El cálculo de la huelga de alquileres: 1.400€ al mes para gastar
Dejar de pagar la renta convertiría a un inquilino que hoy maneja
500 euros libres al mes en alguien con
1.200 o 1.400 euros para gastar en ocio, ropa, restaurantes, formación o hijos. Sobre esa aritmética se sostiene que una huelga de alquileres no castigaría a nadie, sino que estimularía la economía de a pie. Y quien la plantea lo admite sin disimulo: es un ejercicio de
economía ficción en un país utópico.
La tesis reparte el tablero en dos: de un lado, los arrendadores que extraen buena parte del producto del trabajo de sus inquilinos; del otro, la clase trabajadora que necesita vivir cerca de donde están los empleos. El dinero que dejaría de ir a la renta, argumenta, acabaría en negocios de barrio. El que hoy se cobra, en cambio, se destinaría a comprar otro piso para ponerlo en Airbnb. La objeción evidente, la del particular que completa su pensión con un alquiler, se despacha antes de que llegue: esa persona ya tiene casa y pensión.
Cuánto cuesta de verdad mantener un piso en alquiler
El flanco más débil del planteamiento es el que apunta a los costes. Mantener una propiedad no es gratis, y una reforma tras
veinte años de inquilinos puede llevarse por delante varios ejercicios de renta. Se recuerda que el alquiler español fue barato durante décadas porque el producto era malo: pisos con el mismo suelo y las mismas camas después de setenta años de uso. Desde el año 2000 el poder adquisitivo ha subido, la demanda se ha desplazado hacia casas mejores y eso cuesta dinero.
La traducción en precios que se maneja es la siguiente: un
zulo de 40 metros a 900 euros al mes, o un piso con ventanas de doble acristalamiento, que no necesita calefacción ni aire acondicionado, a 1.400. Los segundos, se asegura, vuelan y no llegan ni a publicarse en los portales. El relato del arrendador que sube el precio por codicia choca con este otro: sube porque el activo que ofrece ya no es el mismo.
Por qué la huelga encarecería el alquiler en lugar de abaratarlo
Aquí está el punto donde más se insiste. Si se deja de pagar, los propietarios asumen más riesgo y menos rentabilidad, y una parte sale del mercado. El resultado no sería un alquiler barato, sino menos oferta: primero desaparecen los pisos caros, después los baratos y al final no queda ninguno. La escasez, no el precio, es el problema de fondo, y toda medida que reduzca la oferta lo agrava. No hay consenso sobre cuánto pesa aquí la inseguridad jurídica del arrendador, pero varios participantes coinciden en la dirección del efecto.
En paralelo se discute la respuesta institucional. Se sostiene que un gobierno, sea del PP o del PSOE, sería capaz de declarar un
estado de alarma y detener a los inquilinos en masa, porque ambos serían partidos votados por rentistas. La respuesta irónica —que los detengan en los propios pisos, problema resuelto— no oculta que el escenario se considera improbable por otras razones.
Las alternativas: construir, tasar pisos vacíos y la vía fiscal
Frente a la huelga, la propuesta que más apoyo recoge es la de aumentar la oferta. Construir vivienda pública y alquilarla a precios asequibles generaría empleo, presionaría a la baja los precios privados y evitaría empobrecer al arrendador. Obligar por decreto a bajar la renta, se argumenta, solo empobrece al propietario y, de rebote, al conjunto del país. La segunda palanca es fiscal: multar al dueño de un piso habitable vacío con una cantidad equivalente al alquiler que pretende cobrar mientras no lo alquile.
Hay quien va más lejos y propone aparcar la huelga de alquileres para hacerla de impuestos, empezando por el IVA y el IRPF. Otros apuntan a la regulación del alquiler turístico: el Ayuntamiento de Sevilla aprobó con los votos de PP y Vox una normativa de pisos turísticos que permitiría hasta
23.000 más. Un detalle que, visto desde la tesis inicial,
afina mal con el diagnóstico.
¿Adónde va el dinero que se deja de pagar?
La parte más discutida de todo el planteamiento es la del destino del gasto. Que los inquilinos consuman en ocio, ropa o restaurantes de barrio mueve la economía local, sí. Pero hay quien recuerda que buena parte de ese consumo se va en móviles, videojuegos y ordenadores fabricados fuera, de modo que el dinero abandona el país en lugar de circular. De ahí surge la lectura más incómoda: el alquiler funcionaría como una forma de retención interna de capital, un mecanismo para que el ahorro acabe en el Ibex.
No hay que tomarse esa tesis al pie de la letra para reconocer que toca un nervio real: la vivienda como activo refugio en una economía con poca industria. Porque si el problema es de oferta y no de precios, ¿por qué la solución más repetida —construir— lleva décadas sin ejecutarse?