Urnas limpias para la voluntad popular (Editorial de El ABC)

El Tribunal Supremo ha expresado serias dudas sobre la legalidad de la inclusión de extranjeros nacionalizados recientemente en el censo electoral, señalando un posible riesgo para la transparencia y objetividad de los procesos democráticos.

El Tribunal Supremo ha encendido las alarmas sobre la forma en que se están incorporando nuevos electores al censo, especialmente tras la nacionalización de extranjeros en los últimos meses. La Sala Tercera del alto tribunal ha manifestado sus reservas sobre la legalidad de los acuerdos tomados por la Junta Electoral Central, que parecen basarse en una instrucción de Sofía Puente, cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Dudas sobre la base legal

La cuestión de fondo radica en si la instrucción de Puente, al ampliar el acceso a la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática, excedió sus competencias y el mandato legal. El Supremo apunta a que estos procedimientos podrían vulnerar el derecho de los españoles a participar en elecciones caracterizadas por la "veracidad, objetividad y transparencia", pilares de la democracia parlamentaria. La preocupación no es menor, ya que se trata de la voluntad popular la que elige a los representantes.

Impacto en el censo electoral

El impacto de estas nacionalizaciones recientes no es menor y se ha hecho notar especialmente en algunas circunscripciones. En Madrid, el censo electoral ha experimentado un aumento de 115.572 electores desde las elecciones de 2023. En Barcelona, la cifra asciende a 43.439 nuevos inscritos. Los magistrados del Supremo califican estos incrementos como "excepcionales", lo que agrava la inquietud.

El flujo diario de inscripciones en los censos, sumado a estos aumentos inusuales, genera un "peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral", según el criterio de la Sala. Las dudas jurídicas apuntan a que se podría estar tejiendo una estrategia para alterar el censo con un sesgo favorable antes de las elecciones de 2027.

Un conflicto para el Estado democrático

Si bien las consideraciones del Supremo no son sentencias firmes y el proceso principal aún debe resolverse, el diagnóstico de la Sala Tercera es de una gravedad considerable. Se plantea un conflicto jurídico que podría ser calificado como existencial para el Estado democrático. La preocupación principal no reside en un número concreto de votantes, sino en la arbitrariedad que podría estar guiando estas nacionalizaciones para desvirtuar el censo con fines antidemocráticos.

La percepción es que se busca manipular el censo electoral, algo que se considera una trampa contra el Estado. Los mecanismos de control del sistema, como el "sistema inmunológico" del Estado, están diseñados para detectar y neutralizar este tipo de acciones. La situación actual pone de manifiesto un riesgo de que el poder político se crea con derecho a disponer del país como si fuera propio, ignorando los límites legales y democráticos.