Os voy a explicar como se acaba con el problema de la vivienda

Expropiar pisos y liberar suelo: dos recetas que no se hablan​

Una vivienda gratuita, construida por el Estado, y prohibición de tener más de una. Ese es el paquete que abre la controversia, y lo hace con la palabra que en España funciona como detonante: expropiación. La tesis de partida no admite matices: el problema de la vivienda no es de oferta ni de ladrillo, es de propiedad. Bajo ese enfoque, los pisos vacíos y las segundas residencias bastarían para alojar a quien hoy no llega a fin de mes, y la obra nueva sería el último recurso, no el primero. El diagnóstico se cierra con una comparación que se repite: si antes de la liberalización del suelo uno se emancipaba a los 25, hoy aguanta hasta los 40 en casa de sus padres.

Expropiar primero y construir solo si queda gente sin techo​

El planteamiento tiene tres patas. La primera es quedarse con toda vivienda que no sea la habitual y con las que están en manos de los bancos. La segunda es la gratuidad de la compraventa: ni alquiler ni hipoteca, adjudicación directa. La tercera, solo si con eso no basta, la promoción pública de obra nueva. Quien defiende esto sostiene que en España sobran casas y falta reparto, y que ninguna fuerza política salvo la izquierda más alejada del arco institucional se ha atrevido a plantearlo desde 1978.

La respuesta más repetida no discute el fin, discute el mecanismo. Se argumenta que la vivienda no puede ser gratuita aunque desaparezca el precio en euros, porque siempre habrá competencia por las mejores casas y por los mejores barrios. La consecuencia, se dice, es un mercado negro de contraprestaciones, favores y dinero bajo mano, con el reparto en manos de quien reparte. Es el refrán de que el que reparte se lleva la mejor parte, aplicado a una administración que levanta sospechas por sistema.

¿Qué pasó con el suelo en 1997?​

Aquí la controversia se vuelve técnica y las versiones se separan del todo. Una parte sitúa la bisagra en la Ley del Suelo de 1997 y sostiene que hasta entonces el suelo era estatal y que su privatización coincidió con el arranque de una escalada de precios que no se ha detenido. La coincidencia temporal, dicen, no es casualidad.

La réplica llega desde el otro lado y es tajante: ni el suelo fue nunca estatal ni se ha liberalizado. El suelo, antes de ser urbano, es urbanizable, y antes de ser urbanizable es rústico, y tiene dueño: uno con viñas, almendros, melones o naranjos. Lo que decide qué se puede levantar es el planeamiento municipal, y quien urbaniza y vende es quien compró el terreno, no una administración que lo regalase. La tercera explicación, menos épica, pone el foco en los cambios de la legislación hipotecaria de los años ochenta: el crédito barato disparó la compra en España y en medio mundo.

Cuánto cuesta de verdad levantar una casa​

Aquí entra el argumento de los que trabajan en obra. Se enumeran sacos de cemento, metros cúbicos de hormigón, kilos de acero corrugado, ladrillo panal y caravista, carpintería de aluminio anodizado, y se recuerda que el que se mete a autopromotor sin oficio acaba pagando el triple por una chapuza. Es el contrapunto a la idea de que cualquier familia puede levantarse su casa por cuatro perras.

Al otro lado de la balanza está la cifra concreta: una prefabricada de 80 metros cuadrados con depósito de aguas fecales, depósito de agua potable y placas solares se estima entre 30.000 y 50.000 euros, más un terreno de 500 metros cuadrados. Con esos números, se sostiene, sale más barato que un piso, y ese es justo el motivo por el que no se autoriza. El detalle de costes, partida a partida, es donde el asunto deja de ser opinión y se convierte en aritmética.

¿Se puede construir hoy donde se quiera?​

No, y la explicación larga aclara por qué. Ya se admiten viviendas unifamiliares aisladas fuera de los núcleos, siempre con una parcela mínima que oscila entre una y dos hectáreas según la comunidad autónoma y sin formar núcleo de población. El límite no es capricho: sin planificación no hay quien recoja las aguas fecales, garantice agua potable, tienda la red eléctrica o lleve el acceso rodado, y menos aún colegios, centros de salud y alumbrado.

Los partidarios de abrir la mano responden que basta con autorizar módulos autosuficientes en suelo rústico y dejar que el mercado haga el resto. Los críticos señalan el efecto llamada: cada familia cagando y meando en su hectárea, con el freático de por medio, convierte el paisaje en un problema sanitario a diez años vista.

Sistema mixto, impuestos y el nudo autonómico​

La propuesta que más apoyos recoge no rompe nada, lo mezcla. Propiedad privada sí, mercado privado sí, y en paralelo un parque público de alquiler construido a lo grande. Con dos cerrojos añadidos: límites a la compra por fondos de inversión y por compradores extranjeros, e impuestos crecientes a partir de la tercera vivienda para que el ladrillo deje de ser refugio de inversión.

Otra corriente se fija en los impuestos y en el gasto. Sostiene que eliminando IVA, tasas y gastos burocráticos en compra, donación y herencia bajaría el precio, y que suprimir el Estado autonómico, recortar ayuntamientos y adelgazar estructuras dejaría dinero en el bolsillo de todos y sobrarían casas. La objeción es que ese ahorro iría al bolsillo de quien controla la oferta, no al del comprador. Y una tercera línea, la más bronca, cruza el asunto con el control de la inmigración irregular; son tesis sostenidas con vehemencia en el extremo del espectro, sin datos que las respalden en esta discusión.

Al margen del ruido, hay una coincidencia que casi nadie discute: España es el segundo país más extenso de Europa occidental, con 505.990 kilómetros cuadrados, y no le falta suelo físico. Hay quien propone construir vivienda pública en municipios de menos de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado y llevar allí industria y empleo estable, para descongestionar Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La respuesta del otro lado es que nadie se muda a un polígono sin trabajo y que el Estado acabaría levantando casas donde no quiere vivir nadie.

El análisis se atasca exactamente en el mismo punto que al principio. Cuántas viviendas vacías hay, en manos de quién están y cuántas harían falta para cubrir la demanda: nadie pone la cifra encima de la mesa. Sin ese número, expropiar y liberalizar suelo siguen siendo dos eslóganes que se miran de reojo.