La Séptima se estrena el 5 de noviembre con la Delegación de altavoz
La paradoja es de manual: el canal que se presenta como respuesta al «sesgo ideológico potente vinculado a ideas conservadoras» de la televisión privada tendría, según se sostiene en el debate, entre sus principales accionistas a algunas de las familias empresariales más asociadas a la derecha española. El próximo 5 de noviembre llega a la televisión española un nuevo canal generalista, La Séptima, en abierto y para todos, y lo hace con la Delegación del Gobierno en Madrid ejerciendo de altavoz desde su cuenta oficial. El anuncio institucional de un lanzamiento privado es lo que ha encendido la mecha.
¿Qué es La Séptima y cuándo se estrena?
Se trata de un nuevo canal generalista, en abierto y de acceso gratuito, que arranca el 5 de noviembre. Su puesta de largo se ha comunicado desde el perfil oficial de la Delegación del Gobierno en Madrid, que acompañó el anuncio de una valoración sobre el reparto ideológico del mercado: según ese mensaje, la oferta de las televisiones privadas arrastra un sesgo conservador y existe un vacío en el espacio progresista que el nuevo canal vendría a cubrir.
El razonamiento tiene un problema de forma y otro de fondo. El de forma: una delegación del Gobierno, con medios y personal pagados con presupuesto público, no es un gabinete de comunicación de una empresa. El de fondo: si el diagnóstico fuera cierto, habría que explicar por qué el capital que sostiene la alternativa procede de donde procede.
Quién financia La Séptima: Entrecanales y Manzano
El dato que más incomoda al relato oficial es la composición accionarial, tal como se ha señalado en el debate: entre los principales inversores figurarían los Entrecanales, una de las sagas empresariales de perfil más conservador del país, y Manzano, un empresario de trayectoria igualmente escorada a la derecha. Que el dinero que financia la tele llamada a equilibrar el sesgo conservador venga de ahí es, como poco, un contraste que nadie ha explicado.
Hay una lectura más cínica y no por ello menos razonable: en España el dinero privado y el dinero público acaban confluyendo en los mismos bolsillos, y el BOE ha sido históricamente una de las mejores fuentes de ingresos empresariales. Bajo ese prisma, la adscripción ideológica del accionista importa menos que la posición en la subasta.
El mismo diseño que La Sexta, veinte años después
A la lista de coincidencias se añade una que, según se observa en el debate, suena a guiño o a simple desgana: la identidad gráfica del nuevo canal sería la misma que presentó La Sexta hace dos décadas. El nombre también seguiría el orden de la cuenta —la séptima es la que va después de la sexta—, y los participantes lo han bautizado con retranca: La Séptica. Sobre la autoría creativa circula otro dato que refuerza la sensación de continuidad: el creador sería el mismo que puso en pie La Sexta, José Miguel Contreras.
El tuit de la Delegación y el debate sobre la malversación
La publicación del anuncio desde una cuenta institucional ha derivado en una discusión jurídica de fondo. Se sostiene que el personal público que gestiona esos perfiles no puede dedicar su jornada a promocionar productos o proyectos concretos, y que hacerlo podría encajar en un supuesto delito de malversación de caudales públicos. No hay resolución judicial alguna sobre el asunto y ninguna conducta está acreditada: es una interpretación que circula y que, de momento, nadie ha llevado más allá del anuncio.
En clave electoral, hay quien sostiene en el debate que el episodio, lejos de erosionarla, refuerza a Ayuso de cara a una nueva mayoría absoluta.
Con estos mimbres, el estreno del 5 de noviembre debería medirse menos por su audiencia que por su factura. ¿Quién paga una televisión señalada como oficialista y, según sus críticos, financiada por el capital que dice combatir?