Ampliación brutal de la zona de bajas emisiones de Madrid.

Multas de 200 euros por entrar en Madrid sin etiqueta​

El aviso llegó al buzón y todavía no era una multa. Un conductor del área metropolitana, con un coche viejo en casa, ha recibido la notificación del Ayuntamiento de Madrid: su vehículo fue captado circulando por el entorno de Vallecas-Santa Eugenia, dentro de la zona de bajas emisiones. Viaje familiar para visitar a los padres, barrio de toda la vida, mismos trayectos que hace dos décadas. Nada de eso pesa cuando el vehículo va sin distintivo ambiental. A partir del 1 de julio, ese papel se convierte en 200 euros. Y hay un detalle que el propio afectado subraya: si te para un agente de movilidad, la sanción puede caer igual, aunque el período sea de aviso.

La secuencia es la de siempre. Se anuncia, se avisa, se da un margen y después se aprieta. Lo que cambia ahora es el calendario y, sobre todo, el perímetro. La restricción deja de ser un asunto de la almendra central y muerde en barrios donde el coche no es un capricho, sino la manera razonable de llegar al trabajo o de cuidar a un familiar mayor.

¿Qué es la zona de bajas emisiones de Madrid y qué coches quedan fuera?​

El sistema se apoya en el distintivo ambiental que clasifica cada vehículo. Los más modernos lucen etiqueta C, B o cero; los más viejos —los que van sin distintivo, o tipo A— son los grandes señalados. La vigilancia es automática: no hay medición real de humos por vehículo, sino una criba por antigüedad aplicada a un perímetro concreto.

Vallecas-Santa Eugenia es el punto donde ha saltado este aviso, a un conductor que entra desde el área metropolitana.

La discusión de fondo no es técnica. Hay quien sostiene que el objetivo real nunca fue limpiar el aire, sino ordenar quién entra en coche a la ciudad y quién se queda fuera. La otra cara es que la medida forma parte, según un argumento repetido en el hilo, del paquete de obligaciones ambientales que las administraciones dicen no poder esquivar.

El recule de Almeida: de la prohibición al año de permiso​

El terreno se movió. El Ayuntamiento trabaja ya en una nueva ordenanza de movilidad después de que la justicia tumbara las zonas de bajas emisiones de la capital, y lo hace con independencia de si recurre o no al Supremo. El argumento municipal, recogido en la prensa: sería una irresponsabilidad dejar a Madrid sin ordenanza.

En paralelo llegó la rectificación: un año de permiso para los coches sin etiqueta empadronados en Madrid, con las zonas especiales de Elíptica y Centro blindadas. La lectura más cínica que circula es que se asusta al personal con la amenaza de multas, una parte compra coche nuevo y después se recula cuando ya nadie puede deshacer la compra. Interpretación, conviene decirlo, no comprobada.

Lo que sí queda claro es el patrón. La prohibición se anuncia, el calendario se endurece y después se administra el perdón a plazos. A partir de ahí, cada colectivo empieza a moverse.

¿Baja el impuesto de circulación con estas normas?​

Según el caso que se pone sobre la mesa, sí. Un usuario cuenta que su coche nuevo de gasolina con etiqueta C ha pasado de pagar 120 euros de impuesto de circulación a 18. Es decir, hay bonificaciones municipales ligadas al distintivo ambiental.

El problema es la asimetría. La rebaja premia al coche nuevo y castiga al viejo, que es precisamente el que no se puede cambiar. Quien conduce un vehículo sin etiqueta no solo se juega la sanción: también paga el impuesto, la ITV y el seguro. El desglose de qué etiquetas quedarían fuera en la siguiente fase —y con qué fechas— es una de las incógnitas del asunto. Ninguna medida sobre la mesa rebaja el recibo en proporción a quien pierde la libertad de circular.

Madrid vota, Móstoles paga​

Aquí aparece la grieta metropolitana. Quien vive en la capital hace política con su voto; quien vive a veinte kilómetros y entra a diario con el coche carga con las consecuencias. Las ordenanzas de las zonas de bajas emisiones las firma el Ayuntamiento de Madrid, no la Comunidad; pero el efecto se extiende hacia fuera, sobre conductores que no eligen a ese alcalde.

La comparación con otras regiones se usa como munición. En la Comunidad Valenciana, con ejecutivos de PP y Vox, hay quien presume de haberse saltado las exigencias de zonas de bajas emisiones. Se presenta como prueba de que la norma se puede esquivar si hay voluntad política.

De fondo, una pregunta que va más allá de las siglas: si la restricción alcanzará pronto a los coches con etiqueta B y si algún día tocará a toda la comunidad.

De fondo: el argumento de la directiva europea​

Hay un argumento que atraviesa toda la conversación: ni el PP ni el PSOE están improvisando. Según se sostiene en el hilo, las zonas de bajas emisiones responderían a una exigencia europea que afecta a las ciudades de más de 50.000 habitantes; cambiar de siglas en el ayuntamiento no cambiaría la directiva.

Eso explica la sensación de déjà vu. Nombres distintos, mismas medidas. Unos con más retórica, otros con menos, pero todos con el mismo calendario por delante. La predicción más repetida es que el perímetro se ampliará y que después llegarán los vehículos con etiqueta B. Es una proyección, no un hecho consumado, aunque encaja con la dirección que llevan las normas.

Y para quien se consuela pensando que el recule deja el problema resuelto, ahí está el recibo: 200 euros de sanción por circular y una rebaja de impuesto que solo llega si cambias de coche. Un contraste que define mejor que ningún discurso quién sale ganando con todo esto.