Ya Amou, su hija y su nieta recién nacida están al borde del desahucio tras 20 años en la misma casa

Ya Amou, 20 años en España, hija y nieta recién nacida: desahucio el 26 de mayo​

¿Qué pasa cuando una familia lleva dos décadas en la misma casa y el contrato se acaba? Ya Amou, que llegó a España hace casi 20 años, tiene fijada su orden de desahucio para el 26 de mayo. Vive con su hija adolescente y su nieta, nacida el 20 de abril. El piso pertenece al fondo Mona ITG, integrado en la sicav Orion Constellation, con sede en Luxemburgo y estructura RAIF. La familia pagaba 300 euros de alquiler social tras una dación en pago. El contrato caducó el 29 de noviembre de 2024 y el fondo se ha negado a renovarlo.

De la hipoteca compartida al fondo luxemburgués​

El origen del caso está en una compra entre varios. El marido de Amou se hipotecó junto a dos amigos para adquirir la vivienda. Uno de los compradores falleció y su pareja regresó a Malí. La mujer, que no entendía bien el castellano, confió en el tercer hombre para que hiciera los pagos al banco. Según su relato, esa persona dejó de ingresar durante varios meses y la deuda llegó a 5.000 euros. «Desde el banco llamaban a Ya Amou, pero no se enteraba de lo que estaba pasando por la barrera lingüística», explica Ignacio, un vecino que la ayuda.

El proceso judicial acabó con la pérdida de la propiedad, que pasó a Abanca y después a Mona ITG. Durante ese tiempo la familia quedó en dación en pago con alquiler social de 300 euros. El contrato venció y, según el entorno de la afectada, el fondo se negó a renovar cualquier modalidad de alquiler social: «Ellos se dedican a comprar y vender especulando. Hemos intentado negociar, pero se niegan».

¿Qué pasó con la oferta de compra que subió cuatro veces?​

El Sindicato de Inquilinas de Madrid sostiene que hubo una «estrategia reiterada de engaño» para hacerle creer que podría recuperar la casa. Primero le ofrecieron comprarla por 110.000 euros. Cuando reunió esa cantidad, la cifra subió a 135.000 y luego a 150.000. La última propuesta fue de 190.000 euros, «imposible» para ella. Tres días después de reconocer que no podía asumir esa cantidad, le llegó la orden de lanzamiento.

Representantes de Mona aseguran haberse enterado por los medios de que hay un menor en el domicilio. Defienden que se han seguido los procedimientos legales y que se han ofrecido todas las ayudas posibles. Niegan trabajar con empresas de desokupación y afirman que han usado mediadores en contacto con la afectada.

La barrera del idioma y el proceso judicial​

Amou no sabe leer en español. Tras recibir la notificación de desalojo acudió a los servicios sociales, donde, según el sindicato, no se le explicó correctamente la necesidad de solicitar justicia gratuita ni la obligatoriedad de personarse. Fue declarada en rebeldía y el proceso siguió sin su defensa. «Si yo lo llego a saber, presento todos los documentos que son necesarios, pero no sé leer y ellos solo me dijeron que tenía que esperar», denuncia.

El sindicato califica el caso de «ejemplo flagrante del racismo inmobiliario e institucional». El Ayuntamiento de Madrid no había respondido a las preguntas del medio en la fecha de publicación.

Lo que se discute cuando se discute el caso​

La conversación derivó rápido hacia el perfil de la afectada. Una parte de los mensajes se centra en la barrera lingüística: veinte años en el país sin dominar el idioma se lee como falta de integración. Otra corriente pone el foco en la cifra que Amou llegó a reunir, 110.000 euros, y concluye que el problema no es el racismo sino la nómina: sin ingresos altos no hay alquiler ni hipoteca posibles. Hay quien recuerda que el alquiler social de 300 euros se mantuvo siete años y que el propietario es un gran tenedor.

Hay quien sostiene, sin aportar pruebas, que la unidad familiar dispondría de ayudas y nóminas de los progenitores que sumarían varios miles de euros al mes. Ese cálculo no está respaldado por el material y no cuadra con la imagen de vulnerabilidad extrema que describe el sindicato. Cada cual elige qué parte del cuadro mira.

El fondo, la sicav y el negocio del alquiler​

Mona ITG opera dentro de Orion Constellation, una sicav luxemburguesa con estructura RAIF, vehículo pensado para inversores institucionales. Comprar barato a un banco, mantener un alquiler social mientras conviene y vender cuando el mercado aprieta es una secuencia habitual. El caso de Amou encaja en ese patrón: la propiedad cambió de manos varias veces y el inquilino de larga duración se convirtió en un activo a liquidar.

La pregunta de fondo no es si el fondo es cruel. Es si un contrato de alquiler puede sostener dos décadas de vida sin que nadie haya previsto qué pasa cuando caduca. La respuesta, de momento, es una fecha en el calendario y una familia esperando a ver si alguien la mueve.