Temporeros extranjeros en el campo: ¿el fin del empleo local?

Temporeros extranjeros en el campo: jornal de 65€ y críticas​

¿Cuánto cuesta realmente recoger la aceituna o el kiwi en España? En el debate se repite una cifra: jornales de 65 a 70 euros al día, el mismo pago que, según se argumenta, perciben los trabajadores nacionales. Sin embargo, hay quien sostiene que a los temporeros extranjeros se les descuentan comida y alojamiento, lo que reduciría el ingreso real a entre 10 y 15 euros diarios en el mejor de los casos. La polémica no es nueva, pero el choque entre la necesidad de mano de obra agrícola y las condiciones que se ofrecen a los trabajadores nacionales ha reabierto la brecha entre el relato institucional y lo que ocurre en los pueblos.

El jornal que no cuadra​

La campaña de la aceituna en muchos municipios depende de trabajadores llegados de otros países. En el debate se repite una cifra: 65 a 70 euros por jornada, el mismo pago que perciben los trabajadores nacionales, según se argumenta. Sin embargo, esa cantidad se presenta como bruta. Hay quien sostiene que a los temporeros extranjeros se les descuentan comida y alojamiento, lo que reduce el ingreso real a entre 10 y 15 euros diarios en el mejor de los casos. La diferencia entre lo que se paga y lo que llega al bolsillo es el núcleo del conflicto.

El cálculo más optimista asume que el trabajador cobra íntegro el jornal y paga su manutención por separado. El escenario pesimista parte de que el descuento es la norma. En medio, una pregunta sin respuesta oficial: ¿por qué esos puestos no se cubren con trabajadores locales si el salario es equiparable?

La paradoja del kiwi y la aceituna​

La experiencia de quien ha buscado empleo en el campo desmiente la versión de que faltan brazos. Un participante relata que, estando en paro, envió correos a todas las empresas de recolección de kiwi de su provincia y no recibió ni una respuesta. Dos llamadas telefónicas tampoco fueron atendidas. La prensa local insistía en que faltaba más de la mitad de los temporeros necesarios para la temporada.

El relato choca con otra realidad: hay quien afirma que españoles trabajan en negro en las cosechas para complementar ingresos, pero no lo dicen al primero que pregunta. La economía sumergida del campo funcionaría como un mecanismo paralelo que distorsiona cualquier estadística oficial. Mientras tanto, hay quien sostiene que el empresario que trae mano de obra extranjera con contrato en origen se asegura sumisión y disponibilidad absoluta, algo que un trabajador local con derechos no siempre ofrece.

¿Por qué no se cubren esos puestos con trabajadores nacionales?​

Porque las condiciones laborales y salariales no resultan atractivas. Ese es el argumento que se repite con más insistencia. La solución que se propone desde algunos sectores es simple: subir la remuneración hasta que aparezcan nativos dispuestos a hacer el trabajo. Ese sería el precio de mercado real, sin adulterar. En el debate no consta que la patronal agrícola haya advertido de que cualquier aumento del coste laboral se trasladaría al precio final del producto o directamente haría inviable la explotación.

El círculo se cierra con la competencia internacional. Si el producto español sube de precio, el consumidor opta por el marroquí o el peruano, producido con costes aún más bajos. La trampa es evidente: se exige proteccionismo para los precios agrícolas, pero se defiende la libre circulación de personas para mantener la mano de obra barata.

El precedente que nadie quiere mirar​

En Francia, el jornal agrícola se paga a 100 euros e incluye alojamiento, según se cita en el debate. La comparación es recurrente: si al año siguiente de traer temporeros extranjeros se hubiera pagado como en el país vecino, el problema se habría resuelto solo. En su lugar, se optó por importar trabajadores dispuestos a aceptar menos.

La propuesta más radical que circula es la de nacionalizar el suelo agrícola y ceder su uso en concesión temporal, de modo que los agricultores no puedan especular con la tierra. Otra medida que se menciona es la de penalizar con cárcel al empresario que contrate mano de obra no nacional, siguiendo el modelo de Japón o Corea del Sur. Son ideas que suenan a chino en el debate español, pero que en otros países funcionan.

La grieta política​

El asunto ha derivado en un choque de banderas. Una parte del debate sostiene que la inmigración descontrolada comenzó con Aznar, mientras otra acusa a los gobiernos posteriores de agravar el problema. La discusión sobre si los temporeros son «nuestros niños» o «esclavos del tercer mundo» ocupa más espacio que los datos.

Lo cierto es que la contradicción es difícil de sostener: se pide consumir producto nacional, se exige protección para el campo español y, al mismo tiempo, se acepta que la mano de obra venga de países donde el salario es cuatro veces menor. El perdedor, en cualquier caso, es siempre el trabajador nacional, que ve cómo su salario se deprime y sus condiciones se igualan a la baja.

Al final, la pregunta que flota en el aire no es si faltan temporeros, sino cuánto está dispuesto a pagar el consumidor español por una aceituna recogida con derechos. La respuesta, de momento, es lo que se ahorra.