Todos los influencers de derechas son kosher o hasbarratas que cobran en shekels.

El nuevo test que separa a los influyentes de derechas​

¿Quién paga, de verdad, a los creadores que dicen hablar por ti? El conflicto entre Israel y Hamás reabrió la pregunta en toda la esfera digital y, en su versión española, dejó una estampa incómoda: parte del público que llevaba años acusando a los medios de manipulación pasó a defender sin matices el relato de una de las partes. Y a señalar a sus propios referentes. Cada semana aparece un nombre nuevo en la lista de sospechosos, casi siempre bajo la misma etiqueta: «hasbarata».

Por qué el conflicto se ha convertido en el gran detector de lealtades​

La tesis que más se repite sostiene que esta guerra funciona como un algodón que nunca falla: quien denuncia la inmigración irregular y a la vez aplaude la política militar israelí estaría enseñando un doble rasero imposible de sostener. Quienes defienden esa lectura afirman que la derecha institucional concentró todo el foco en los ataques de Hamás y lo retiró de las víctimas del otro bando.

Entre los ejemplos que se citan aparece un militar español fallecido por fuego israelí en Líbano del que, se argumenta, apenas se habló, frente al pésame público por una militar que solo contaba con el pasaporte español. Son afirmaciones que circulan sin verificación independiente y que el propio intercambio no cierra. La acusación de fondo —pago, coordinación, disidencia comprada— se lanza contra comentaristas, presentadores y dirigentes, casi siempre sin más prueba que una captura de pantalla o una intuición sobre su apellido.

Una oferta de 5.000 dólares y redes de propaganda coordinada​

El argumento dejó de ser solo ideológico cuando empezaron a circular publicaciones atribuidas a una agencia de noticias catarí: un creador con 3 millones de seguidores en TikTok aseguró haber recibido una oferta de 5.000 dólares por grabar un vídeo de propaganda. La misma circulación atribuye a un usuario estadounidense la existencia de varias webs que coordinan el impulso de contenido proisraelí y el reporte masivo de sus críticos, con niveles de progreso y hasta un título honorífico para los más activos.

Conviene separar el grano de la paja: ni la oferta ni las plataformas de coordinación están confirmadas por una investigación independiente, y quien difunde las capturas tiene interés en que se crean. Pero el patrón que describen —dinero, incentivos y coordinación— es exactamente el que la publicidad digital lleva años normalizando en otros terrenos mucho menos épicos. Si un creador cobra por recomendar una crema, ¿por qué no iba a cobrar por defender una causa?

Los nombres que entran y salen de la lista​

En el tramo español, los señalados son mayoritariamente perfiles de derechas: presentadores con millones de seguidores, youtubers acusados de borrar publicaciones antiguas para no dejar rastro y dirigentes de partido. El reproche se extiende también a figuras del periodismo conservador a las que se atribuye, sin ninguna prueba, ascendencia o lealtades ocultas. Es la parte más sucia del asunto y la que peor se sostiene. Cualquier apellido vale como indicio.

El mismo rasero se aplica fuera de España. Comentaristas estadounidenses que hicieron carrera denunciando la manipulación mediática aparecen ahora, según esta lectura, alineados con el relato de siempre. La sospecha es tan amplia que acaba salpicando a casi todo el ecosistema: si la lista crece lo suficiente, deja de ser una acusación y se convierte en un ambiente.

La tesis de la disidencia controlada​

Detrás de las acusaciones concretas hay una hipótesis mayor, y bastante vieja: que buena parte de la crítica política disponible en redes cumple la función de válvula de escape. Se habla mucho de impuestos, de okupación y de ideología de género, y muy poco de quién financia las campañas o qué intereses mueven según qué banderas. Bajo esa lógica, el debate público se convierte en un teatro donde ambos bandos cobran del mismo empresario.

Es una idea cómoda, porque exime al espectador de cualquier responsabilidad y no necesita pruebas para funcionar. También es una idea que, llevada al extremo, deja al ciudadano sin ninguna voz en la que confiar. Y ahí es donde la sospecha se vuelve un negocio en sí misma.

La economía de la opinión pagada​

En el fondo, la discusión no es tanto moral como contable. Un creador de contenido vive de plataformas, patrocinios, suscripciones y, en algunos casos, financiación política directa o indirecta. Que exista oferta de dinero para orientar un mensaje no es una hipótesis disparatada: es el modelo. Lo grave no es que se pague, sino que se pague sin decirlo.

Con ese marco, la etiqueta de traidor pierde filo y gana el análisis: quién paga, cuánto y con qué contrapartida. La pregunta que abrió este texto sigue sin respuesta. Lo único confirmado es que alguien afirmó haber recibido 5.000 dólares por un vídeo; el resto de la lista se sostiene, por ahora, en capturas y en la convicción de que el enemigo nunca está donde se le ve.