Se hace viral este demoledor video de silvia intxaurrondo, "la portavoz del gobierno": ver para creer

El vídeo viral sobre Intxaurrondo y los 547.514 euros de RTVE​

¿Cuánto cobra la periodista que presenta el telediario más visto de España y a quién responde? Esa es la pregunta que ha convertido en fenómeno viral un montaje sobre Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de La 1 en RTVE. El detonante: la información publicada por El Mundo y confirmada después, según se sostiene, por la propia presidenta interina de RTVE en respuestas parlamentarias, según la cual el contrato de la periodista con RTVE alcanza un máximo de 547.514 euros por dos años, 10.000 euros más de lo que se había publicado inicialmente. La cifra circula por redes y grupos de mensajería acompañada de una etiqueta que resume el malestar: la portavoz del gobierno.

Qué dice el contrato de Silvia Intxaurrondo con RTVE​

Los datos que se manejan en el debate son concretos. El contrato se articula a través de una sociedad, no como nómina directa, y el importe máximo por los dos años de vinculación asciende a 547.514 euros, según la información publicada por El Mundo y confirmada, según se sostiene, por la propia presidenta interina de RTVE en respuestas parlamentarias. La cifra supera en 10.000 euros lo que se había difundido en un primer momento.

El cálculo anual que se hace en el debate ronda los 537.000 euros de sueldo atribuido a RTVE, aunque la cifra exacta depende del periodo y del concepto. La comparación que se lanza es inmediata: el presidente del Gobierno declara 90.010 euros anuales, según los datos que se citan. ¿Cómo se sostiene esa diferencia entre el sueldo del que nombra y el de la que informa?

Hay quien sostiene que el uso de una sociedad para facturar es una práctica habitual entre profesionales de altos ingresos y que la crítica debería centrarse en el importe, no en la forma jurídica. En contra pesa el argumento de que esa misma estructura se ha usado para señalar a otros contribuyentes que trasladan su actividad al extranjero. La coherencia, dicen, no es un adorno.

El vídeo que ha hecho saltar la liebre​

El montaje que se ha viralizado no aporta datos nuevos: recorta declaraciones y las contrapone a imágenes de archivo. Lo que ha hecho es empaquetar un malestar que llevaba meses cocinándose. La pieza se comparte con el mismo comentario en distintos canales: ver para creer.

La acusación de fondo que recorre el debate es la de periodismo sincronizado. Se argumenta que determinados rostros de la televisión pública repiten un guion que no escriben ellos, y que ese guion sirve a un relato político concreto. La respuesta a esa acusación no aparece en el material: nadie defiende aquí la independencia editorial del ente público. Eso, en sí, ya dice algo del tono de la conversación.

La televisión pública y el relato sobre la inmigración​

El segundo foco del debate no es el sueldo, sino el contenido. Se sostiene que las imágenes que emite la televisión pública sobre la llegada de embarcaciones a las costas españolas seleccionan sistemáticamente a menores para construir una imagen concreta, y que esa selección oculta el perfil real de quienes llegan. La afirmación se lanza sin aportar verificación y se repite con variantes: cada vez enfocan las barcazas desde más lejos.

Conviene separar el dato de la opinión. Que existe un debate público sobre cómo se informa de la inmigración es un hecho. Que ese debate se articule en torno a la edad de las personas que llegan es otro. Las afirmaciones sobre supuestos antecedentes penales o sobre vaciado de cárceles en el país de origen son, en el material disponible, opiniones sin respaldo documental, y así deben leerse.

El argumento que sí tiene recorrido es otro: si el criterio es la humanidad, devolver a un menor a su familia es lo humanitario, y retenerlo lejos de ella no lo es. Se pregunta, con lógica incómoda, por qué la fiscalía de menores o el defensor del menor no actúan de oficio. La pregunta queda sin respuesta en el material.

El doble rasero territorial que nadie quiere discutir​

Hay una grieta en el relato que el debate detecta con precisión. Se sostiene que determinadas formaciones independentistas rechazan la acogida de menores migrantes en su territorio y que esa negativa no recibe la misma cobertura crítica que la de otras formaciones. La acusación de doble rasero se lanza contra los medios, no contra los territorios.

El argumento se completa con una observación sobre el mapa: las regiones que se oponen a la acogida no son las más pobres ni las más castigadas. Son, en varios casos, las que mejor financiación reciben. Ese cruce de datos no se desarrolla en el material, pero la intuición queda apuntada.

Qué se juega RTVE con este debate​

El asunto tiene una derivada institucional que trasciende el sueldo de una presentadora. RTVE es una corporación financiada con dinero público y su presupuesto depende de los Presupuestos Generales del Estado. Un contrato de esa magnitud, articulado vía sociedad, en una empresa que ha despedido a cientos de trabajadores en la última década, no es un detalle administrativo.

La pregunta que sobrevuela todo el asunto es la de siempre: ¿quién controla a quién? Si la televisión pública paga cifras de mercado a sus rostros principales, tiene sentido que compita por audiencia. Si además esos rostros marcan la línea editorial del ente, la discusión deja de ser económica. El debate no la cierra. La deja abierta, que es lo honesto.

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Al final, el vídeo viral no ha descubierto nada que no estuviera publicado. Solo ha puesto una cifra y una cara en la misma pantalla. Lo demás lo pone el espectador, que lleva años viendo cómo le explican el mundo desde un sitio que paga él.