Se veía venir, el juez imputa a begoñ@ gómez, por apropiación indebida del software. llama a declarar el 18 de noviembre y begoñ@ de vacaciones.

Peinado suma dos delitos al caso Begoña Gómez​

El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado la investigación abierta a Begoña Gómez y le imputa dos nuevos delitos: apropiación indebida e intrusismo profesional, ambos en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid. La citación para declarar queda fijada para el próximo 18 de noviembre a las 13:30 horas, y el instructor ha ordenado a la Unidad Adscrita de la Policía Judicial que se la notifique de forma personal en el complejo del Palacio de la Moncloa. La noticia, adelantada por El Mundo, ha reabierto un asunto que llevaba semanas en segundo plano y ha devuelto al primer plano la pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega el patrimonio personal de quien ocupa la Presidencia del Gobierno?

El software, el intrusismo y la firma que no era suya

El auto del magistrado de Plaza de Castilla concreta que la imputación por intrusismo profesional se refiere a la firma de documentos que, según la investigación, solo podía suscribir una persona con titulación habilitante. La apropiación indebida, por su parte, apunta al uso del software desarrollado en el ámbito universitario. La defensa no se ha pronunciado sobre el fondo, y la citación se ha cursado por vía personal en Moncloa, un detalle procedimental que ha sido leído por buena parte de los intervinientes como un mensaje de que el juez no tiene intención de diluir el caso en el trámite.

En paralelo, la agenda oficial de la investigada la sitúa en un viaje a la India con agenda propia, lo que ha alimentado la tesis de que el entorno presidencial trata el asunto como un ruido de fondo. La coincidencia temporal entre la imputación y el desplazamiento ha sido, con diferencia, el elemento que más ha agitado la conversación.

¿Qué se le imputa exactamente a Begoña Gómez?

Apropiación indebida e intrusismo profesional. El primer delito exige acreditar que alguien se apropia de un bien ajeno cuya posesión le fue entregada legítimamente; el segundo, ejercer una profesión sin la titulación requerida. Ambos se refieren al software de la Universidad Complutense de Madrid y a la firma de documentos reservados a personal habilitado. La instrucción sigue abierta y no hay resolución judicial que declare hecho probado ninguno de los dos extremos.

La ampliación llega después de una primera imputación y de varias diligencias, y coloca el caso en una fase en la que el instructor ya no se limita a recabar documentación, sino que concreta tipos penales. Eso, en lenguaje procesal, significa que el juez ha encontrado indicios suficientes para sostener la investigación, no que exista condena alguna.

La citación en Moncloa y el pulso por el relato

La orden de notificar la citación en el complejo de la Moncloa ha sido uno de los puntos más comentados. Hay quien sostiene que se trata de una garantía de que la investigada recibe la notificación sin filtraciones; otros leen en el gesto una exhibición de que el juez no acepta intermediarios. En cualquier caso, el 18 de noviembre queda fijado como fecha para la declaración.

La reacción política ha sido la habitual: desde el entorno del Gobierno se ha deslizado que el instructor actúa por motivación ideológica, mientras que desde la oposición se ha subrayado que la acumulación de imputaciones desmiente la tesis del lawfare. Ninguna de las dos lecturas aporta un solo dato nuevo al sumario.

El viaje a la India y la pregunta por el patrimonio

El desplazamiento a la India con agenda propia ha sido el detonante de la mayoría de los comentarios. La pregunta que sobrevuela es si una persona investigada por corrupción debería mantener ese tipo de agenda institucional. No hay una respuesta jurídica: la imputación no suspende derechos ni obliga a cancelar viajes. La respuesta política es la que está en juego.

En el fondo del asunto late una cuestión más incómoda: la confusión entre lo público y lo privado cuando quien ocupa la Presidencia es también cónyuge de una persona investigada. El caso no es nuevo, pero la coincidencia de fechas lo ha puesto en primer plano.

Qué puede pasar a partir del 18 de noviembre

La declaración de la investigada puede cerrar la instrucción o abrir nuevas diligencias. Si el juez mantiene los dos delitos, el asunto entraría en una fase en la que la defensa tendría que decidir si recurre la imputación o si reserva su estrategia para el juicio oral. No hay plazos públicos para una resolución.

Con estos mimbres, lo razonable es esperar que el caso siga alimentando titulares al menos hasta que se celebre la declaración. Después, dependerá de lo que el juez decida hacer con lo que escuche. Nada permite anticipar un desenlace, y quien lo anticipe estará vendiendo humo.