Ultima hora: el pp da marcha atrás en acoger menas de momento ante la presión de vox

El PP acepta 400 menores migrantes y rechaza el reparto por falta de financiación​

La propuesta del Gobierno para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería se estrella contra un muro que no es ideológico sino contable. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP consideran que la financiación propuesta por Moncloa es insuficiente y han rechazado el acuerdo, aunque sí han aceptado el reparto de 400 menores que llevaba pendiente desde 2022. El pulso entre ambas administraciones se libra en una franja de terreno donde conviven la solidaridad declarada y la factura que nadie quiere pagar.

Qué propone el Gobierno y qué responden las comunidades​

El Ejecutivo planteó una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La propuesta incluía una financiación que las regiones del PP han calificado de insuficiente. No es un rechazo al principio de acogida, según la versión que se desprende del material: es una discrepancia sobre quién paga la factura y con cuánto.

Las comunidades gobernadas por el PP han aceptado, en cambio, el reparto de 400 menores que estaba pendiente desde 2022. Es decir, aceptan recibir personas pero rechazan el marco legal y financiero que el Gobierno quiere aprobar. La distinción importa porque desactiva el relato de bloqueo absoluto y lo sustituye por una negociación presupuestaria.

Hay quien sostiene que el verdadero motivo del rechazo es arrancar más dinero al Estado. El cálculo que circula en el debate apunta a que cada menor acogido tiene un coste elevado para las arcas autonómicas y que la dotación estatal no cubre ni de lejos el gasto real. La cifra completa, desglosada partida a partida, da una diferencia que sorprende.

La presión de Vox y el órdago a los gobiernos autonómicos​

Vox había amenazado con romper los gobiernos de coalición con el PP si sus socios aceptaban el reparto. El PP ha respondido aceptando los 400 menores pendientes y desafiando a Vox a que haga lo que tenga que hacer. La formación de Abascal se enfrenta ahora a una decisión incómoda: cumplir su amenaza y romper gobiernos autonómicos o quedarse en la irrelevancia de quien avisa y no ejecuta.

En el análisis que se hace desde la derecha, la ruptura beneficiaría a Vox. El argumento es que un partido que amenaza y no cumple queda disuelto en la irrelevancia, como le ocurrió a Ciudadanos. El órdago estaría bien pensado: en plena crisis migratoria y con el verano por delante, cualquier suceso grave daría combustible suficiente para ganar poder en unas hipotéticas nuevas elecciones regionales.

La otra lectura es que Vox no puede permitirse romper gobiernos que le dan visibilidad institucional. La tensión entre la cúpula del partido y sus barones territoriales es real, según se desprende del material. Cada presidente autonómico tiene sus propios intereses y no todos están dispuestos a sacrificar su consejería por una estrategia nacional.

El coste real de la acogida: quién paga los centros​

El debate económico de fondo es quién asume el gasto de los centros de acogida. Las comunidades sostienen que el Estado les transfiere competencias sin transferir recursos suficientes. El Gobierno replica que ya financia parte del coste. Ninguna de las dos partes ha publicado el desglose completo.

En el material se apunta a que el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones alcanzó los 181.932 millones en 2022, un 5,1% más que el año anterior. Es una cifra global que no desglosa cuánto va a menores migrantes, pero da una idea del volumen de recursos que maneja el departamento.

Hay quien compara ese gasto con la financiación de otras partidas, como la dependencia o las residencias de mayores. La comparación es recurrente: mientras se habilitan centros de acogida en tiempo récord, hay dependientes y ancianos españoles esperando plaza en residencias durante años. Es un argumento que aparece con insistencia y que conecta la política migratoria con el gasto social.

La dimensión política: Feijóo, Vox y el espacio de la derecha​

El movimiento del PP ha sido interpretado por una parte del electorado de derechas como una traición. La acusación es que Feijóo aprueba todas las políticas del Gobierno y que su partido es una muleta del PSOE. La expresión que se repite es que el PP es la PSOE azul.

Otra corriente sostiene lo contrario: que aceptar a los 400 menores pendientes es una forma de quitarle a Vox su principal bandera y de demostrar que se puede gestionar la inmigración sin romper gobiernos. Es la tesis de que el PP ocupa el centro derecha y deja a Vox en el extremo.

El resultado electoral de este pulso está por ver. Lo que sí se desprende del material es que la inmigración se ha convertido en el eje que reorganiza el espacio político de la derecha. Y que el dinero, no la ideología, es lo que está decidiendo quién acepta y quién rechaza.

¿Se puede sostener un reparto obligatorio de menores cuando las comunidades que deben recibirlos consideran que no les llega el dinero para pagarlo?