Cosas que pasan en la Comunitat

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Germain

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Esta es la comunidad de los milagros.


Los regantes de Villena que exigen trasvases venderán 700 millones de litros para embotellar
La Comunidad General de Regantes de Villena aprobó ayer en asamblea extraordinaria la cesión a la multinacional francesa Danone de un caudal de 0,2 hm3 -ampliable a 0,7 hm3- con el que la empresa gala pondrá en marcha una planta embotelladora de agua mineral de la marca Font Vella.

Levante-EMV, Alicante/Valencia
Tras dos años de conversaciones y después de que los biólogos certificaran la excelente calidad de las aguas de los pozos propiedad de los regantes villeneros, ayer se dio el paso definitivo que quedaba para oficializar la operación. Danone prevé embotellar 200 millones de litros al año, aunque en fases sucesivas podrá llegar hasta los 700 millones de litros.
Los regantes de Villena han sido, junto otras comunidades como la Junta de Usuarios del Vinalopó, los principales arietes reivindicativos en la activa defensa tanto del trasvase Júcar-Vinalopó como el del Ebro. Reclaman agua para que los acuíferos del sur de Alicante puedan seguir abastececiendo al regadio y a una veintena de ciudades con agua de calidad. A partir de ahora también suministrarán agua a Danone.
La apertura de la planta no significará un aumento de las extracciones de agua del acuífero -la Comunidad General de Regantes tiene concedidos 15,5 hm3 al año- debido a que los agricultores han decidido dejar sin producción doscientas de las cuatro mil cuatrocientas hectáreas de regadío, con lo cual se produce un ahorro de hasta 0,7 hm3 que son los que se podrán ceder a la multinacional. Como compensación, los regantes recibirán 240.000 euros al año, a razón de 1,2 euros por metro cúbico.
Danone construirá la planta en unos terrenos cercanos al casco urbano, cerca de donde se localizan los pozos y, entre otras actuaciones, se ha comprometido a construir nuevos pozos para los regantes. Directivos de la multinacional presentaron el pasado martes el proyecto en el Ayuntamiento de Villena que también saldrá beneficiado de la operación al recibir unos 150.000 euros al año, al margen de los ingresos por impuestos, licencias de obra y trámites administrativos vinculados con la construcción de la planta que, según fuentes conocedoras del proceso, será una realidad en tres años, en 2011.
La embotelladora de agua mineral de Font Vella supondrá la creación de cien nuevos empleos, lo que colocará a Danone como una de las principales empresas del municipio tras Agrícola de Villena, Atenea, Cristalería Soler, Horfres y el propio ayuntamiento.
Infraestructuras ferroviarias y logísticas
La ubicación de la planta -47.000 metros cuadrados- se ha elegido en función de las infraestructuras ferroviarias, ya que la multinacional prevé transportar en tren el agua mineral que salga de Villena, bien en convoyes de mercancías, bien en camiones aprovechando que la localidad acogerá uno de los dos centros logísticos previstos por el Consell en el plan estratégico de la provincia. Las previsiones de la compañía se han realizado en un horizonte de 90 años en las que Danone prevé que puedan embotellarse hasta 700 millones de litros agua mineral al año. La multinacional posee también las marcas Lanjarón, Volvic y Evian, entre otras, además del célebre yogur que comenzó a fabricar en 1919.
La apertura en Villena de la planta embotelladora de agua mineral de Font Vella -líder del mercado nacional con una cota cercana al 20% de entre 230 marcas- que pertenece a Danone desde 1972, supondrá, además de las repercusiones económicas, un hito histórico para el municipio. Villena lleva "trasvasando" agua de sus acuíferos al área metropolitana de Alicante desde 1898 y nunca ha recibido ningún tipo de compensación económica, por lo que las cantidades pactadas por regantes y Ayuntamiento supone, según apuntaba ayer Antonio Rico, catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, "un reconocimiento a la solidaridad que ha tenido siempre Villena con la provincia de Alicante sin recibir nada a cambio". Los análisis de los técnicos de Danone, revelan que el agua subterránea es de mejor calidad que la superficial al estar menos expuesta a agentes externos.
 

Germain

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El acuífero de Villena que venderá agua para embotellar está legalmente sobreexplotado

J. S., Valencia
El acuífero de Villena que la Comunidad General de Regantes de Villena quiere vender a la multinacional Danone tiene una declaración oficial como acuífero "sobreexplotado", lo que según fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar podría "complicar" la tramitación del proceso que requiere el cambio de uso o de titularidad del pozo elegido para embotellar agua mineral.
Según han repetido hasta la saciedad los propios regantes dirigidos por Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, los pozos de esta comarca "no pueden esperar más" y en algunos el agua se extrae ya a 400 metros de profundidad debido a la sobreexplotación.
La Ley de Aguas establece múltiples controles y trámites para la autorización de nuevas concesiones y para los cambios de uso, titularidad o cesión en las mismas y que se multiplican en el caso de que el acuífero, como ocurre en Villena, tenga la declaración de sobreexplotado provisionalmente.
Según ha podido saber este periódico, la CHJ ya ha transmitido a los técnicos de Danone que si están interesados en iniciar este proceso administrativo presenten la documentación cuanto antes debido a que la tramitación podría prolongarse "dos o tres años", según las fuentes.
Entre los controles previstos por la ley figura, además, el de exposición pública y audiencia a todos los usuarios, un trámite que podría complicar los objetivos de la Comunidad de Regantes y del Ayuntamiento de Villena de vender las aguas del acuífero. De hecho, cualquier otro ayuntamiento o incluso una promotora urbanística podría personarse en el expediente y reclamar para sí el supuesto excedente que se generará-dicen los regantes- por la modernización del regadío que está financiando la empresa estatal Seiasa. La ley considera el embotellado de agua mineral una actividad "industrial" que está por debajo de la prioridad que tiene el suministro a la población.
Denuncia socialista
La diputada socialista en el Congreso de los Diputados y responsable de Medio Ambiente en la Comisión Gestora del PSPV-PSOE, Juana Serna, exigió ayer al PP que explique "por qué los regantes de Villena venden 700 millones de litros a una multinacional mientras organizan montajes mediáticos para exigir el trasvase del Ebro", según informaron en un comunicado fuentes del partido.
En este sentido, criticó que la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, participara en Orihuela en la concentración de alcaldes del PP que reclamaban el trasvase del Ebro "mientras los regantes firmaban un contrato millonario con una sociedad internacional", un hecho que "demuestra que el agua ya ha llegado y que los socialistas hemos solucionado el problema del agua en nuestra autonomía".Para Serna, "es una desvergüenza que el PP esté reclamando agua, y trasvases cuando los regantes de Villena la venden a precio de gasolina".
 

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Rambla mareando la perdiz...

Rambla dice que se vende agua en Villena por el 'estrangulamiento hídrico de la Comunidad'

VALENCIA.- El portavoz del Consell, Vicente Rambla, ha afirmado este viernes que la venta de agua de los regantes de Villena al Grupo Danone es consecuencia "de la política de estrangulamiento que en materia de agua sufre la Comunidad", aunque ha dicho que la Generalitat no ha recibido "comunicación formal" sobre ese asunto.

Rambla se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo valenciano, al ser preguntado por el acuerdo alcanzado por la Comunidad de Regantes de Villena para vender 0,2 hectómetros cúbicos de agua procedentes de acuíferos a la citada multinacional.

Ha señalado que el agua no llega a la Comunidad y los campos valencianos debe reducir las hectáreas en producción y de regadío, lo que, en su opinión, provoca que se planteen decisiones como esta, "que con una actividad productiva del campo normal y con agua suficiente no se hubieran planteado".

Rambla ha asegurado que si la Comunidad no tuviera el importante déficit hídrico que tiene, el campo valenciano desarrollaría su actividad "con las dificultades propias que la competitividad genera en todo el mundo", pero al menos, ha añadido, "la estaría desarrollando".

Sin embargo, ha destacado que la "desesperación de buena parte del campo" valenciano lleva a plantear situaciones como esta, que según ha explicado "tendrá que valorarse en su momento", no solo por parte de la Administración autonómica, sino también por la del Estado.

Rambla ha explicado que la venta de agua requiere de una serie de trámites formales y a fecha de hoy, ha indicado, no hay formal comunicación a la Generalitat, que debe informar en algún ámbito, por lo que cuando llegue el momento, esta se pronunciará.

El portavoz del Consell ha mostrado su voluntad de que la situación del campo valenciano pueda volver a la normalidad, lo que, a su juicio, supone "tener agua para desarrollarse" y que no disminuyan las hectáreas productivas.
 

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Ya se van sabiendo cositas...

Un ex alcalde del PP y dos promotores de Cullera comparten con Martínez la propiedad de la parcela

J. Sierra, Valencia
Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó es propietario de una parte de la parcela en la que Danone proyecta construir la planta de embotellado que utilizará 700.000 metros cúbicos anuales- setecientos mil millones de litros de agua- del acuífero del Vinalopó pese a que se encuentra oficialmente sobreexplotado.
Martínez, a través de la empresa Horfres, aparece junto a dos promotores urbanísticos de Cullera, un ex alcalde del PP en el municipio madrileño de Pelayos de la Presa y una quinta persona como copropietario de las dos parcelas que figuran en el proyecto que Danone ha presentado al Ayuntamiento de Villena.
No obstante, Martínez aseguró ayer que "ni la empresa familiar Horfres", en la que participa , ni el mismo, "han firmado ninguna venta de terrenos" con FontVella para ubicar la envasadora que la empresa instalará en Villena.
Pese a este desmentido, existe constancia en el Ayuntamiento de Villena de que Danone ha elegido las parcelas 269 y 305 del polígono 14 del catastro de Villena, situadas a considerable distancia de los pozos de la Comunidad de Regantes.
Según el catastro, ambas parcelas, en las que Danone pretende ocupar 80.000 metros cuadrados tras su recalificación urbanística, aparecen en manos de la empresa familiar de Martínez, Horfres, con un 20%; de José Morales Lamas, Carlos Hernández Ramos y los hermanos Salvador y Pedro Ribes Martí, de Cullera.
Los hermanos Ribes Martí, que acumulan el 40% de la propiedad, están detrás de la mayor parte de las grandes promociones urbanísticas que se han desarrollado en Cullera en los últimos diez años, incluyendo la urbanización de gran parte del Racó.
Junto a ellos aparece en la certificación catastral José Morales, con residencia en Madrid y Carlos Hernández Ramos, un ex alcalde del Partido Popular de la población madrileña de Pelayos de las Presa en Madrid. Carlos Hernández Ramos, fue finalmente expulsado de la alcaldía por una moción de censura de dos ediles de su propio partido que le acusaron de trasladar a la gestión municipal sus intereses urbanísticos.
Colaboración
Danone ya ha pedido la colaboración de Celia Lledó, la alcaldesa de Villena, que tendrá que promover la recalificación urbanística de los terrenos, que de rústicos deberán de pasar a industriales.
Además se espera del ayuntamiento que "amplie" el actual camino de Caudete desde la carretera de circunvalación hasta la planta de envasado para dar salida a 750 camiones al mes.
Pese a estas precisiones, que figuran en la documentación aportada al Ayuntamiento de Villena, un portavoz de Font Vella aseguró ayer a Efeagro, tras destaparse el asunto de la propiedad de los terrenos, que el proyecto está en una fase "tan incipiente que no tiene cerrado ni el terreno donde se asentará la planta, ni el número de trabajadores que empleará, ni la capacidad de la planta embotelladora".
 

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Más sobre estos defensores de la agricultura...

El líder pro trasvase proyecta 1.200 casas con golf en Villena
El presidente de los regantes de Villena y una de las figuras destacadas en la reclamación del trasvase del Ebro, Andrés Martínez, que ha autorizado la venta de agua de sus acuíferos a la empresa Danone para embotellarla, tramita desde el año 2004 la reclasificación de un millón de metros cuadrados para construir un campo de golf y 1.200 viviendas. Según fuentes municipales, el proyecto, que comparte con otros socios, fue aprobado por el Ayuntamiento en la anterior legislatura, tras varias modificaciones.

Ahora depende de que la Consejería de Territorio reclasifique el suelo agrícola a urbanizable. Los terrenos son mayoritariamente del tenista Juan Carlos Ferrero y una parte de la familia de Martínez. La promotora es Prosport Golf, una sociedad en la que un 50% pertenece a la empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, y el otro 50%, a Ferrero. El deportista, que ha participado en varios actos de reivindicación del trasvase del Ebro, tiene en las inmediaciones una escuela de tenis de élite. Pese a la falta de agua, los regantes de esta seca zona del interior de Alicante acordaron esta semana vender entre 0,2 y 0,7 hectómetros cúbicos de agua de sus pozos para embotellarla al precio de 1,2 euros el metro cúbico.

El acuerdo provocó ayer un alud de críticas y reacciones encontradas. El colectivo Xúquer Viu calificó de "ilegal" esta resolución, ya que las concesiones son para usos agrícolas y no industriales. En una nota de prensa, Xúquer Viu asegura que el presidente de los regantes de Villena, Andrés Martínez, es un "promotor urbanístico que ha servido más a los intereses personales y políticos que a defender la agricultura".

Los acuíferos de Villena tienen una "declaración provisional de sobreexplotación", aseguraron fuentes de la Confederación del Júcar. El colectivo Xúquer Viu cuestionó la vigencia del trasvase del Júcar al Vinalopó, que "teóricamente se autorizó para paliar un déficit hídrico en la agricultura de la comarca", y no para hacer negocio. La medida también ha creado fisuras y malestar entre los propios regantes de la zona. La Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó mostró su malestar por el proyecto de embotellar agua, ya que "echa por tierra" sus reivindicaciones.El presidente de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, Pedro Menor, dijo a Efe que la venta de agua es "totalmente inoportuna" y recordó que el cambio de usos del agua lo tiene que autorizar la Confederación y "no es tan sencillo".

El portavoz del Consell, Vicente Rambla, intentó salir ayer al paso del escándalo que supone que los regantes que han protagonizando tantas protestas en demanda de agua abandonen sus campos y la vendan para embotellar. Vicente Rambla achacó esta operación a "la política de estrangulamiento" en materia hídrica de sufre la Comunidad Valenciana. "Con agua suficiente no se hubiera planteado", dijo Rambla, que habló de la "desesperación del campo valenciano". Un argumento similar al esgrimido por Andrés Martínez, que tilda de "fórmula imaginativa" esta operación que permitirá a los regantes unos ingresos iniciales de 240.000 euros anuales.

Sobre las ocho hectáreas necesarias para instalar la planta embotelladora, Martínez reiteró ayer que "la operación no está cerrada". La empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, tiene el 20% de la propiedad al menos de dos de las parcelas en las que se estudia instalar la planta, según datos oficiales del catastro. Una es la parcela conocida como La Casa del Padre, catalogada como suelo rústico agrario, y con una superficie de 19,4 hectáreas, y la otra tiene 14 hectáreas. Ambas están participadas por los mismos titulares a partes iguales. Entre los socios que comparten la titularidad de estos terrenos figuran los hermanos Salvador y Pedro Ribes Martí, dos importantes empresarios de Cullera con numerosas empresas vinculadas al sector de la construcción y a promociones inmobiliarias. Según datos obtenidos del registro de la propiedad, la empresa Horfres, SL, tiene una participación total en cinco parcelas rústicas y Andrés Martínez posee además otras 17 parcelas a título individual.

La clasificación de estas parcelas en las que se podría ubicar la planta, según el planeamiento urbano de la localidad, es suelo de especial protección. Ello obligaría a que la Generalitat autorice su desprotección.
 

Germain

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Por pedir que no quede.

El mapa de la confrontación de Camps

El Consell de Camps está a punto de cumplir el primer año de su segunda legislatura. Durante este tiempo la gestión ha estado marcada por la confrontación con el Gobierno central que lidera José Luis Rodríguez Zapatero. Camps, su Gobierno y el PP afirman que la Generalitat reivindica pocas cosas (agua, infraestructuras, financiación y mayor seguridad ciudadana) pero con insistencia. Sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que son más de cuatro los motivos de enfrentamiento con el Gobierno socialista. A continuación se detallan los hitos más significativos del mapa de la reciente confrontación de Camps con Zapatero.

- Agua. Es la reivindicación estrella de Francisco Camps. La no inclusión del trasvase del Ebro en el programa electoral de Mariano Rajoy en las pasadas elecciones generales hizo que la reivindicación pasara a un segundo plano. La decisión del Gobierno de aprobar un trasvase de urgencia a Barcelona, con agua del Ebro, desde Tarragona, ha vuelto a colocar esta exigencia en el frontispicio del Palau de la Generalitat. El PP y el Consell han retomado las movilizaciones institucionales y cívicas para reclamar que se recupere el trasvase del Ebro derogado hace cuatro años. Tan solo en el último mes, Camps ha mantenido cuatro reuniones con sus homólogos murciano, Ramón Luis Valcárcel, y andaluz, Javier Arenas, además de recabar el apoyo de Mariano Rajoy, la madrileña Esperanza Aguirre y el catalán Daniel Sirera. La pretensión de los regantes de Villena de exigir agua, mientras venden la que tienen ha empañado la posición del PP en este frente.

- Justicia. Es el último frente abierto por el Consell. Un frente que dirige el consejero de Justicia, Fernando de Rosa, que achaca las deficiencias en la Administración de Justicia a la falta de jueces y de juzgados, competencia del Gobierno central. De Rosa niega que la falta de medios humanos y materiales, que son competencia del Consell, tenga nada que ver con el colapso de los juzgados. El PP tiene previsto presentar mociones e iniciativas parlamentarias para reclamar que la Generalitat asuma la competencia de decidir en qué orden y cuándo entran en funcionamiento los nuevos juzgados. De Rosa exige, además, una ley de Modernización de la Administración de Justicia. "No podemos luchar constantemente contra las zancadillas que nos pone el Gobierno para poner en marcha los juzgados", dice el consejero.

- Policías. La tasa de criminalidad no ha subido, pero la Generalitat mantiene su exigencia al Gobierno para que destine más agentes a la Comunidad Valenciana, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. La reivindicación se inició con la demanda de un millar de agentes más. La cifra ya ha aumentado hasta 3.000. El propio Camps reclama, además, que el Gobierno suba el sueldo a los agentes, hasta equiparar sus salarios a los de las policías autonómicas. El PP también exige más medios materiales para las fuerzas de seguridad e insta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a cumplir ya la promesa de rehabilitar el cuartel de Zapadores en Valencia.

- AVE. Con las obras del AVE Madrid-Comunidad Valenciana en ejecución, las quejas del jefe del Consell se centran ahora en el retraso de la puesta en marcha de esta infraestructura -el Gobierno ha conectado antes Barcelona, Málaga y Valladolid con Madrid- y en la exigencia de que se inicie ya la conexión Valencia-Castellón-Tarragona. Para Mario Flores, consejero de Infraestructuras, el Gobierno propone un AVE "de segunda" que no supere los 300 km/hora.

- Cercanías. Consell y PP exigen el traspaso de la red de Cercanías de Renfe, pero reclaman que el Gobierno invierta antes 2.500 millones de euros en los próximos 12 años para dejar las instalaciones en perfectas condiciones. Los socialistas valencianos critican que la Generalitat reclame esta competencia cuando, en su opinión, es incapaz de gestionar bien la red de metro.

- Metro. Camps, a través del consejero de Infraestructuras, reclama que Zapatero pague un tercio de las nuevas líneas de metro y tranvía, o de la prolongación de las ya existentes.

- Autopista. Aunque el Consell reclama del Gobierno central la duplicación de la N-332 y la N-340 y un buen número de rondas y variantes para evitar las travesías, la última exigencia de Camps a Zapatero ha sido una nueva autopista de peaje que una Madrid y Valencia y que discurra paralela a la actual A-3. Y ello, pese a que ya existe una nueva autopista Madrid-Levante, AP-36, gestionada por Cintra, que discurre paralela a la A-3 entre las localidades de Ocaña y La Roda y que se anuncia con el lema Escápate del gran atasco. Además, hay otras reclamaciones menores ante Fomento, como la ampliación en dos carriles de la V-30 y la construcción de tres puentes nuevos cuyo coste se estima en 256 millones de euros.

- Aeropuertos. Estas reivindicaciones ahora están en segundo plano, pero Camps reclama una nueva terminal en Manises, la segunda pista en L'Altet y la capacidad de cogestionar los aeropuertos como sucede ahora con los puertos de interés general.

- Somos cinco millones. Las tensiones presupuestarias de la Generalitat han convertido la exigencia de que el Gobierno transfiera más dinero en una prioridad. Como en las exigencias sobre el agua, Camps ha puesto en marcha la presión institucional y la social. Así, mientras el Consell presiona al Gobierno, el PP ha puesto en marcha la campaña Somos cinco millones -que imita la realizada por Jordi Pujol y CiU a finales de los ochenta en Cataluña con el lema Sóm sis milions-. El objetivo es que Zapatero revise ya la financiación autonómica en base a la población, lo que supondría según la Generalitat una transferencia extra de 500 millones anuales.

- Más capacidad de endeudamiento. Ante la situación de desaceleración económica y las tensiones presupuestarias existentes, el propio Camps reclama al Ministerio de Economía autorización para romper el límite de endeudamiento, pese a que la Comunidad Valenciana está a la cabeza de las autonomías con mayor deuda por habitante.

- Mayor inversión estatal. El consejero de Economía, Gerardo Camps, demanda que la inversión anual del Estado sea como mínimo la participación del PIB de la Comunidad Valenciana en el conjunto español.

- Educación para la Ciudadanía. Camps no pondrá trabas a los padres que decidan objetar y se nieguen a que se imparta esta asignatura a sus hijos. Dado que es decisión del Estado la inclusión de Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo, Camps hará uso de sus competencias y la impartirá en inglés. Una decisión que muchos interpretan como un boicot en toda regla a una asignatura rechazada por la Conferencia Episcopal.

- Contrato de integración para inmigrantes. Las críticas a la política de inmigración de Zapatero han sido continuas por parte de la Generalitat. La última vuelta de tuerca ha sido el anuncio de que el Consell pretende implantar una especie de contrato de integración para inmigrantes. La propuesta, calificada de xenófoba por asociaciones de inmigrantes, no puede tener efectos legales porque excedería las competencias autonómicas. El Consell reclama competencias estatales en inmigración, como la concesión de los "permisos laborales temporales o las reagrupaciones familiares".

- Ley de Dependencia. "El tema de la financiación tiene que ser equiparable al sistema de pensiones, para que todas las personas dependientes puedan ser igual tratadas, independientemente del lugar donde residan". Con esta argumentación, el Consell, que afirma que asume el 95% del coste, reclama que el Gobierno financie adecuadamente la atención a las personas dependientes.

- Sanidad. La Generalitat tiene un amplio rosario de quejas hacia Zapatero. El Consell exige mayor financiación estatal para la sanidad valenciana, que el Gobierno pague parte del nuevo hospital La Fe de Valencia y que sufrague un porcentaje de nuevas prestaciones como la vacuna contra el cáncer de útero.

- Conflicto constitucional. El Ejecutivo que preside Camps ha multiplicado el trabajo de los servicios jurídicos de la Generalitat. La pugna de mayor calado con el Gobierno tiene como transfondo la capacidad o no de la Generalitat para desarrollar el antiguo derecho foral o civil valenciano. El Gobierno tiene recurrida la primera de estas leyes, la del Régimen Económico y Matrimonial. Pero el Consell también ha recurrido las ayudas al alquiler joven del Gobierno y la regulación estatal de empresas de inserción social.
 

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A pesar de que nadie apuesta un duro por el parque todavía nos sigue costando un chorrón de euros. Y lo que costará.

Ninguna empresa tiene el menor interés en construir Mundo Ilusión

Diez años después de que se presentara el proyecto del parque temático Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes, el Consell no encuentra quien lo construya. Así lo reconoce el vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, en una respuesta parlamentaria al PSPV. "No ha existido ninguna oferta privada para su construcción y su posterior gestión", admite Camps en un escrito fechado en diciembre y publicado ayer.

El proyecto, según el vicepresidente, está pendiente de los resultados de un estudio de viabilidad cuyas conclusiones, como destaca el diputado socialista José Camarasa, siguen sin conocerse. Hace dos meses el Consell insistió en sacarlo adelante. Eso sí, a través de la iniciativa privada y sin que la Administración autonómica aporte nada más que los estudios que recopila desde hace diez años y el lastre de dos sueldos que anualmente suponen un gasto de más de 66.000 euros. Camarasa calcula que, de momento, Mundo Ilusión ha supuesto para las arcas públicas un gasto de 600.000 euros aunque la cantidad exacta no se ha podido determinar ya que el Consell ha aplazado otras respuestas sobre el coste de informes encargados a Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, al bufete de abogados Gómez-Acebo y Pombo, a la consultora norteamericana Baker Leisure Group y a otras firmas.

Nacido para compensar a Castellón de inversiones como la Ciudad de las Artes o Terra Mítica, Mundo Ilusión está supeditado a un macroplan urbanístico que ha de aprobar la propia Generalitat para que el grupo Marina d'Or ceda los 800.000 metros cuadrados donde ha de construirse."En su día hubo una toma de contacto para valorar la participación del Circo del Sol en el proyecto, pero no se ha derivado ninguna consecuencia de momento". Ésta es otra de las respuestas que el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, ha remitido al Grupo Socialista años después de que el impulsor del parque temático Mundo Ilusión, Carlos Fabra, asegurara la existencia de contactos para que esta compañía asumiera el proyecto. El mundo de la magia y el circo fue la temática escogida para este parque del que también se desconoce la inversión que precisará. "El coste estimado de la inversión dependerá del contenido de los estudios y documentos del plan de negocio", señala Gerardo Camps en otra respuesta.

Los estudios pendientes de entregar desvelarán, según Camps, "una estimación del nivel de visitantes previsto, así como la cifra óptima de inversión que asegure la viabilidad económica del proyecto", entre otras cosas, ya que, según la respuesta parlamentaria, "las obligaciones de Baker Leisure Group respecto del proyecto Mundo Ilusión consisten en la realización de un análisis de mercado y estudio de viabilidad que nos permitan conocer una estimación del nivel de visitantes previsto así como la cifra óptima de inversión y establecerá una serie de recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo concreto del plan de negocio".

Los primeros estudios sobre la viabilidad del proyecto se realizaron hace casi una década y sus conclusiones han quedado obsoletas. Aún así, y pese a la experiencia que el propio Consell ha tenido en Terra Mítica, con una suspensión de pagos de por medio, la Generalitat, con un coste de unos 30.000 euros, ha buscado a Baker Leisure Group. Como señaló ayer el diputado socialista José Camarasa, esa firma vaticinó más de 2,5 millones de visitantes para el parque de Benidorm cuando el año de mayor afluencia apenas se superaron los 1,2 millones. "Aún así, el Gobierno valenciano ha ido a encargar el estudio a la misma empresa", señaló.

En el último consejo de administración de la sociedad pública Mundo Ilusión, su presidente, Vicente Rambla, dejó claro que será la iniciativa privada la que habrá de hacerse cargo de la construcción y explotación del parque, aunque, en su respuesta por escrito, Gerardo Camps alega que la decisión sobre el modelo de gestión y financiación, "se ha de tomar tras analizar los resultados obtenidos con el estudio de viabilidad".
 

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Una de policias autonómicos lonchafinistas.

El helicóptero «Jaume I» sólo vuela 4 veces al mes por lo caro que resulta

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional, más conocida como policía autonómica, tiene un problema de medios tan grave que la Unión Federal de Policía, sindicato mayoritario en el cuerpo, se plantea convocar movilizaciones. Al parecer, las armas son de los años setenta, los chalecos antibalas están caducados, las sedes se caen a trozos y el helicóptero apenas sale de servicio porque es caro.

José Parrilla, Valencia
La Unión Federal de Policía (UFP) ha criticado la gestión de la policía autonómica de la Comunitat Valenciana y ha amenazado con iniciar movilizaciones "si no se dejan de anuncios faraónicos y atienden las necesidades". En concreto, denuncian la pretensión de construir siete subsedes y la presentación de un helicóptero, cuando las sedes que existen "se caen a trozos" y el helicóptero "está contratado con una empresa y apenas sale de servicio por el alto coste del mismo". Aseguran, además, que no disponen de transmisiones, que los vehículos están viejos y que los chalecos antibalas están caducados.
La Policía Autonómica o Unidad Adscrita de la Policía Nacional, tiene an la actualidad 370 agentes y entre sus competencias destaca la custodia de edificios y personalidades, asistencia a menores, mujer, medio ambiente, juego y espectáculos. Contraria a la creación de una policía autonómica de verdad, la Conselleria de Gobernación ha anunciado un plan para mejorar este servicio, consistente, básicamente, en la creación de siete subsedes, la asunción de nuevas competencias o la incorporación de material de última generación, como el helicóptero Jaume I. Y en ese mismo plan, piden al Ministerio del Interior que incremente la dotación de personal hasta los mil agentes.
Pues bien, la UFP, sindicato mayoritario en la unidad, cree que la Generalitat debería dejar de hacer propaganda y resolver los problemas que tiene en la actualidad. Respecto a las sedes, asegura que mientras las obras de Benicarló están muy avanzadas "la sede de Alicante está que se cae, con goteras, grietas y hacinamiento de los trabajadores". Así mismo, la sede de Valencia. que por fuera tiene buena apariencia, tiene graves dificultades de espacio hasta el punto de que en diez metros cuadrados tienen que trabajar diez funcionarios y el gimnasio vale también para las reuniones.
En cuanto a los medios, la Unión Federal asegura que "los vehículos que llegaron hace meses eran herencia de la anterior legislatura, los chalecos antibalas están caducados, poseen armas de los años setenta y sólo disponen de dos equipos de transmisiones", lo que demuestra, a su juicio, que "la conselleria nunca ha demostrado disposición hacia esta unidad".
 

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¿Estará Fabra preparando una puñalada?

Fabra: "Yo soy de Fabra y haré lo que crea que es mejor para la provincia y el partido"


Definitivamente, Carlos Fabra va por libre. Ayer, en su enésimo vaivén, el presidente del PP en Castelló volvió a salirse del guión dictado por Valencia y evitó explicitar su apoyo a Mariano Rajoy para el congreso de junio. "Soy de Fabra", proclamó el líder provincial, defendiendo su autonomía y jugando a la ambigüedad, pese a que ya ha dado su aval a la candidatura de Rajoy.
El entorno de Carlos Fabra alimentó hace unas semanas la idea de que éste vería con agrado una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy encabezada por Esperanza Aguirre. Unos días después, Fabra negó la mayor y acató la directriz de la cúpula regional de apoyar a Rajoy. Posteriormente, supeditó este respaldo a la composición de la nueva ejecutiva. En el acto de Onda, volvió a brindar su apoyo incondicional y ayer se salió por la tangente y manifestó que sólo se debe a sí mismo y a la provincia.
El presidente de la Diputación se pronunció sobre la decisión de María San Gil de no suscribir la ponencia política que se debatirá en el congreso del PP de Valencia. Según dijo, "no tendrá ninguna consecuencia y me parece bien que tome la decisión que quiera". Y añadió: "El otro día me preguntaron de quién era y yo respondí que soy de Fabra. Haré lo que crea en beneficio del partido y de la provincia. Cualquier militante debe hacer lo que crea conveniente dentro del estatuto del partido". Unas declaraciones que en apariencia suponen un desmarque respecto a la tesis de la dirección regional que preside Francisco Camps, que ha dado un cheque en blanco a Rajoy. Fabra, sin embargo, ha avalado ya la candidatura del líder nacional para el cónclave de junio. En el entorno del presidente matizaron que sus declaraciones fueron en tono "jocoso", en un acto de presentación de los mojones del Camino de Santiago desde Castelló.
Como viene explicando este diario, Fabra ha decidido tensar la cuerda con Valencia, cansado de que sus demandas caigan en saco roto y consciente de que cada vez cuenta menos en el partido en ámbito autonómico. Prueba de esta estrategia de confrontación es el desplante que hizo a Camps en el acto del agua de Orihuela de la semana pasada. Se borró de la cita y prefirió viajar a la ciudad francesa de Nimes para presenciar una novillada.
Esquivo con Castelló
Asimismo, al líder provincial del PP le disgusta que Mariano Rajoy se muestre esquivo con Castelló. De los tres actos programados en la Comunitat para homenajear a las bases del partido, el presidente nacional del PP sólo faltó al de Onda. Rajoy tampoco visitó Castelló en la campaña electoral de las pasadas generales, mientras que sí que acudió a Valencia y Alicante.
Por otra parte, el presidente provincial del PP rechazó la celebración de primarias, tal y como propone un sector del PP. Fabra recordó que este mecanismo corresponde al funcionamiento interno del PSOE. "Ellos lo empezaron una vez y ya no han vuelto a hacerlo nunca más. Yo no recuerdo que hayan tenido primarias para elegir al señor Zapatero ahora, ni han tenido primarias para elegir a la señora Fernández de la Vega por Valencia, ni al señor Sevilla por Castelló, ni al señor Bernat Soria por Alicante", apuntó. "De hecho -añadió- quieren buscar la misma estructura provincial del PP y mi partido no debe de funcionar tan mal cuando hemos ganado en Castelló 18 veces consecutivas".
 

Germain

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Después de un informe desfavorable...

El PP inicia la reforma para echar a la síndica tras difundirse su último informe

La presidenta de las Corts convoca para el lunes la comisión de Peticiones para debatir la propuesta de los populares y no para que la defensora explique las memorias de 2005, 2006 y 2007.

Juanjo García Gómez, Valencia
No se han esperado ni un día. La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, convocó ayer para el lunes a las 10 de la mañana a la comisión de Peticiones con un único punto, el debate de la propuesta del PP de reforma del reglamento de la institución del síndic de greuges. El objetivo de los populares es cambiar el reglamento -para lo que les basta con la mayoría- con el fin de reinterpretar la ley de creación del organismo y así poder apartar del cargo a la síndica en funciones, Emilia Caballero, Adjunta primera designada en su día a propuesta del PSPV que asumió las riendas de la institución en abril de 2006 tras el cese por extinción del mandato del alto comisionado que puso el PP en la etapa de Zaplana, Bernardo del Rosal, y al que no se quiso renovar por sus informes críticos. La convocatoria se produce tras la publicación por Levante-EMV, en su edición de ayer, del último informe correspondiente a 2007, en el que la síndica mantiene las críticas a la gestión del Consell en áreas como el urbanismo o la aplicación de ley de la Dependencia.
Martínez, a la que el grupo popular solicitó la semana pasada la reunión «urgente», es también presidenta de la comisión de Peticiones. La titular de la Cámara comunicó a la junta de portavoces su decisión, algo que no hizo en la reunión previa de la Mesa de las Corts. En caso de lograr el relevo de Caballero, asumiría la Sindicatura el Adjunto segundo propuesto en su día por el PP, Carlos Morenilla, quien se da la circunstancia de que es el esposo de la actual consellera de Turismo, Angélica Such. El grupo mayoritario quiere que la interinidad sea rotatoria, por periodos de seis meses, pero una transitoria daría a Morenilla un primer mandato de dos años, el mismo tiempo que lleva Caballero al frente. Esta interpretación chocha con la que se ha hecho desde 1993 y la que se ha aplicado en el Defensor del Pueblo y otras defensorías autonómicas. El debate del lunes dará pie a un periodo de 15 días para que los grupos formulen enmiendas antes de la aprobación definitiva, que el PP prevé para junio.
La titular de las Corts ha optado por convocar la comisión con este fin, cuando este órgano no ha citado todavía a la síndica para que explique oficialmente al Parlamento los informes anuales de 2005 -el último que elaboró Del Rosal-, 2006 y 2007, una situación impensable en el Defensor del Pueblo. Las memorias recogen el balance de la institución que vela por los derechos de los ciudadanos frente a abusos de la Administración.
Preguntada sobre por qué ha convocado para un asunto y no para el otro indicó que «de momento» lo que ha considerado «importante» es la reforma del reglamento y las comparecencias «las haremos», indicó sin concretar cuándo. También aseguró que habría recibido y recibiría a la síndica personalmente si le trajera la memoria, negando que se le hubiera dicho lo contrario. «Si se recibe al síndic de comptes, cómo no se la va a recibir a ella», dijo. La Defensora, al igual que pasó con el informe de 2006, tuvo que entregar el documento por registro de entrada al no dársele cita para el acto formal de presentación del informe.
Situación de anormalidad
El guiño conciliador de la síndica en cuanto a las relaciones institucionales con el Consell al suavizar el criterio para declarar instituciones hostiles -dejando fuera a las que no aceptan sus resoluciones pero lo motivan- e incluyendo el cuadro de las entidades colaboradoras (el Ayuntamiento de Valencia y el conseller Blasco) no le servirá de mucho. El portavoz del PP, Ricardo Costa, a preguntas de los periodistas, dijo «esperar» e incluso mostró su «preocupación» por que los informes de Caballero no vengan «marcados» en su «dureza o suavidad» hacia el Consell «en función de si va a seguir estando o no de síndica, sino en función de la defensa de los intereses de los valencianos». Costa enfatizó que la situación de anormalidad es la de la propia síndica.
 

Germain

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Otros que se unen a la fiesta del agua.

Castilla-La Mancha se opone a ceder caudal del Júcar si Villena vende agua

La iniciativa de la Comunidad de Regantes de Villena de vender agua de riego a la multinacional Danone para embotellar ha puesto en alerta a la vecina comunidad de Castilla-La Mancha, usuaria de la cuenca del Júcar. El Ejecutivo de esta región ha anunciado que se opondrá a los trasvases, incluido el Júcar-Vinalopó, si no se aclara la venta de agua de un acuífero villenense.

El anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha contrasta con el silencio que hasta ahora guarda el Gobierno valenciano sobre la contradictoria propuesta de los regantes de Villena, liderados por el terrateniente Andrés Martínez. Éste y el resto de agricultores, después de decenios de reclamar agua para recargar los sobreexplotados acuíferos del municipio, optan ahora por venderla. La actitud del Consell en este tema ha llevado al PSPV de la Ribera Alta a solicitar la dimisión del consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón.

Las reticencias de Castilla-La Mancha a la venta de agua del acuífero de Villena están recogidas en sendas cartas remitidas por el consejero castellanomanchego de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, a la ministra de Medio Ambiente y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En el escrito, el consejero expresa su preocupación por "las transferencias" de derechos de agua de uso agrario para el humano mediante el embotellado. También insta al ministerio y la CHJ a que tomen las medias oportunas "para restablecer la legalidad vigente" en los usos del agua autorizados. "Manifestándote nuestra oposición a cualquier derivación de recursos de la cuenca hidrográfica del Júcar a otras cuencas ajenas, incluyendo el trasvase Júcar-Vinalopó", concluye la carta.

La comunidad de regantes de Villena acordó el pasado día 7 ceder la multinacional Danone 700 millones de litros de agua al año a cambio de 240.000 euros. Ese agua resultaría del excedente de dar de baja 200 hectáreas de regadío.

Danone, a través de las firmas Font Vella y Lanjarón, comercializará el agua en una futura planta embotelladora en Villena. "Hasta el momento, solo hemos presentado el proyecto de la planta al Ayuntamiento", dijo ayer un portavoz oficial del grupo. "Tampoco está elegido el emplazamiento de la planta", añadió. Este portavoz subrayó que a partir de ahora, las dos firmas de agua van a iniciar los trámites del expediente ante la CHJ y el Ministerio de Industria para cambiar el uso agrario de ese agua al de minero. "El expediente lo tramitarán Font Vella y Lanjarón", precisó. Este portavoz rechazó que la multinacional vaya a comprar a los agricultores las 200 hectáreas de regadío que han dado de baja. "El único terreno que compraremos será para instalar la embotelladora", recalcó.

Mientras, Martínez, a través de un artículo, volvió a defender ayer la operación como una fórmula para ahorrar agua. "Esta decisión [la venta de agua] arroja un balance en positivo de ahorro de agua de 500.000 metros cúbicos anuales que dejarán de extraerse de nuestros sobreexplotados acuíferos", señala. Martínez, que tiene en marcha un PAI en el municipio con 1.200 casas y un campo de golf, y que resaltó que seguirá reivindicando un "Júcar-vinalopó con aguas de calidad y el trasvase del Ebro".
 

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Ya se van sabiendo cositas de la visita del Paparl.

La visita del Papa costó 12 millones extras a TVV

J. R. S., Valencia
El grupo Radio Televisió Valenciana (RTVV) quiso volcarse en la visita que el Papa Benedicto XVI realizó a Valencia durante dos días en julio de 2006. Y puso todo los medios que tenía al alcance y muchos más. Para convertirlo y convertirse, a sí mismos, en un hito. Pero se les fue la mano y pareció que no hubo ningún control presupuestario ni de gastos.
La cuantía real del coste del gran reto audiovisual de nuestro canal autonómico había sido en todo un momento una incógnita, como lo continúa siendo el montante global y el dinero que la Generalitat destinó a la organización del V Encuentro Mundial de las familias. Sin embargo, un informe externo encargado por la Conselleria de Economía y Hacienda a la empresa Ernst& Young sobre el grupo Radio Televisió Valenciana y al que ha tenido acceso Levante-EMV no se anda por las ramas y va poniendo algo más de luz al engranaje económico. Así, revela que entre los gastos extraordinarios difíciles de prever por su singularidad hubo uno que cruzó muchas fronteras ya que "adicionalmente hemos de tener en cuenta que los gastos ocasiones por la visita a Valencia de su Santidad el Papa en julio de 2006 han supuesto un total de 12 millones de euros-dos mil millones de pesetas- al grupo", manifiesta el documento. Es el el mismo informe que advierte que en 2006 se generó un exceso de ingresos reales respecto a lo presupuestado en RTVV de 46,4 millones de euros.
El apartado de la retransmisión de la visita del Papa se enmarca, además, en una reflexión relativa a determinados desmanes que no figuran como aprovisionamientos ni nadie ha reparado en ajustar o presupuestar antes de su gasto efectivo. O lo que es lo mismo, se gasta sin mirar el alcance y después ya haremos cuenta.
Sospechas de la Sindicatura
La Sindicatura de Cuentas, en su auditoria de 2006, efectuaba una estimación aproximada de gastos extras que no contemplan los ordinarios de funcionamiento del canal autonómico sino simplemente la multiplicación de medios.
La propia institución auditora ya reconocía que ni RTVV ni el Consell había facilitado al organismo una cifra global del coste para las arcas públicas del evento, aunque de forma colateral se empezaban a conocer datos. E indicaba que las estimaciones podían situar en torno a los 9 millones el gasto inicial. Lo que se desconoce aún es si a los 12 millones que Ersnt&Young ha encontrado hay que sumar los 9 que estimó la Sindicatura, a lo que habría que añadir el del funcionamiento ordinario del propio grupo de comunicación antes, durante y después de la visita papal aunque relacionado con ello; esto es, horas extras, dietas, el viaje previo que realizó el Jefe de Informativos de Canal 9, Luis Motes, a Roma con un gran equipo de profesionales, los enlaces continuos vía satélite desde la Ciudad Eterna o el millón de euros que aseguran Canal 9 habría abonado para garantizarse los derechos de emisión de la película biográfica sobre Juan Pablo II que emitió el canal autonómico.
De hecho, algunas fuentes consultadas por este diario estiman que el dinero que Canal 9 gastó en la previa y la visita del pontífice rondaría una cantidad que "oscilaría perfectamente" entre los 30 y los 40 millones de euros.
Audiencias y venta de imágenes
Además, a Canal 9, que contrato a una empresa externa para el operativo, la operación le resulto deficitaria por otra circunstancia ya que quiso la exclusividad de las imágenes para su supuesta venta al resto de televisiones en el mundo, algo que no se materializó ni tuvo los resultados esperados.
RTVV alquiló equipos de pantalla y video, sonido y megafonía, pero también helicópteros, múltiples unidades móviles, vehículos dotados con cámaras tanto robotizadas como suspendidas a cuarenta metros de altura del altar que se ubicó en el puente de Mont Olivet. Asimismo, movilizó a más de 300 profesionales o 100 cámaras enlazadas...toda una infraestructura de para dos días de visita pero que para RTVV suponía "el mayor despliegue de su historia".
Las retransmisiones de la televisión valenciana durante ese fin de semana le dieron a Canal 9 una audiencia 19.3% de media a la que siguió Tele 5 con un 16,2%, Antena 3 con el 15,3%, Cuatro (12,3%) y TVE (11,8%).
Para las retransmisiones, además, Canal 9 contrato comentaristas ajenos al ente, entre ellos la periodista Paloma Gómez Borrero o Alfredo Urdaci.
 

jake

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ya decia yo que tvv,sobre todo para punt dos,estan contratando contenidos baratiiiiiiiiiiiisimos,les costó una verdadera riñonada