e intervención en los asuntos públicos, como no sucede en muchas otras partes de España", ha aseverado.

Finalmente, ha insistido en que se trata de "un instrumento que colocamos al servicio de las personas para que encuentren el apoyo de la Administración" de forma que su integración resulte "mucho más natural, rápida y de una forma más inteligente".