Todos los problemas de España se relacionan con unas pensiones de jubilación excesivas e injustas que constituyen usura

Pensiones europeas de élite pagadas con sueldos de África​

España paga las pensiones demasiado bien. No es un elogio almibarado, es el arranque de un problema aritmético que lleva años pasándose de mano en mano sin que nadie lo aborde en serio. El sistema español figura entre los séptimos más generosos del mundo y los quintos de Europa, codeándose por arriba y por abajo con países de salarios muy superiores. Y la cifra que lo resume todo no es un porcentaje abstracto: 13.000 millones de euros al mes.

¿Cuánto cuesta pagar las pensiones cada mes en España?​

Trece mil millones de euros. Cada mes. El dato circula con insistencia entre quienes sostienen que el sistema es insostenible por diseño, no por una mala gestión puntual que se arregle con un tijeretazo aquí y un ajuste allá. La parte incómoda es de dónde sale el dinero: uno de cada cuatro euros de la factura se cubre con impuestos y deuda pública, no con cotizaciones. Es decir, el mecanismo no se autofinancia y la diferencia se traslada al contribuyente que ya la paga y al que todavía no ha nacido.

Cuando un sistema de reparto pierde ese equilibrio deja de comportarse como un seguro y pasa a ser una transferencia intergeneracional con nombres y apellidos. Ahí empieza la pelea política, y ahí no hay medias tintas.

La tasa de reemplazo del 77% que supera a Alemania y Dinamarca​

El indicador que mide la generosidad relativa de una jubilación es la tasa de reemplazo: qué porcentaje del último salario laboral acaba cobrando quien se retira. España se sitúa en el 77%, más de 30 puntos por encima de la media comunitaria, según el informe de la Comisión Europea que se cita para sostener el diagnóstico. Alemania ronda el 50%. Dinamarca no llega al 40%.

La lectura que extraen los críticos es sencilla y molesta a partes iguales: si la pensión equivale a tres cuartas partes de un salario que ya es bajo en términos europeos, el problema no es solo de gasto, es de expectativas imposibles de sostener con la pirámide demográfica actual. Los defensores del sistema replican que la comparación engaña, porque la tasa de reemplazo mide una foto y no una trayectoria de cotización completa.

¿Se puede cambiar el sistema a quien está a punto de jubilarse?​

Es la objeción que corta cualquier reforma en seco. Quien lleva décadas cotizando no admite que le muevan las reglas al final del partido, y lo plantea sin rodeos: la empresa cotizaba por él, a él le descontaban todos los meses, y ahora no le vale que le digan que le va a quedar menos de lo estipulado. Frente a eso, la respuesta que se repite es que lo estipulado nunca estuvo guardado en ningún cajón: el sistema arrancó en 1964 como cotización obligatoria a cambio de una promesa de pago, y aquel dinero se gastó.

De ahí salen las propuestas más duras: que ninguna pensión supere el Salario Mínimo Interprofesional, que todas se igualen en torno a 1.350 euros, o el ejemplo manejado de una pareja que, con 2.300 euros entre ambos y la casa pagada, vive razonablemente bien. También se repite el diagnóstico de que no hay plata. Y la alternativa que se plantea desde el otro lado, la de sustituir el reparto por planes privados, choca con un recelo difícil de disimular: que la gestión acabe en manos del mismo banco de siempre.

El voto de los jubilados y el alquiler que no baja​

Del plano fiscal se salta al inmobiliario sin pausa. Se argumenta que las pensiones sostienen los precios de la vivienda porque muchos propietarios mayores no necesitan vender ni alquilar: no tienen prisa, no tienen hipoteca y no bajan el precio. Bajar las pensiones, dice esa tesis, sacaría más pisos al mercado y presionaría los precios a la baja. Enfrente, el contraargumento evidente: la vivienda sube por falta de oferta y por la inversión en ladrillo como refugio, no porque la nómina de los abuelos aguante el mercado.

La otra pata es electoral. Los pensionistas votan más y con más constancia que cualquier otro tramo de edad, y buena parte del análisis apunta al incentivo político: cualquier recorte les cuesta votos a quien lo firma. El diagnóstico más duro habla de una generación que bloquea el acceso de las siguientes a vivienda y a descendencia, mientras la promesa institucional que se pone sobre la mesa va en dirección contraria: ayudas para adaptar viviendas de mayores de 65 años, con unas 30.000 personas como beneficiarias potenciales.

El contraataque: funcionarios, chiringuitos y políticos​

No todo el mundo acepta el marco. Una corriente sostiene que el enemigo no son los jubilados sino el gasto político: ministerios, asesores, entes y contratos inflados que se comen el mismo dinero por la puerta de atrás. Otra apunta a los empleados públicos y sus complementos, con propuestas de topes salariales fijos y sin trienios. Y una tercera recuerda que las cuentas del sistema y las de la clase política no compiten: suman. Cuando el ajuste llegue, se preguntan, ¿quién va a pagarlo?

Sobre el informe que aconseja atraer población migrante y retrasar aún más la jubilación para evitar el colapso laboral, la respuesta del sector crítico es que se usa el comodín demográfico para no tocar el verdadero problema: un mercado laboral con salarios de subsuelo y cotizaciones que asfixian la nómina antes de pagarla.

Si el diagnóstico es correcto, el ajuste no llegará por convencimiento sino por aritmética: menos cotizantes, más jubilados y una deuda que alguien firma. Lo probable es una mezcla de retraso de la edad de jubilación, entrada de trabajadores de fuera y pensiones futuras bastante menos generosas que las actuales. Cuándo, cómo y con cuánta resistencia social es lo que nadie acierta a calcular.