Tiran del pleno a Rita Maestre por llamar Nanzis a los de vox.

Expulsan a Rita Maestre del pleno de Madrid por llamar nazis a Vox​

El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, expulsó a la concejala Rita Maestre después de que esta pidiera la palabra tras una intervención de José Luis Martínez-Almeida sin permiso, según el relato que abre la discusión. El detonante fue el uso del término «nazis» para referirse a los asistentes a las manifestaciones convocadas por Vox y el PP en Ferraz. La decisión del presidente del Pleno ha reabierto el debate sobre el doble rasero en la aplicación del reglamento: se argumenta que no hubo la misma contundencia con la agresión de Ortega Smith a Eduardo Rubiño.

El doble rasero que se denuncia​

La comparación que vertebra la polémica es concreta. Por un lado, la expulsión de Rita Maestre por una palabra. Por otro, la ausencia de expulsión de Ortega Smith tras su enfrentamiento físico con Eduardo Rubiño. Ese contraste es el que alimenta la tesis del doble rasero: se permite que se llame «terroristas» o «HaMas Madrid» a los adversarios, pero no que se les llame «nazis».

Hay quien sostiene que el problema no es el reglamento, sino quién lo aplica. El presidente del Pleno, Borja Fanjul, es el encargado de interpretar las normas de intervención y de decidir cuándo se cruza la línea. La discusión apunta a que esa interpretación no es simétrica: se aplica con rigor a unos y con manga ancha a otros. La consecuencia práctica es que el pleno se convierte en un escenario de confrontación política más que en un foro de debate municipal.

El uso político del insulto y la respuesta de Vox​

El término «nazi» es el eje del conflicto. Para unos, es una hipérbole legítima en un contexto de movilizaciones callejeras. Para otros, es una acusación grave que deshumaniza al adversario. En el trasfondo aparece una discusión más amplia sobre si Vox tiene o no relación con el nacionalsocialismo histórico. Una parte del análisis sostiene que el nacionalsocialismo alemán fue un sistema complejo, con raíces paganas y ocultistas, que poco tiene que ver con el fascismo de Mussolini ni con el nacionalcatolicismo de Vox. Otra parte responde que ese tipo de matices solo sirven para blanquear a la ultraderecha.

La discusión derivó hacia el terreno histórico. Se citan las diferencias entre el saludo romano y el saludo nacionalsocialista, las influencias de la sociedad Thule y las interpretaciones de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Es un terreno resbaladizo, y la conversación lo demuestra: cualquier matiz se lee como una toma de partido.

El circo institucional y el coste para el contribuyente​

Más allá del rifirrafe, hay un dato que sobrevuela la discusión: el coste de mantener un pleno que se convierte en espectáculo. Se menciona que los concejales cobran alrededor de 6.000 euros al mes. La cifra se usa como argumento para criticar que las instituciones se hayan convertido en un escenario de confrontación partidista. La pregunta implícita es si el reglamento se aplica para ordenar el debate o para rentabilizarlo políticamente.

La discusión también toca el uso mediático de la expulsión. Se argumenta que la concejala expulsada busca atención mediática y que la estrategia de llamar «facha» al oponente es una forma de movilizar a la base. Otros responden que la atención mediática es consecuencia, no causa, y que el problema de fondo es la falta de propuestas.

Qué se decide en el pleno y qué se decide en los medios​

El asunto de fondo es si el pleno del Ayuntamiento de Madrid es un órgano de gobierno o un plató. La expulsión de Rita Maestre por pedir la palabra después de que Almeida hablara sin permiso es el ejemplo que se usa para denunciar que las instituciones se tratan como propiedad privada. La discusión no se cierra: no hay una resolución sobre si la expulsión fue proporcionada ni sobre si hubo trato desigual. Lo que queda es la constatación de que el reglamento se ha convertido en un arma política más.

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Al final, el dato que descoloca no es la expulsión en sí, sino la normalidad con la que se asume que un pleno municipal sirva para esto. El reglamento dice una cosa; quien lo aplica, otra. Y el contribuyente, mientras, paga la función.