Trabajadores esenciales afectados por la banderilla de astrazeneca reclaman una indemnización y mayor visibilidad

Trabajadores esenciales reclaman indemnización por la vacuna​

La factura de la vacunación masiva ha dejado de discutirse en los despachos y ha aterrizado en los juzgados. Un colectivo de trabajadores esenciales que asegura haber sufrido efectos secundarios graves tras recibir la inyección reclama al Estado una indemnización y, sobre todo, dejar de ser invisible. La demanda la articula ATEAVA, la asociación de afectados por la vacuna de AstraZeneca, y su portavoz, Pedro García García, lo plantea sin rodeos: reconocimiento del daño y compensación económica. No es un caso aislado, y esa es precisamente la mala noticia para las cuentas públicas.

Qué reclaman los trabajadores esenciales afectados por la vacuna​

El núcleo de la reclamación es doble: una indemnización y visibilidad. La asociación sostiene que quienes desarrollaron cuadros graves tras la inoculación quedaron fuera de todos los relatos oficiales, tratados como estadística menor. Hay quien recuerda que la vacunación se presentó como un acto cívico y que cuestionarla convertía a uno en sospechoso.

El grueso de los afectados son trabajadores considerados esenciales durante la pandemia. En al menos uno de los casos judiciales citados, el afectado se vacunó siguiendo las instrucciones de su empleador y en el marco del plan del Gobierno. Ese detalle, aparentemente menor, es el que después ha movido a los jueces.

El pulso social que subyace es más incómodo que el jurídico. Durante la campaña se señaló a los no vacunados; ahora una parte de los vacunados que sufrieron daños reclama exactamente el mismo trato de víctima que antes se negó a otros. La simetría no pasa desapercibida y explica por qué el asunto despierta reacciones tan encontradas.

Por qué los trombos de la vacuna se reconocen como accidente laboral​

Una sentencia pionera ha reconocido como accidente laboral los trombos sufridos por un profesor catalán tras la vacunación contra la covid. El fallo subraya que el docente se inoculó siguiendo las instrucciones de su instituto y dentro del plan del Gobierno, y ese hilo argumental —la vacuna como instrucción del puesto— es el que abre la puerta a una cascada de reclamaciones.

No es la única resolución. La Justicia ha reconocido por segunda vez los efectos de la inyección como accidente laboral, en un caso que afecta a las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Cada fallo que valida el nexo laboral añade presión: si pincharse derivaba del empleo, el daño deja de ser una desgracia personal y pasa a ser contingencia profesional. Y ahí el Estado aparece como responsable último.

Los casos concretos son duros. Un joven de Sevilla reclama un millón de euros a Sanidad tras quedarse parapléjico después de la segunda dosis; aporta informes que avalarían que su minusvalía del 84% está en relación directa con la vacuna. Otros siete afectados se han unido para pedir indemnizaciones alegando cegueras y minusvalías.

Fue voluntaria la vacunación o hubo obligación de facto​

Sobre el papel, nunca hubo obligación. En la práctica, el certificado covid funcionó como puerta de entrada a bares, viajes y buena parte de la vida social y laboral. Hay quien sostiene que esa presión administrativa fue una coacción de facto y que quien perdió el empleo por negarse tiene motivos para denunciar en el juzgado de lo social. Otros replican que nadie fue arrastrado a la fuerza y que cada cual decidió.

El marco legal alimentó la confusión. Feijóo defendió la vacunación obligatoria pese a que el Tribunal Constitucional tumbó la parte de la ley gallega que abría esa posibilidad. Y los colegios de enfermería advirtieron de que, con la nueva normativa, inmunizar sin prescripción médica era directamente ilegal. Un galimatías que cada juzgado interpreta a su manera.

Los 14 lotes y los 200 muertos: qué cifras están sobre la mesa​

La cifra que más ruido genera son los 200 fallecimientos que, según las informaciones publicadas, se habrían producido en España tras la administración de 14 lotes concretos de la vacuna. La lectura de ese dato está en disputa: asociar cada fallecimiento posterior a la vacunación no demuestra causalidad, y buena parte de esos casos responden a patologías previas. El Tribunal de Cuentas, por su parte, ha denunciado que la información sobre vacunas durante la pandemia era poco fiable y desfasada.

En paralelo circulan titulares que atribuyen a más de un centenar de estudios la capacidad de la vacuna de inducir o reactivar cánceres. Esas afirmaciones no cuentan con el respaldo de las agencias reguladoras y conviene tratarlas como lo que son: una hipótesis sin confirmar, no un hecho probado. En cambio, el Departamento de Salud de Estados Unidos ha ordenado a Pfizer y Moderna incluir el riesgo de miocarditis entre sus advertencias.

El Estado deberá afrontar previsiblemente una ola de demandas si los tribunales consolidan la doctrina del accidente laboral. La previsión razonable es un goteo de sentencias contradictorias durante años y una factura difusa que nadie ha presupuestado. Ahora bien, con el nexo causal todavía en disputa y las cifras interpretándose de mil maneras, apostar por un desenlace rápido es tan arriesgado como lo fue fiarse del prospecto.