Contratos indefinidos o acampada: el pulso de las inquilinas
¿Se puede tumbar el mercado del alquiler con una acampada y cinco folios? El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid lo está intentando. Ha puesto encima de la mesa un paquete de cinco exigencias que van del
contrato de alquiler indefinido al tope a las rentas, y ha fijado una condición innegociable: sin contratos indefinidos, la acampada no se levanta. La amenaza no es retórica. Es la moneda de cambio de toda la negociación.
Qué pide exactamente el Sindicato de Inquilinas
El documento arranca con la contratación indefinida o, en su defecto, la renovación automática. Después pide la prórroga de los contratos que ya están en vigor, la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, una reforma de la
LAU para regular el alquiler de temporada y por habitaciones, y un límite o congelación de las subidas de renta.
El punto tres es el que más discusión genera. ¿Dónde acaba la vulnerabilidad? Hay quien pregunta, con retintín, si existe algún inquilino que no sea vulnerable, porque en la práctica cualquier desahucio quedaría blindado. La respuesta oficial no llega.
De la Sareb al 50%: el programa largo que va más allá del ultimátum
La lista corta se queda pequeña al lado del programa completo. El sindicato ha llegado a hablar de
bajadas de alquiler del 50% en su propia web, propone expropiar viviendas en manos de fondos buitre, devolver los pisos turísticos y vacacionales al uso habitual, ampliar el parque público usando o disolviendo la Sareb y terminar con los desahucios y con los grupos antiokupación.
Ahí el consenso se rompe. Hay quien sostiene que los pisos vacacionales siempre han tenido ese uso y que en invierno no queda nadie en muchos municipios. Y hay quien exige más músculo: regular el alquiler de temporada no basta, dicen, hay que prohibirlo o freírlo a impuestos.
La objeción que nadie responde: expropiación de facto
El argumento más incómodo es jurídico. Si las prórrogas se vuelven indefinidas, el propietario pierde la facultad de recuperar su vivienda: una expropiación de facto, sostienen quienes advierten del golpe a la seguridad jurídica. Y circula un listado sin verificación independiente que atribuye carteras de hasta
20 viviendas a un cantautor y un presentador muy conocidos, y de entre siete y doce a una docena de diputados socialistas. El señalamiento es el argumento: si el legislador también alquila, ¿con qué autoridad niega el contrato indefinido?
Queda el detalle de siempre. Si los contratos pasan a ser indefinidos y las rentas se congelan, alguien tendrá que explicar de dónde salen los pisos nuevos. La acampada sigue en pie y el reloj corre.