zainocs esperando en el aeropuerto en Canarias para ir a tu ciudad (vídeo), pagas tú

Canarias dispersa por la península a los migrantes que llegan en cayuco​

Más de 1.000 migrantes llegados en un solo día a las Islas Canarias, de los cuales más de 800 acabaron en la isla de El Hierro, según los tuits y cifras difundidos en el hilo. La situación, calificada de caótica por las fuentes que siguen el goteo diario, se resuelve con traslados nocturnos en ferris hacia otras islas y con vuelos de dispersión hacia la península. El tercer vuelo del día con destino Madrid es la imagen que resume el mecanismo: la comunidad autónoma que recibe la presión la deriva al resto del país, y la factura la paga el contribuyente.

Qué dicen los datos de llegadas a Canarias​

Entre 2013 y 2023 llegaron a las Islas Canarias más de 94.000 migrantes en situación irregular, según las cifras que se manejan en el seguimiento de la ruta atlántica. El 93%, más de 88.000, lo hizo en los últimos tres años. Solo en lo que iba de año se contabilizaban más de 27.000, un récord para la serie. La progresión no es lineal: se concentra en el tramo final y desborda la capacidad de acogida de islas pequeñas como El Hierro.

El traslado a la península se presenta como la válvula de escape. Los ferris de una naviera conectan las islas durante la noche y los vuelos comerciales reparten a los recién llegados por la geografía peninsular. Hay quien sostiene que ese plan integral de movilidad acaba sirviendo de infraestructura a las redes que operan en el Sahel. En contra pesa el argumento humanitario: sin vías legales, la alternativa es dejar a las personas aisladas en una isla sin recursos. El sistema, dicen, ahorraría dinero y muertes.

El coste público del reparto por hoteles​

El Gobierno socialista planea repartir migrantes en situación irregular por hoteles de toda España durante al menos seis meses, según la información difundida en el hilo. Es la parte del asunto que convierte un problema de frontera en una partida presupuestaria. Alojamiento, manutención, servicios sociales y apertura de cuentas bancarias para las ayudas: todo eso se financia con impuestos de quienes no eligen dónde se instala la población recién llegada.

La comparación con el Reino Unido resulta inevitable. Los conservadores británicos hacen campaña diciendo que cierran más de 50 hoteles con migrantes irregulares alojados, pero eso todavía deja más de 350 hoteles operativos con el mismo uso. La diferencia no es de modelo, sino de escala y de opacidad. Aquí el reparto se anuncia como solución logística; allí se vende como mano dura.

Quién paga y quién decide el reparto​

El mecanismo tiene una asimetría evidente: la comunidad que soporta la llegada decide el traslado y la comunidad que recibe la población asume el coste sin haber participado en la decisión. En Aragón, el ejecutivo autonómico denunció que no tenía conocimiento de la operación. Es el patrón que se repite en cada anuncio de derivación: la solidaridad se invoca para el reparto, nunca para la negociación previa.

El cálculo más optimista asume que el traslado descongestiona Canarias y reparte la carga. El escenario pesimista parte de que el efecto llamada se refuerza: si el destino final es un hotel en la península con servicios sociales, la ruta no se desactiva, se consolida. Nadie ha publicado todavía el coste unitario por plaza y mes.

Devoluciones, arraigo y el limbo legal​

Las devoluciones están por debajo del 8% de las llegadas, según los cálculos que se manejan. Si el migrante es marroquí o argelino y no tiene pasaporte, no se le puede expulsar y el consulado no se lo facilita. Si es de África subsahariana, la expulsión es directamente inviable. Si es sudamericano, en cuanto obtiene un arraigo social, laboral o tiene un hijo en territorio español, el proceso se cierra.

El detalle que descoloca es que para el arraigo cuentan los años trabajados en negro si se pueden demostrar. Es decir, la economía sumergida se convierte en mérito administrativo. A eso se suman las protecciones subsidiarias concedidas fuera del derecho de asilo. El resultado es un régimen donde la irregularidad es el punto de entrada y la regularización, cuestión de tiempo.

El trasfondo que nadie discute: la demografía​

España registra alrededor de 100.000 abortos anuales, según las cifras que se citan en el seguimiento del asunto. En una década, la suma supera el millón. La comparación con los 8.000 migrantes ahogados en cinco años intentando cruzar el Estrecho aparece una y otra vez: por qué una cifra moviliza al país y la otra no. La respuesta que se da no es estadística, es política.

A eso se añaden los 3.000 hombres que se suicidan al año y los cerca de 1.000 fallecidos en accidentes laborales en 2022. El patrón es el mismo: muertes silenciosas que no generan titular. La discusión sobre el reparto de migrantes se libra en un país que no ha resuelto su propia contabilidad de vidas.

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El reparto seguirá avanzando por la vía administrativa, con o sin acuerdo de las comunidades receptoras. La pregunta no es si el sistema aguanta, sino cuánto tarda el siguiente vuelo en aterrizar en una ciudad que todavía no sabe que su hotel ya está reservado.