Vaya, vaya. las infraestructuras están diseñadas para 40 millones pero somos 50

España diseñó sus carreteras para 40 millones y ya somos 50​

La advertencia la lanzó la DGT y el eco ha recorrido medio país: las infraestructuras y las políticas de movilidad se pensaron para una España de 40 millones de habitantes y ahora hay 50. El titular oficial es una obviedad demográfica con efectos muy concretos. Más coches por kilómetro, más atascos en horario laboral, más presión sobre el mantenimiento de una red que no se amplía. Y una pregunta incómoda: si el diagnóstico es que sobramos diez millones, ¿la solución es multar o construir?

El aviso de la DGT sobre nuevas prohibiciones y políticas de movilidad ha servido de detonante. La tesis que recorre el asunto es que el Estado prefiere recaudar antes que invertir. Según un cálculo que circula en el debate, el impuesto de hidrocarburos y los tributos de matriculación dejan en las arcas públicas una cifra que ronda los 20.000 millones anuales, mientras el mantenimiento e inversión en carreteras se queda en unos 3.000 millones. El diferencial, sostiene este análisis, se va a otro sitio.

Cuántos habitantes soporta una red de carreteras​

La pregunta técnica es sencilla: ¿cómo se calcula para cuántos habitantes está dimensionada una red viaria? La respuesta de manual es que no se calcula por habitantes. Se calcula por tráfico. Cada tipo de vía —calle, carretera convencional, autovía, rotonda, cruce— soporta un número máximo de vehículos por hora, y cuando la velocidad real cae muy por debajo de la estándar, la vía ha superado su capacidad. El criterio no es cuánta gente vive en el país, sino cuántos vehículos la cruzan cada día.

Con ese criterio, el desajuste es evidente en varios puntos. Entre Málaga y Algeciras viven alrededor de dos millones de personas y no existe ferrocarril que las conecte: nada se ha hecho en cincuenta años. Las carreteras de los ochenta y noventa se han quedado pequeñas y los atascos ya no envidian a los de Madrid. En el norte, la N-1 acumula retenciones que llegan al cruce con Riaza, en el kilómetro 103. Y en Madrid, el Canal de Isabel II ha acelerado la ampliación y mejora de sus sistemas de suministro, mientras la red eléctrica no crece al mismo ritmo que la demanda industrial.

El problema no es solo cuántos, sino dónde y cómo​

Hay un matiz que suele perderse: las infraestructuras no solo están pensadas para 40 millones, sino para 40 millones distribuidos de otra manera. La España vaciada tiene infraestructuras de sobra para la población que le queda. El litoral y las áreas metropolitanas, en cambio, soportan una concentración que ninguna previsión de los años ochenta contempló. El resultado es una red sobredimensionada en unos sitios y colapsada en otros.

A eso se suma el turismo. En temporada alta, la cifra de personas presentes en el país se acerca a los 60 millones, y no todas cotizan ni pagan tasas en proporción a lo que consumen de servicios públicos. El argumento se repite en el asunto: si vienen 80 millones de visitantes en lugar de 100, y además son de mayor poder adquisitivo, el saldo sería mejor. Es una opinión discutible, pero circula con fuerza.

Multas, tasas y el negocio de no construir​

La crítica más repetida apunta al incentivo perverso: mantener y ampliar carreteras cuesta dinero; multar lo genera. Bajo ese prisma, cualquier límite nuevo se lee como una hacienda encubierta. Se recuerda que en concesiones de autopistas ya amortizadas se recaudó bastante más de lo destinado a su conservación, y que el firme de algunas vías suena a reactor nuclear mientras la solución oficial consiste en colocar una señal de «firme en mal estado» y limitar la velocidad. Es decir: se traslada al conductor el coste del abandono y, encima, se le puede multar por circular por una vía que el Estado no arregla.

El asunto deriva también hacia el gasto público. Una parte del análisis sostiene que el problema no es solo la infraestructura, sino el número de personas que cobran de la administración y las que aportan poco en impuestos. Otra corriente lo enmarca en el empobrecimiento general: si el país crece en población sin crecer en productividad ni en vivienda, sanidad o energía, el resultado es una presión insostenible sobre todo lo público.

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El diagnóstico está sobre la mesa: infraestructuras de 40 millones, país de 50. Lo que no aparece por ningún lado es el plan para cerrar la brecha. Solo el aviso de que nos preparemos.