Brote verde: La entidad vinculada al sindicato de inquilinos recibió 1,15 millones en subvenciones

El instituto vinculado al sindicato de inquilinos cobró 1,15 millones públicos​

Un millón ciento cincuenta y cuatro mil euros de dinero público. Esa es la cifra que aparece en la resolución del Ministerio de Hacienda obtenida a través del Portal de Transparencia y publicada por The Objective: el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), un grupo de investigación vinculado al Sindicat de Llogateres, ha recibido 1.154.110,8 euros en subvenciones desde diciembre de 2021. Hay quien ve en ello una paradoja: una entidad que actúa como contrapoder del mercado del alquiler se sostiene, en parte, con dinero de la administración a la que interpela.

Qué confirma la resolución de Hacienda y qué queda en el aire​

El documento acredita la cuantía y el periodo. No dice, al menos con lo publicado, en qué se ha gastado cada euro ni si hubo irregularidad alguna. Ese hueco lo llena la interpretación: hay quien lee la cifra como prueba de que el activismo por la vivienda se profesionaliza con cargo a los presupuestos, y quien sostiene que una fundación de investigación urbana con financiación pública no es noticia, sino rutina administrativa.

La diferencia importa. Una subvención concedida conforme a la ley puede discutirse políticamente sin que nadie haya cometido delito. Convertir el dato en sentencia es otro deporte, y en este caso nadie ha aportado todavía el más mínimo indicio de desvío.

Por qué se dice que en España solo existe el Estado​

Debajo del caso late una discusión más vieja: la sospecha de que en España apenas queda tejido asociativo que no dependa del presupuesto. Un participante sostiene que, cuando una organización vive del Estado al que interpela, su independencia pasa a ser una hipótesis de trabajo y no un punto de partida, y lleva esa idea al extremo de afirmar que la sociedad civil organizada, simplemente, no existe al margen de la administración.

Enfrente aparece el argumento contrario, casi de sentido común cotidiano: la administración es lenta, opaca y a menudo incapaz de resolver un trámite básico, de modo que hablar del Estado como máquina omnipresente suena exagerado. Las dos ideas conviven sin resolverse, y esa tensión explica mejor el enfado que cualquier cifra.

La lista de viviendas que circula sin respaldo documental​

Junto a la cifra circula, publicado por un participante del debate, un listado que atribuye carteras inmobiliarias a cargos electos y figuras conocidas, con números que van de las siete a las veinte viviendas. Ninguna de esas atribuciones viene acompañada de documentación registral en el material disponible. Funcionan como munición retórica en una conversación donde el patrimonio de quien legisla se ha convertido en prueba de intención.

De ahí sale el resumen más repetido: unos cobran la subvención y otros cobran el alquiler, y las dos cosas se miran con la misma desconfianza.

Las acusaciones de vínculos con Open Society y el caso de la inquilina símbolo​

También hay quien atribuye al sindicato conexiones con fundaciones internacionales del entorno de George Soros. Quien lo sostiene no aporta un solo documento, y a la fecha de esta discusión no consta verificación alguna. Es el tipo de sospecha que se apoya en la repetición, no en la prueba.

El otro escenario que reaparece es el de una inquilina cuya situación se convirtió en símbolo mediático: un participante relata que su imagen fue paseada en camilla. Frente a eso, otro recuerda que el problema de fondo es otro y pone como ejemplo, sin más respaldo que su propio comentario, una noche de piso turístico a 240 euros. Ahí el foco se desplaza de quién cobra la subvención a quién cobra el alquiler.

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Con estas piezas, la pregunta incómoda ya no es cuánto dinero público recibe una entidad, sino si puede exigirse transparencia al mercado inmobiliario mientras se cobra del erario sin desglose público. Y esa, hoy, sigue sin respuesta.