Un gobierno de rentistas (Gabriel Albiac en El Debate)

El mercado inmobiliario español se encarece debido a la intervención estatal y la escasez de suelo edificable, afectando especialmente a los jóvenes, mientras varios miembros del gobierno acumulan propiedades.

El mercado inmobiliario en España se ha vuelto un laberinto cada vez más complicado, especialmente para las generaciones más jóvenes. La intervención del Estado en la gestión y los costes del suelo parece estar contribuyendo a esta espiral, haciendo la vida cada vez más difícil.

El patrimonio de los altos cargos

Un análisis de las declaraciones patrimoniales de algunos miembros del gobierno español revela una notable acumulación de propiedades inmobiliarias. El propio presidente, Pedro Sánchez, junto a su esposa, declara poseer ocho propiedades inmobiliarias, incluyendo seis viviendas y dos plazas de garaje. Otros ministros también presentan patrimonios considerables: María Jesús Montero, exvicepresidenta y exministra de Hacienda, cuenta con tres viviendas y un local; Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, posee cuatro viviendas; y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, declara tres viviendas.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, figura con seis inmuebles, entre ellos cuatro viviendas y dos plazas de garaje. Óscar López, ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene cuatro inmuebles. Pilar Alegría, exministra de Educación y Formación Profesional, declara dos viviendas y un apartamento. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, posee siete propiedades, incluyendo tres viviendas, dos plazas de garaje y dos trasteros. Incluso Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, declara dos inmuebles: una vivienda y un despacho.

No obstante, hay excepciones notables. Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, declaran no poseer propiedad inmobiliaria alguna. El caso de Ábalos, condenado, también se menciona en relación con propiedades.

Orígenes del problema del suelo

La dificultad para acceder a la vivienda en España no es un fenómeno reciente. Sus raíces se hunden en los inicios de la Transición, hace casi medio siglo. En aquel momento, los partidos políticos optaron por sustraer el suelo edificable del mercado libre, poniéndolo bajo la tutela de las autoridades políticas locales. Se habla de un porcentaje, como el 2 % que se citó en el parlamento autónomo de Cataluña, que supuestamente era una norma universal para los constructores como pago por la recalificación de terrenos no edificables. Este sistema, según se relata, implicaba la participación de todos los partidos con representación parlamentaria.

Este modelo se considera el "pecado original" a partir del cual se tejió una compleja trama de corrupción, cuyos aspectos más visibles afectan a la sociedad actual. El aumento del coste de producción de una mercancía como la vivienda se traslada inevitablemente a su precio final. La comparación del precio de la vivienda a principios de los años ochenta con el actual puede resultar sorprendente.

El impacto de la intervención estatal

La intervención estatal en el mercado del suelo, especialmente en lo que respecta a su reparto y costes, parece estar intensificando la opacidad del mercado. Esto, a su vez, dificulta aún más el acceso a la vivienda, un problema que ya es crítico para amplios sectores de la población, sobre todo para los jóvenes. Mientras la escasez de suelo edificable siga marcando costes sobredimensionados, será difícil ver una bajada significativa de los precios. La situación actual sugiere que, cuanto más interviene el Estado en estos procesos, más turbio se vuelve el mercado y más inalcanzable se torna la vivienda.