Sarah Santaolalla: "Solo hay un camino: expropiar el piso de plumarmen y el de todas aquellas personas que hayan sido desahuciadas de manera ilegal..

Seis años de juicios y una sentencia del Supremo: el piso que ahora se pide expropiar​

Según un interviniente del debate, Maricarmen litigó seis años: juzgado, recurso, Tribunal Supremo, hasta una sentencia firme a favor del propietario. Sobre ese caso, Sarah Santaolalla publicó: «Solo hay un camino: expropiar el piso de Maricarmen y el de todas aquellas personas que hayan sido desahuciadas de manera ilegal, e intervenir el mercado de una maldita vez». La frase abrió dos frentes: si esas expropiaciones son siquiera posibles y, antes, si el desahucio que las motiva era o no legal.

¿Expropiar o confiscar? Lo que dice el Código​

Ahí está la primera trampa del asunto. Expropiar no es arrebatar: la figura legal exige el pago de un justiprecio al propietario y solo cabe por utilidad pública o interés social. Confiscar, en cambio, es quitar sin compensar. Cuando se pide expropiar «el piso de Maricarmen y el de todas aquellas personas» se está mezclando una cosa con la otra.

El segundo problema es la llave del asunto: ¿existe el desahucio ilegal? Para ejecutar un lanzamiento hace falta una resolución judicial. Si la sentencia es firme, el desalojo es legal por definición, aunque duela. La refutación circula en el propio debate: seis años de litigios y el Supremo dando la razón al propietario es, en palabras de un interviniente, «más legal imposible».

¿Fondo buitre o una pequeña empresa de Madrid?​

Aquí el relato se agrieta. Hay quien sostiene que a la vivienda llegó una gestora de activos, y se señala a Urbagestión como la sociedad implicada. Otros lo desmienten con dureza y aseguran que quien compró fue una empresa madrileña pequeña, no un gran fondo. La diferencia no es cosmética: de ella depende que el caso encaje en el relato del inversor especulador o en el de un litigio ordinario.

Fondo buitre funciona como etiqueta moral más que como categoría jurídica. Y esa etiqueta, aplicada a cualquier gestora, permite convertir un desahucio con sentencia en un símbolo político.

4.000 desahucios y una predicción incómoda​

Los números que circulan en la discusión no invitan al optimismo. Según un cálculo que circula en el hilo, en lo que va de año se han contabilizado unos 4.000 desahucios, con previsiones de decenas de miles para 2027.

De fondo, la disputa real: si el mercado de la vivienda debe regirse solo por la oferta y la demanda o si necesita correcciones. Unos defienden que triplicar el precio de un alquiler es usura pura; otros recuerdan que sin beneficio no hay techo ni comida. No hay término medio cómodo.

Y el dato que descoloca, según un mensaje difundido en el hilo: Cataluña concentra casi el doble de desahucios que Madrid, y allí no hay manifiestos, ni televisión en directo, ni política nacional subida al atril. Si el problema fuera el número, la indignación ya habría estallado allí primero.