ULTIMA HORA: El juez llama a declarar como imfrutada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio

Begoña Gómez declara el 5 de julio: el fango ya tiene fecha​

Según la lectura más estricta del procedimiento, Begoña Gómez no está imputada. Tampoco investigada. Y aun así, el 5 de julio tiene que sentarse ante un juez a dar explicaciones. La aparente contradicción no es un error de nadie: es la consecuencia de que la citación para declarar sea, en la práctica, el momento en que alguien pasa a estar formalmente bajo investigación. Hasta entonces, sostienen varios juristas, es solo una persona señalada por el relato. Y el relato, en un caso con este nivel de exposición pública, reparte culpas mucho antes que cualquier auto judicial.

¿Qué diferencia hay entre imputado e investigado?​

En términos legales, prácticamente ninguna. La etiqueta de imputado se sustituyó por la de investigado para designar lo mismo: la persona a la que un juez atribuye indicios y contra la que dirige la instrucción. El matiz que se está aireando estos días es otro, y es puramente procesal: que esa condición no se adquiere del todo hasta que el juez le toma declaración, con todas las garantías. De ahí el lío terminológico que ocupa portadas.

Para unos, el auto del juez Peinado ya coloca a Begoña Gómez en la categoría de investigada, y quien titula lo contrario manipula. Para otros, se manipula en sentido inverso al hablar de imputación antes de que exista esa declaración. El resultado es una discusión de vocabulario que se ha comido el fondo: qué se investiga, con qué indicios y por qué.

El espejo de Urdangarín: cinco años y diez meses​

La comparación aparece una y otra vez. Iñaki Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por tráfico de influencias, y hay quien sostiene que el caso de Begoña Gómez responde al mismo tipo de conducta con un añadido: que aquí se hablaría también de fondos públicos y no solo de consultorías privadas. La acusación, en cualquier caso, está todavía por sustanciarse.

Circula el razonamiento contrario. Que en el caso del exduque ninguno de los empresarios afectados llegó a querellarse, porque los informes encargados servían sobre todo para justificar unos pagos que no se pueden facturar de otra manera. Ese mismo esquema se proyecta ahora sobre el máster y las cartas de recomendación, y está en el centro de la instrucción. Nadie discute que se investiga; se discute qué se investiga exactamente.

El máster, la Complutense y las treinta empresas​

Hay quien sostiene en el hilo que la Universidad Complutense retiró el máster vinculado a Begoña Gómez días después de la citación. Según las informaciones publicadas, el programa se apoyaba en treinta empresas e instituciones y llegaba a incluir a su propia sociedad en la lista de colaboradores. El dato sirve para ilustrar el mecanismo que se examina: una cátedra o un máster como puente entre un nombre y un patrocinio.

¿Qué gana una empresa al aparecer en esa lista? Es la pregunta que sobrevuela el sumario. Si la respuesta es visibilidad y contactos, el asunto se mueve en el terreno del tráfico de influencias. Si la respuesta es dinero, cambia de escala por completo. Y de momento, como se apunta, no hay constancia pública de que ese dinero haya aparecido. El cálculo fino —cuánto facturaba la sociedad, quién pagaba y a cambio de qué— sigue sin desglose público.

La guerra de los medios y el 'fango' como categoría​

Hay un episodio que resume el nivel de precisión que se maneja. Un medio publicó que Begoña Gómez había sido imputada y acompañó un documento que, según su versión, lo certificaba. Horas después, un magistrado desmentía en directo la lectura de ese mismo papel. La secuencia circuló por televisiones y redes y dejó una idea clara: el debate público ha dejado de ir sobre el caso y ha pasado a ir sobre quién lo cuenta.

De fondo, una palabra que se repite hasta el agotamiento: fango. Unos la usan para describir la campaña contra el entorno del presidente; otros, para describir los hechos investigados. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que hace imposible el consenso.

El coste político para el Gobierno​

El caso desgasta el discurso de ejemplaridad que el Ejecutivo usó durante años contra el PP. Se ha recordado estos días que el propio Pedro Sánchez pedía dimisiones por imputaciones en el partido rival con el argumento de que la política debía ir un paso por delante de la legalidad. Ahora, con su mujer citada, ese mismo estándar se responde con la palabra fango y con la tesis de que existe una máquina mediática empeñada en fabricar escándalos.

A eso se añade el calendario. La citación llega en plena campaña de las elecciones europeas y con el verano a la vuelta de la esquina, dos factores que enrareces cualquier procedimiento. Hay quien lee en las fechas una maniobra de quien instruye; hay quien responde que el calendario judicial no se elige y que la única fecha relevante es el 5 de julio. Mientras, el secreto de sumario deja a todo el mundo hablando de lo que no puede leer.

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Queda por ver si la declaración del 5 de julio despeja algo o lo enturbia un poco más. Lo probable, a juzgar por el ritmo de las últimas semanas, es que el caso siga alimentándose de filtraciones y de titulares que corren más rápido que el sumario, y que la única certeza disponible siga siendo la de siempre: aquí nadie está condenado hasta que lo diga un tribunal. Todo lo demás, por ahora, es ruido.