Jhul Príncipe Casahuaman, de 25 años, apuñala a su expareja en Palmeira tras una discusión
El último martes, sobre las cinco y media de la tarde, la planta baja de un edificio en el número 9 de la calle Doctor Torres, en Palmeira (Ribeira, La Coruña), dejó de ser una dirección anodina. Allí, según las primeras informaciones,
Andrea Melithza Yturry Alave, de 25 años y de nacionalidad peruana, fue asesinada con un cuchillo de cocina. El presunto autor es
Jhul Príncipe Casahuaman, también peruano, de la misma edad y expareja de la víctima, con quien tenía un hijo de dos años que no estaba en casa en ese momento.
La secuencia que reconstruyen las fuentes es la de una disputa que escala. Discusión, forcejeo y, al final, un arma blanca al alcance de la mano en la cocina. La mujer recibió al menos tres heridas —una en el cuello y dos entre tórax y abdomen— que resultaron mortales. Cuando la Policía forzó la entrada, la encontró ya sin vida en el suelo. El hombre, con múltiples cortes, fue trasladado al Hospital de Barbanza bajo custodia. Antes había llamado a un familiar para confesar lo ocurrido y anunciar su intención de quitarse la vida; fue ese familiar quien alertó al 112.
Qué se sabe del presunto autor y de la víctima
El detalle que ha funcionado como detonante del caso es el historial del detenido. Según las informaciones publicadas,
ya había quemado el coche de una profesora de su instituto cuando era adolescente. Ese dato, repetido hasta la saciedad, ha servido para construir dos relatos opuestos: el de quien lo lee como una señal de alarma que nadie quiso ver y el de quien recuerda que un expediente juvenil no convierte a nadie en asesino por defecto.
La víctima residía en España y tenía un hijo pequeño con el presunto agresor. El menor se encontraba con unos familiares cuando ocurrieron los hechos, un detalle que ha evitado una tragedia aún mayor. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santiago para la autopsia. El arma utilizada fue hallada en el lugar.
El debate sobre inmigración y delincuencia que reabre el caso
El caso ha caído en un terreno minado. Una parte del análisis sostiene que los delitos cometidos por extranjeros se invisibilizan en las estadísticas oficiales y que, cuando se conocen, se achacan al conjunto de la sociedad. Otra corriente recuerda que la nacionalidad no es un factor predictivo de criminalidad y que generalizar a partir de un caso concreto es, además de injusto, estadísticamente tramposo.
Lo que sí es un hecho es que el debate sobre las cifras de criminalidad por origen lleva años atascado.
No existe un registro público desagregado por nacionalidad que permita zanjar la discusión con datos, lo que deja el terreno libre a la anécdota y al prejuicio. Quien quiera defender una tesis encontrará un caso; quien quiera defender la contraria, también.
El coste económico de un crimen que se repite
Más allá del drama humano, el caso ha activado el contador de gastos. Hay quien calcula que mantener a un preso en España cuesta varios miles de euros al año y que, si la condena se cumpliera en el país de origen, el ahorro para el contribuyente sería notable. Es un argumento recurrente en los debates sobre política penitenciaria y extranjería, y vuelve cada vez que un suceso así ocupa portadas.
La otra cara de la moneda es que la repatriación de condenados exige acuerdos bilaterales que en la práctica funcionan a cuentagotas. Sin convenios sólidos, la idea de que los criminales extranjeros cumplan condena en su país es más un deseo que una política. Y mientras tanto, el gasto policial, judicial y penitenciario lo asume el erario español.
El relato de género y el relato migratorio: dos marcos que chocan
El caso encaja en dos marcos interpretativos que compiten por el espacio público. Por un lado, el de la
violencia machista, que pone el foco en la relación de pareja y en el historial de control y agresividad. Por otro, el de la inmigración descontrolada, que pone el foco en el origen del agresor y en las políticas de entrada.
Ninguno de los dos marcos explica el caso por sí solo, y esa es precisamente la incomodidad. Quien subraya el machismo estructural se topa con la nacionalidad; quien subraya la nacionalidad se topa con que la violencia de pareja existe en todos los países. El resultado es un debate que se calienta pero no avanza, porque cada bando tiene su parte de razón y ninguno quiere cederla.
El caso sigue abierto. El detenido está bajo custodia policial en el Hospital de Barbanza, a la espera de que la justicia determine su situación. La autopsia confirmará lo que ya se sabe: que Andrea Melithza Yturry Alave murió por heridas de arma blanca en su propia casa. Lo que no está escrito es qué se hará con el hijo de dos años, ni qué pasa con un sistema que sigue sin saber cómo prevenir estos crímenes antes de que ocurran.