Cosas que pasan en la Comunitat

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Ché, de traca.

La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, convocó ayer por sorpresa para hoy mismo a la Mesa y la Junta de Portavoces con la intención, según aseguraron fuentes parlamentarias, de aprobar un pleno antes del ordinario previsto para el 9 de abril en el que se designe al ex alcalde de Burriana Alfonso Ferrada como senador territorial de la Comunitat.

J. G. G., Valencia
De este modo, el PP, que anuló el pleno de esta semana (el miércoles y jueves) con argumentos como que era "difícil transitar" en Valencia por Fallas o que los funcionarios tenían jornada reducida, impondrá ahora la celebración de uno por Ferrada al percatarse de que, de dejarlo para el 9 de abril, éste no llegaría a tiempo a la constitución del Senado, el 1 de abril.
Tampoco cuentan ya, a lo que parece, los problemas de acceso a las Corts, ya que la Mesa y la Junta se reunirán hoy sin problemas. También lo hará la comisión del Estatuto del Diputado. Los diferentes órganos tramitarán las renuncias de la senadora territorial por Castelló Andrea Fabra -que concurría para el Congreso- y de su suplente, José Antonio Redorat. La carambola es necesaria para que quede libre la plaza y así recolocar a Ferrada en el Senado. La fecha manejada por los populares es el 25 de marzo, primer día posible tras las fiestas, y sólo para elegir al popular, sin que se trate ningún asunto más ni haya control al Consell de Camps. O sea, quince minutos y a casa. De este modo, hasta el 9 de abril las Corts habrán celebrado un único pleno de trabajo en 5 meses.
El ex alcalde de Burriana está imputado por un juzgado de Vila-real por varios delitos tras aprobar un polémico proyecto urbanístico. Los socialistas denuncian que lo que se pretende con el pleno es aforar de inmediato a Alfonso Ferrada ante la posibilidad de que el juez tome alguna decisión. El aforamiento paralizaría el caso, que se trasladaría al Supremo. Ferrada acudió personalmente el miércoles a las Corts a interesarse por su elección.
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008031400_19_419640__Comunitat-Valenciana-pretende-ahora-convocar-pleno-para-elegir-senador-Ferrada-tratar-nada
 

Germain

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Fabra nombra asesor a un candidato que no salió elegido

Y van 35...

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha nombrado asesor a Carlos Murria, senador por Castellón la pasada legislatura. Las inclusiones de Juan Costa, que no entró en la lista de Madrid, y de Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación, relegaron a Murria hasta el puesto número 4 de la lista del PP de Castellón, tras el zaplanista Miguel Barrachina, que se ganó la confianza de Mariano Rajoy hasta ser incluido en un puesto de salida. El PP barajó que Costa optara a un cargo o que, como en anteriores ocasiones, dejara su puesto en el Congreso. Sin embargo, parece que los tres diputados electos permanecerán en el escaño, por lo que Fabra ha buscado una salida a Murria.

Según el Boletín Oficial de la Provincia, el ex senador cobrará 45.000 euros al año y pasará a formar parte del elenco de 35 asesores y cargos eventuales de la Diputación de Castellón, que suponen un coste anual de más de 1 millón de euros. El portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, ha vuelto a exigir a Fabra que sus asesores realicen "un balance público de su gestión".
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Germain

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HIJOS DE PUTA TODOS!!!

El ministerio da vía libre al encarecimiento de VPO pactado entre el Consell y los promotores

Entre ellas, como ha informado Levante-EMV, se encuentra la Comunitat Valenciana tras el pacto alcanzado entre los promotores y el Consell para estimular la construcción de viviendas baratas que lo serán un poco menos, tras publicarse la orden ministerial de las nuevas áreas en las que se aplicarán los precios máximos de VPO.
La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, Mª Jesús Rodríguez, aseguró ayer que "el Ministerio de Vivienda ha recogido la propuesta del Consell sobre la distribución de los municipios de la Comunitat en los ámbitos territoriales de precio máximo superior lo que nos permitirá ahora concretar definitivamente en el nuevo Decreto de Vivienda que estamos preparando los coeficientes de precios que aplicaremos a cada grupo. El Consell El Gobierno Valenciano trabaja en este Decreto con el único objetivo de potenciar la construcción de este tipo de viviendas en las localidades donde menos interés suscitaba su promoción bebido a su bajo precio", explicó Rodríguez en un comunicado.
La Generalitat espera que "con esta medida se espera que los promotores impulsen promociones protegidas en todos los municipios de la Comunitat Valenciana, porque las familias de todas las localidades deben tener una oferta amplia y eficaz de este tipo de viviendas". Además, el aumento del precio se hará "por debajo de los máximos que permite el Ministerio de Vivienda con el objeto de permitir al máximo número de viviendas posible el acceso a las ayudas recogidas por el Plan, beneficiar a más familias y no hacer crecer desmesuradamente el precio del metro cuadrado de la vivienda en nuestra Comunitat Valenciana", según aseguran desde la conselleria que no ofreció ningún dato sobre los nuevos precios.
Por el contrario, CC OO denunció recientemente que el precio máximo de VPO de régimen especial se iba a incrementar un entre un y un 15% "de modo que una vivienda protegida de régimen general en la ciudad de Valencia, que en 2006 costaba un máximo de 164.000 euros, si se aprueba el decreto podría pasar a valer 202.000 euros". Según informaron ayer fuentes de la Conselleria de Vivienda los nuevos precios no se aplicarán hasta que no se apruebe el nuevo plan, que podría demorarse a finales de 2008.
Retraso en las ayudas
Por último, la portavoz de Vivienda del grupo parlamentario socialista en las Corts, María José Salvador, criticó ayer que el Consell haya retrasado cuatro meses la publicación en el DOCV del convenio de Renta Básica de Emancipación firmado con el Gobierno de España. A este respecto, la portavoz socialista lamentó la "falta de transparencia y de responsabilidad del Consell con muchos ciudadanos de la Comunitat con dificultades para acceder a una vivienda digna" ya que no ha puesto en marcha las 17 ventanillas únicas y es la comunidad que más documentos exige a los jóvenes.
 

Germain

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La Universitat deja de pagar a sus proveedores por falta de fondos

Pero el Levante Feliz va de puta madre. Y más ahora que el Valencia ha ganado la copa. A tope tío! Juja!

El agujero financiero de la Universitat de València, a la que la Generalitat adeuda 134 millones de euros sólo del ejercicio 2007, ha obligado a la institución a aplazar todos los pagos a sus proveedores. Las grandes facturas (aquellas que superan los 30.000 euros) serán liquidadas ocho meses después de ser recibidas, en vez de dentro del plazo de dos meses establecido hasta ahora. "Para paliar la situación de los proveedores" al ver retrasados los cobros, señala una comunicación interna de la universidad fechada el viernes pasado, la institución recurrirá a una figura financiera llamada confirming, por el que los bancos adelantarán el dinero a los proveedores a cambio de comisiones.

La medida de emergencia se aplica en un escenario de crisis financiera del sistema universitario público valenciano, al que la Generalitat debe, en conjunto, más de 400 millones de euros. Y en un contexto de negociación entre los cinco campus y el Gobierno valenciano para saldar esa deuda y fijar las bases del régimen de financiación del futuro.

La institución negó ayer que el retraso de los pagos sea una estrategia de presión. "La decisión responde claramente a un problema de falta de tesorería", afirmó el vicerrector Enrique Binyé.Hace un par de meses, un dirigente universitario advertía de que desde hacía mucho tiempo las universidades no exhibían su verdadera capacidad de presionar a la Administración autonómica. Si las negociaciones para solucionar el caos al que les ha llevado la ingente deuda de la Generalitat no fructificaban, proseguía, el primer paso consistiría en dejar de pagar a los proveedores. El segundo sería dejar de pagar las nóminas. El tercero, consecuencia del anterior, echar el cierre a las facultades, lo que supondría enviar a sus casas a 130.000 alumnos.

La Universitat de València insistió en desmarcar la decisión de aplazar los pagos a los proveedores del inicio de esa cuenta atrás. Binyé, vicerrector de Comunicación, la encuadró en lo que se lee en el encabezamiento de la nota interna remitida por la gerencia: "La Universitat en estos momentos está teniendo graves problemas de tesorería por no haber recibido de la Generalitat el importe pendiente de cobro de subvenciones de ejercicios anteriores, que asciende a 134 millones de euros".

En vez de a 60 días vista, las facturas inferiores o iguales a 30.000 euros pasaban a pagarse en un plazo de 120 días, y las superiores, dentro de los 240 días siguientes a la fecha de recepción. Los principales proveedores de la institución son las compañías eléctricas, las empresas de mantenimiento y limpieza, y las constructoras.

La Universitat aceptó, sin embargo, que su postura en las negociaciones que los campus públicos mantienen con las consejerías de Educación y de Economía para solucionar la enorme bola de nieve en la que se ha transformado la deuda es, probablemente, la que más alejada está respecto a la del Consell. La institución que dirige el rector Francisco Tomás, añadieron las mismas fuentes, es la que más gastos estructurales tiene debido al tamaño y a la antigüedad de la plantilla.

La Universitat ya ha asumido, como el resto, que lo que el Consell dejó de pagar en 2007 se incorporará a un gran paquete de deuda que los campus irán cobrando a lo largo de los próximos años. Lo que considera inaceptable es la pretensión del Gobierno valenciano de que a ese paquete se añada parte del dinero del presupuesto de 2008. Es decir, la Generalitat reconocería las obligaciones pero no llegaría a pagarlas.

"El problema no es la financiación", señala un miembro del equipo rectoral, "el problema es el pago de esa financiación". La oferta del Consell implicaría que la Universitat recibiría este año 50 millones de euros menos de lo que figura en sus presupuestos, y un compromiso de que esa cantidad se reintegraría en el futuro.

Puesto que la capacidad de endeudamiento de la Universitat ya roza el límite, aceptar esa propuesta significaría, "no ya hacer grandes obras, sino hacer una gran compra de ordenadores", afirma la misma fuente. "Podríamos pagar las nóminas, los gastos corrientes... y ni siquiera todos".
La Universitat deja de pagar a sus proveedores por falta de fondos
 

jake

Madmaxista
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nos vaaaaaaaamos a la mierda,pero ¿que importa? el valencia acaba d eganar la copa
 

Germain

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Menos mal que lo importante es el agua.

Educación quiere aplazar a 2023 lo que debe a las universidades

Educación quiere aplazar a 2023 lo que debe a las universidades

La Generalitat ha puesto negro sobre blanco lo que debe a las cinco universidades públicas: 717 millones de euros (120.000 millones de pesetas). Una cantidad formidable que resulta de sumar lo que dejó de entregar en 2007 (417 millones de euros); el convenio de inversiones suscrito por el presidente Camps en 2005 (150 millones), y el dinero correspondiente a este año que ya se ha declarado incapaz de reunir (140 millones). El Consell ha trasladado también su propuesta para liquidarlo: ir pagando en cómodos plazos... hasta 2023.

La actual situación financiera de las universidades va de grave a desesperada

Los rectores consideran la oferta inaceptable. Y creen que la estrategia de la Generalitat, a la que las deudas le llegan al cuello, consiste en forzar que sean las universidades las que se endeuden. Pedir cada año una póliza de tesorería para sobrevivir al ejercicio dejará sin margen de maniobra al sistema académico valenciano, avisan. "Con esa propuesta es imposible que podamos funcionar", afirma un dirigente universitario.

La situación financiera de las universidades, desde Castellón a Elche, ha ido degenerando en los últimos meses. A estas horas, se mueve entre grave y desesperada. Los impagos hacia el final de cada ejercicio se hicieron habituales hace años. Pero nunca habían empezado tan pronto como en 2007 (cuando las facultades dejaron de recibir dinero en agosto), y siempre se les había reintegrado en enero del año siguiente. No hay más que echar un vistazo al calendario (segunda quincena de abril) y observar la parsimonia del Consell para deducir su táctica negociadora: cuanto más crítica sea la situación de las facultades, mejor.

La Universitat de València ha tenido que aplazar a ocho meses los pagos a sus proveedores por falta de tesorería. Pero todos los rectorados están buscando dinero debajo de las piedras. Y desviando, por ejemplo, fondos de investigación europeos, estatales y autonómicos (que son finalistas, es decir, que sólo se pueden dedicar a los proyectos para los que fueron concedidos, con la obligación de acreditarlo una vez finalizados) a pagar nóminas y recibos de la luz. Las cuentas de la Universitat se hallan, sin embargo, en una situación más delicada, entre otras cosas, porque a finales de 2007, después de retrasarlas más de un lustro, empezó las obras de la nueva escuela de Magisterio en el campus de Tarongers.

La diputada socialista Ana Noguera declaró ayer que la "asfixia económica a las universidades públicas pone en riesgo la calidad de nuestro sistema educativo y el conocimiento de nuestros jóvenes".

Las universidades aguardan la propuesta formal del Consell para reunirse y diseñar su contraoferta. Contendrá, probablemente, tres condiciones: que el compromiso sea ratificado por un acuerdo del Consell ("ya firmamos dos convenios que no han servido para nada"); que los presupuestos de la Generalitat recojan la cantidad pactada con las universidades (y no mucho menos, como viene sucediendo), y la garantía de que el volumen de gasto se mantendrá en el futuro, ya que los rectores temen que Educación trate de rebajar sus fondos a partir de 2009.
Una losa sobre el sistema académico valenciano

- Empaquetar la deuda. La Generalitat ha propuesto a las cinco universidades reunir toda la deuda en un gran paquete que irá pagando a lo largo de los 15 próximos años

- El agujero financiero. La suma total se eleva a 717 millones de euros. De los cuales 417 millones corresponden solo a los impagos de la financiación ordinaria del año pasado; 150 millones, al convenio para edificios docentes y científicos que Camps firmó en octubre de 2005 y que siguen sin ser entregados, y 140 millones a lo que ya sabe que no podrá pagar del presente ejercicio.

- Parar las obras. Los rectores consideran la propuesta inaceptable, porque les dejaría sin margen de maniobra y obligaría a frenar muchos de los proyectos que ya están en marcha. Como por ejemplo la nueva escuela de Magisterio que la Universitat de València está levantando en el campus de Tarongers.

- El futuro, en riesgo. "La asfixia económica pone en riesgo la calidad del sistema y el conocimiento de nuestros jóvenes", denuncia la diputada socialista Ana Noguera.
 

Germain

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Tanta mierda con la sequía y tienen que vaciar pantanos para que no desborden. Entre unos y otros, la casa por barrer.

Los pantanos de Castellón vacían el exceso de agua

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, desveló ayer que los embalses de Castellón ha tenido que ser abiertos para desaguar ante el peligro de que se desbordaran. Según manifestó ayer en la Cadena SER, el desembalse se produjo durante la semana pasada y después de calibrar la posibilidad de que el exceso de agua causara algún problema. "Había riesgo de accidente", señaló la ministra.

Esta misma semana, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dio a conocer el nivel de las reservas de los embalses de Castellón que "garantizan el suministro de agua tanto para el abastecimiento como para la agricultura" hasta el final del presente año hidrológico, que acaba en octubre de 2008. La media alcanzada en estas fechas es superior a la de años anteriores. Fuentes del ministerio que dirige Espinosa señalaron además que el mayor sistema de la provincia de Castellón, el del Mijares, se encontraba con los embalses técnicamente llenos.

Elena Espinosa habló ayer de las necesidades hídricas y reconoció que las circunstancias actuales no son las mismas que cuando las comunidades autónomas hicieron sus previsiones de demanda de agua, debido al incremento de población, el cambio climático o los planes de ordenación del territorio. "Ahí tendremos que trabajar", comentó. La ministra se mostró a favor de realizar una revisión de las infraestructuras hídricas existentes y de reajustar las previsiones de demanda pero "sin reabrir el trasvase del Ebro", algo que ya dejó "muy claro" a los consejeros de las comunidades autónomas en la reunión que mantuvo con ellos el sábado.
 

Germain

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Viva el Levante Feliz!

Estamos en manos de artistas falleros de la contabilidad. Menudo modelo de gestión quieren exportar. Pero, que siga la fiesta.

Solbes pone freno a la alegría presupuestaria de Camps

La Generalitat Valenciana liquidó las cuentas de 2006 con un astronómico superávit de 821 millones de euros y las de 2007 con otro de 338 millones. Pero técnicos de la consejería y del Ministerio de Hacienda llevan diez meses intentando acordar el volumen de la deuda que podría haber emitido el Instituto Valenciano de Finanzas el año pasado. La clave del litigio reside en el desfase de la deuda emitida por el Instituto Valenciano de Finanzas a lo largo de 2006, que según el equipo de Pedro Solbes duplica los 302 millones de euros que la Generalitat asumió como tope con el Gobierno y todos los consejeros de Hacienda en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El Consell sólo podía endeudarse si los fondos iban a inversiones
"¿Si cierran el presupuesto de 2007 con un superávit de 338 millones de euros, para qué piden que se les autorice a emitir deuda?", se pregunta una portavoz oficial del ministerio. La liquidación del presupuesto de 2007 recoge una variación cero de los pasivos financieros. Formalmente, la Generalitat no emitió deuda a lo largo de 2007. No puede, no está autorizada.

El Consell que preside Francisco Camps está obligado a difundir cada mes el estado de tesorería. El pasado diciembre publicó el estado de tesorería a 30 de noviembre y tampoco apuntó ingresos por emisión de deuda, pasivos financieros. Desde entonces, no ha vuelto a publicar ningún estadillo.

Ante la imposibilidad de trasladar a deudas a largo plazo los problemas de caja, una práctica que introdujo José Luis Olivas, primer consejero de Hacienda de Eduardo Zaplana en 1996, "la tesorería sufre unas tensiones terribles", confiesa un alto cargo de la Consejería de Hacienda. La tesorería a 30 de noviembre refleja, en efecto, que la mitad de los fondos que Hacienda había movido correspondían a operaciones extrapresupuestarias, un capítulo en el que caben anticipos, fianzas, depósitos temporales de fondos europeos o, sobre todo, deudas a corto plazo. Y la pelota no deja de crecer.

El origen del problema reside en la obligación que adquirió la Generalitat de someterse a un plan de saneamiento presupuestario ante el Gobierno y el resto de comunidades autónomas cuando la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reveló que el supuesto superávit de cuatro millones de euros que el Consell aprobó al liquidar sus cuentas de 2003 escondía en realidad un déficit de 700 millones de euros.

Cuando la demagógica consigna del déficit cero que impusieron los gobiernos de José María Aznar saltó por los aires en territorio valenciano, la Generalitat asumió un plan de equilibrio que afectaría a sus cuentas entre 2005 y 2007. El Consell solo podría endeudarse si justificaba que los fondos se destinarían a inversiones. Para el año 2006, el límite de aumento de la deuda acordado en el CPFF era de 302 millones de euros. Pero al cierre de 2006, la deuda pública de la Generalitat sumaba 10.931 millones de euros, 700 millones más que un año antes, según datos del Banco de España. Cada valenciano debía 2.264, mientras que la media de deuda por habitante del resto de las comunidades autónomas era de 1.343. En Navarra y el País Vasco, con régimen foral, la media de la deuda por habitante era de 577 euros.

El incumplimiento del plan de endeudamiento en 2006 es una de las claves que esgrimen los técnicos del Ministerio de Hacienda para rechazar las expectativas de aumento de la deuda el año pasado. Y a lo largo de todo 2007, la Generalitat no ha hecho otra cosa que marear la perdiz. Mandó el primer plan de inversiones en junio, con tres meses de retraso. Ante la contrapropuesta de los técnicos de Solbes, la Generalitat guardó silencio. Pero a mediados de noviembre remitió otro plan de inversiones que modificaba los criterios aplicados en la primera propuesta para intentar salvar la cara.Un alto cargo de la Consejería de Hacienda defiende que "cuando se pactó el plan de estabilidad presupuestaria se aplicaban las normas contables que la Unión Europea aprobó en 1995 y, a medio partido, el ministerio cambia las normas y empieza a aplicar las nuevas normas contables que la Unión Europea aprobó en 2000". Según la misma fuente, de acuerdo a las normas de 1995 se estimaba la deuda de determinadas empresas y entidades públicas y desde que se aplican las normas de 2000, se estiman otras, así, el desfase entre la propuesta de deuda para 2007 que plantea la Generalitat y la que ofrece el ministerio "es de unos cien millones de euros".

El cargo autonómico pone en cuestión los criterios que utiliza la Intervención General de la Administración del Estado para estimar las obligaciones de gasto que contrae la Generalitat: "Computan el coste de un colegio cuando se saca a licitación, pero sólo deberían considerarlo en el momento de pagarlo, dos años después".

El ministerio, según una fuente próxima a la negociación, sostiene que los planes de saneamiento se pactaron en su día; que los planes de endeudamiento anual son otra cosa, prácticamente una vía de alivio; recuerda que la primera propuesta de plan de inversiones para 2007 que remitió la Generalitat en junio sí se ajustaba a la norma común y, finalmente, que la norma es la misma para todas las comunidades autónomas.

También alude a los escritos remitidos desde la Generalitat en los que se denuncia un "trato desleal y discriminatorio", una fórmula acorde con el victimismo que predica Francisco Camps. Pero ofrece otro argumento que desarma cualquier demagogia contable. Si sólo se considerara la deuda de las entidades públicas que se computaron cuando se pactó el plan de saneamiento financiero, "todos los entes de su sector de administración pública distintos de los que figurasen en el plan de saneamiento aprobado dejarían de tener, sobrevenidamente, reglas de endeudamiento aplicables, por lo que podría endeudarse cuanto y como quisiera". El comentario del técnico ilustra las razones que explicarían la proliferación de fundaciones públicas o conciertos con entidades privadas que ha impulsado la Generalitat los últimos años.

De hecho, una de las claves de la disputa que intenta mantener viva la Generalitat es el calibre de "los préstamos imputados por los contratos de asociación público-privada"

Una portavoz oficial del Ministerio evita cifrar el volumen del desfase de la deuda valenciana en 2006 o el calibre del desacuerdo entre el CPFF y la Generalitat en torno a las emisiones de deuda de 2007. Pero afirma rotunda: "Lo que sí puedo asegurar es que la Intervención General aplica los mismos criterios a todas las administraciones".

Con permiso o sin permiso, la deuda pública de la Generalitat Valenciana a finales de 2007 era de 11.550 millones de euros según datos del Banco de España, 620 millones de euros más que el año anterior.


La deuda desborda todas las cautelas
- La Generalitat fue autorizada por el Gobierno y el resto de comunidades autónomas a plantear un plan de inversiones de 300 millones de euros para 2006 que se financiarían a través de deuda.

- La deuda pública de la Generalitat a lo largo de 2006 creció por encima de los 600 millones de euros.

- El Gobierno rechaza autorizar a la Generalitat nuevas deudas en 2007 ante el incumplimiento del acuerdo para el año anterior.

- La Generalitat liquida el presupuesto de 2007 con un superávit formal de 338 millones de euros.

- La liquidación y los avances de tesorería de la Generalitat mantienen que la deuda pública no se ha movido en 2007.

- El Banco de España estima que la deuda pública de la Generalitat crece en 620 millones de euros en 2007.
 

Germain

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Ah, no, que deben más dinero

CHACHI GUAY!

Educación eleva la deuda universitaria a 891 millones
Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, elevó ayer a 891 millones de euros la enorme deuda que la Generalitat acumulará con las cinco universidades públicas a finales de año, que piensa empaquetar e ir devolviendo a plazos hasta el año 2022.

Font de Mora se refirió a la deuda tras narrar el viaje a California que realizó el fin de semana con el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, para encargar al arquitecto estadounidense Frank Gehry la construcción de la sede de la Universidad Internacional Valenciana, conocida por sus siglas en inglés VIU, y que terminó sin ningún acuerdo concreto. Los políticos valencianos aseguraron no haber hablado con Gehry ni del presupuesto que tendrá la obra ni de las características que deberá tener.

Aún así, Fabra se mostró confiado: "Ahora, lo único que hay es la seguridad de que hará el proyecto". Según el alcalde, el primer encuentro con Gehry fue un acto formal para encomendarle el trabajo. Font de Mora declaró en Valencia que el objetivo del viaje no era otro que "sellar un compromiso personal" con el arquitecto.

El coste real del proyecto solo se abordará cuando los técnicos de la consejería y del despacho de arquitectos de Gehry se reúnan para tratar sobre los detalles. "Será entonces cuando empezarán a hablar de cómo será el edificio y, consecuentemente, de cuánto dinero puede costar", indicó el alcalde, que ya ha cedido el solar en el que se construirá la sede de la VIU. "Cuando tengamos una cifra se informará con total transparencia", añadió el consejero.

Font de Mora afirmó a renglón seguido que cuatro de las cinco universidades públicas valencianas están dispuestas a asumir con algunos retoques la propuesta de la Generalitat para dilatar hasta 2022 el pago de 891 millones de euros que les adeuda la Generalitat. El consejero afirmó que los costes de la nueva sede de la VIU no afectarán a la financiación ordinaria de las universidades públicas porque, según dijo, "es un proyecto que va a sumar al presupuesto de Educación".

Su esfuerzo por desvincular ambas cosas fue baldío. Ángel Luna, portavoz socialista, sentenció: "La fiesta de la sede de la VIU la pagan las universidades públicas hipotecándose hasta 2022 para pagar su gasto corriente porque el Consell no tiene dinero". Luna preguntará al presidente Camps el jueves ante el pleno de las Cortes "cómo es posible no haya dinero para financiar las universidades pero sí para viajar hasta Santa Mónica para buscar a uno de los arquitectos más caros del mundo y contratarle para construir la sede de una universidad privada".
 

Germain

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Semos la polla.

La C. Valenciana pierde el equivalente a dos trasvases en aguas depuradas y fugas de la red

El Consell de Camps ha convertido en mandamiento la tesis de que no tiene sentido echar al mar el agua dulce del Ebro para tener que volverla a recoger salada con el fin de desalinizarla. Ahora bien, una cosa es predicar y otra dar trigo.

Juanjo García Gómez, Valencia
La portavoz de Compromís pel País Valencià en las Corts, Mònica Oltra, ofreció ayer en rueda de prensa datos demoledores, la víspera del pleno monográfico impuesto por el PP con el fin de debatir la comunicación de la Generalitat tras la conexión hídrica para llevar 40 hectómetros de sobrantes del Ebro a Barcelona: La Comunitat realiza un importante esfuerzo al recoger 1,93 hectómetros de aguas residuales al día, 705,97 al año, de los que 693,27 (1,89) son tratadas; sin embargo, la casi totalidad, 534,68 hectómetros (1,46 al día), se echa al mar sin darle ningún uso, frente a sólo 158,59 (0,43) que es reutilizada.
Según los datos del INE y del IVE correspondientes a 2005, la valenciana es la autonomía que más agua pierde, fundamentalmente por el mal estado de las cañerías de la red. Nada menos que el 31,99%, casi un tercio, del total de agua controlada y distribuida para abastecimiento (393 hectómetros) se escapa por las conducciones. En concreto, son 125,7 hectómetros anuales. Esta cifra, unida a los 534,68 de agua residual tratada que no se reutiliza y que, como recalcó Oltra, podría usarse para "regar jardines y zonas verdes o para el baldeo de calles", suma 660,38 hectómetros. O, lo que es lo mismo, prácticamente dos veces el trasvase anual del Ebro que incluía el PHN del PP (350 hectómetros). La síndica de Compromís destacó que, incluso con un planteamiento prudente, el de calcular que podría aprovecharse un tercio del agua tratada que no se emplea o la que se pierde, se obtendrían al año 220 hectómetros, 40 más de los 180 del Ebro a los que alude del PP en una propuesta. Y ello, con la quinta parte del presupuesto del trasvase y "en mucho menos tiempo".
La portavoz presentó una iniciativa que intenta hacerle los deberes al Consell al elaborar un decreto ley con 36 medidas para el "aumento del agua disponible". Oltra insistió en que, en cifras absolutas, la valenciana es la segunda donde más se pierde en la red, sólo superada por Andalucía (182 hectómetros). En cambio, Murcia es la segunda que menos deja escapar (el 14%) y Cataluña, la octava (20,43%).
Entre las medidas, está la solicitud de sistemas ahorradores de agua para conceder licencias de obra, medidas para controlar los campos de golf, restricciones en el vaciado de piscinas; instalación de dispositivos en las fuentes de las ciudades; un "teléfono del agua" al que podrán dirigirse particulares e instituciones para consultar dudas o denunciar infracciones; una modificación del canon que penalice consumos excesivos; o la creación de un Foro del Agua. Mònica Oltra instó al PP a dejar de usar el tema para sacar "rédito electoral" pero también dijo que el Ejecutivo central "no puede convertir la política hídrica en un pago a comunidades autónomas más afines".