Un ertzaina se cambia de género en el Registro y se monta un lío en la comisaría

Un ertzaina se acoge a la ley trans y desata la guerra en el vestuario​

Una cortina morada duró poco. El agente la instaló alrededor de su taquilla para cambiarse sin molestar y le obligaron a quitarla. Esa misma taquilla había sido trasladada al vestuario femenino de una comisaría de la Ertzaintza en Gipuzkoa. El motivo: el ertzaina se ha inscrito como mujer en el Registro Civil al amparo de la ley trans y, según el relato conocido del caso, el nagusi lo comunicó en el briefing de entrada al turno.

En esa comisaría trabajan medio centenar de mujeres. En cada grupo de turno coinciden al menos una decena y, en los relevos, pueden llegar a juntarse unas veinte en el vestuario.

Los hechos: qué ha cambiado en la comisaría​

El agente había expresado hace cinco años, cuando empezaba a hablarse de una futura ley, su voluntad de dar el paso. No lo hizo hasta este verano, ya con la norma en vigor y sin necesidad de tratamiento ni diagnóstico. Su taquilla se movió junto a la de sus compañeras y el primer día colocó una cortina morada que él mismo había comprado para «no incomodar a nadie ni invadir su espacio». Se la obligaron a quitar.

Antes había propuesto alternativas: usar uno de los tres vestuarios de la comisaría como mixto, idea descartada, o llegar ya vestido desde casa, una opción prohibida. «He hecho todo lo que estaba en mi mano», sostiene, y añade que el aspecto no le importa. Como solución provisional, patrulla de paisano —la Ertzaintza cuenta con unidades de civil, los askatus— mientras se busca una salida. También se ha decidido que no registre corporalmente a nadie.

¿Qué permite la ley trans y por qué resultaría difícil probar un fraude de ley?​

Desde que la norma se aprobó, cualquier persona puede acudir al Registro Civil e inscribirse con un género distinto al de su documento por la sola voluntad. Ese es el marco que explica lo ocurrido. La acusación de fraude de ley, muy repetida, choca con un obstáculo práctico: resulta difícil acreditarla en este caso porque el agente no se ha presentado a ningún curso de ascenso en el que ser mujer pudiera beneficiarle.

Hay un precedente publicado que sí acabó en negativa. El Registro Civil de Las Palmas denegó la solicitud de un militar que quería inscribirse como mujer para conseguir un ascenso, y el juez concluyó que su intención no era acogerse a los supuestos de la ley, sino aprovecharse de la discriminación positiva. La diferencia con el caso de la comisaría no es de principios, sino de pruebas: allí había un ascenso concreto a la vista; aquí, no.

«Todo el mundo sabe que es mentira, pero nadie hace nada»​

El malestar se concentra entre las agentes que comparten vestuario. Dudan del motivo real del cambio y lo argumentan con detalles: sigue vistiendo como antes, se refiere a sí mismo en masculino y no ha cambiado estética, nombre, voz ni comportamiento. «En ese caso, habríamos sido las primeras en ayudarle», dicen. Añaden que les molesta que se les pueda tratar de homófobas por quejarse.

La queja de fondo no es de identidad, sino de intimidad: «Tengo la inquietud de que pueda entrar y me vea desnuda». Han llevado el asunto a los sindicatos, a Asuntos Internos y a la Asesoría Jurídica, y sostienen que se les ha advertido de que extremen el cuidado con lo que dicen para no incurrir en un delito de odio. «Todo el mundo sabe que es mentira, pero nadie hace nada. En nosotras no ha pensado nadie», resume una de ellas. El Departamento de Seguridad, al que de momento solo le consta la solicitud de cambio de sexo, se limita a prometer que velará por el respeto escrupuloso de los derechos de cada agente.

El cálculo laboral que nadie quiere poner por escrito​

Con independencia de la identidad, el caso ha abierto una rendija incómoda para cualquier plantilla: hay quien sostiene que el cambio tiene efectos operativos medibles. Patrullar de paisano, quedar eximido de los cacheos y no uniformarse reduce, según esta lectura, la exposición al riesgo y reparte entre los compañeros de patrulla las tareas más ingratas, con el mismo salario. Hay quien lo formula así sin rodeos y quien lo considera una lectura malintencionada de una decisión personal. Nadie ha demostrado intención de aprovecharse; tampoco existe un mecanismo que impida, en abstracto, que alguien lo haga.

En paralelo circula una cifra que apunta al mismo flanco por otro lado: en el debate sobre las pruebas de acceso a la Ertzaintza se repite la de 1,55 metros como altura mínima permitida en el caso de las mujeres. Puestos a hablar de incentivos, el asunto deja de ser solo un problema de vestuario.

Lo único claro: nadie sabe cómo termina​

La situación sigue sin solución formal. El agente trabaja en la calle, sin uniforme, sin cachear a nadie y con la taquilla donde sus compañeras no querían que estuviera. A la fecha de publicación de la información, el Departamento de Seguridad no había resuelto nada más allá de constatar la inscripción registral. La ley se cumplió el primer día; la convivencia sigue pendiente de un acuerdo que nadie se atreve a firmar.