Wellcome. El orate quiere obligar a Madrid a acoger a todos los menas que rechace Cataluña

El PSOE plantea cuotas obligatorias de menores migrantes para las autonomías​

Una proposición registrada en el Senado introduce en el vocabulario administrativo español una figura que hasta ahora sonaba a oxímoron: la solidaridad obligatoria. El texto, impulsado por el PSOE, propone estudiar un mecanismo para que el Estado reparta entre las comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados que hoy tutela Canarias, con una distribución «proporcional y justa» y, si alguna autonomía no colabora, de forma «vinculante». La letra pequeña convierte la cooperación en cupo y el cupo en imposición.

El detalle que ha encendido el debate no es el reparto en sí, sino su asimetría. El mismo Ejecutivo que negocia con Cataluña la cesión íntegra de competencias en inmigración reserva para el resto de territorios un sistema donde el número lo fija Madrid. La comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso aparece en todos los análisis como el destino prioritario de esa presión.

Qué dice exactamente la proposición del Senado​

El texto pide «impulsar la negociación y firma de un convenio de cooperación» entre la Administración General del Estado y las comunidades para establecer «un procedimiento ágil que permita la derivación y distribución estable» de los menores desde Canarias. Hasta ahí, nada nuevo: los traslados ya existen. La novedad llega dos párrafos después, cuando se plantea estudiar, «en caso de que no exista voluntad de cooperar por parte de alguna Comunidad Autónoma», un procedimiento basado en la «responsabilidad compartida y la solidaridad obligatoria y vinculante».

La proposición invoca la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor para recordar que estos chicos tienen derecho a educación, asistencia sanitaria y prestaciones básicas en las mismas condiciones que los menores españoles. También aporta el balance de traslados: 539 en 2021-2022 y 345 en 2023, cifras que el propio texto califica de insuficientes.

Los números que sostienen el reparto​

El documento maneja tres datos que explican la urgencia. En 2023 llegaron de forma irregular a Canarias por vía marítima 39.910 personas. En las islas permanecen más de 5.700 menores bajo tutela del Gobierno canario. Y el traslado de adultos, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, funciona con agilidad, mientras el de los chicos va más lento «al no contar con la solidaridad suficiente» del resto de comunidades.

La derivación de adultos descongestiona centros y permite movilidad. La de menores exige plazas, tutela y presupuesto. Ahí está el nudo: el coste no es el viaje, es la plaza residencial, el aula y el equipo de atención.

La asimetría con Cataluña que nadie discute​

El argumento que recorre los análisis más críticos es la contradicción competencial. Si la inmigración se cede íntegra a Cataluña por exigencia del independentismo, ¿con qué criterio se impone a Madrid un cupo calculado en Moncloa? La respuesta oficial es el interés superior del menor. La respuesta política es que el reparto se convierte en herramienta de negociación territorial.

Hay quien sostiene que el sistema actual ya es un cupo de hecho y que la única novedad es ponerle nombre. En contra pesa el argumento jurídico: las comunidades tienen competencias propias en servicios sociales y tutela de menores, y un convenio vinculante las vacía de contenido.

El ruido de fondo: empleo, delincuencia y relato​

Buena parte del descontento no discute cuotas, discute el marco. Se argumenta que los empresarios necesitan mano de obra barata y que los menores, al cumplir 16 años, entran en el mercado laboral. Otros responden que ni en los polígonos industriales ni en el campo se ven esos trabajadores que el relato promete, y que la inserción real es mínima.

La discusión deriva a menudo hacia la seguridad y la convivencia, con posiciones que atribuyen a estos chicos conductas delictivas sin más base que la percepción. El dato disponible en el texto es otro: son menores tutelados, con derecho a sanidad y educación, y el sistema los distribuye mal.

Quién paga la solidaridad​

El reparto obligatorio traslada el coste desde Canarias hacia las comunidades receptoras sin aclarar la financiación. El texto no cuantifica la partida. Tampoco fija un techo por región ni un calendario. Solo el principio: proporcionalidad y vinculación.

Con esos mimbres, la pregunta que queda abierta no es cuántos menores llegan, sino quién decide cuántos y con qué dinero. Y si esa decisión se toma en Moncloa, ¿qué margen real le queda a la comunidad que dice no?