Sánchez anuncia una ley contra el porno y el foco va al DNI digital
Nadie sale a defender que un menor vea contenido para adultos. Y esa unanimidad, paradójicamente, es lo que ha convertido en polémica el anuncio: el Gobierno aprobará una ley para proteger a los menores del porno en internet y Pedro Sánchez avisa de una «auténtica epidemia de menores que tienen acceso a contenidos pornográficos». El objetivo no se discute. El método, sí. Y, sobre todo, quién acaba identificado.
El anuncio llegó sin letra pequeña. Ninguna referencia al mecanismo de verificación, al organismo que lo gestionará ni a los plazos. Ese hueco es exactamente el que ha ocupado la desconfianza. La primera reacción mayoritaria no fue preguntar cómo se bloquea una página para adultos, sino a quién se le va a pedir el DNI para moverse por internet.
De la verificación de edad al DNI único para internet
El razonamiento dominante es sencillo: para impedir que un menor entre en una web para adultos hay que verificar la edad, y verificar la edad exige un sistema de identificación reutilizable. El salto siguiente —que esa herramienta sirva para saber quién lee, quién escribe y qué comparte cada cual— es una hipótesis sin pruebas, pero ordena casi todo el recelo. Se sostiene que la pornografía es la excusa y que el objetivo real es acceder a la red con identidad confirmada; en esa línea circulan referencias no verificadas a programas internacionales de identificación digital con horizonte 2030 —incluida la pata europea del proyecto— y se recuerda que el porno ha existido siempre sin necesidad de ninguna base de datos central.
La respuesta práctica también se ha adelantado: hay quien plantea que si el acceso se complica, la salida será una VPN, ese gasto mensual que convierte la privacidad en suscripción, y quien resume en el foro que cuando algo es gratis, el producto eres tú.
La contradicción educativa que se les echa en cara
El segundo frente tiene menos que ver con las webs y mucho con los colegios. Se argumenta que la misma administración que ahora quiere blindar a la infancia del porno ha impulsado formación afectivo-sexual en edades muy tempranas: se citan, sin más respaldo en el hilo que los propios mensajes difundidos, programas que abordarían el propio cuerpo con niños desde los tres años y clases sobre preservativos a los nueve. La conclusión de quien plantea ese choque es incómoda: no hay una línea clara sobre dónde empieza la protección y dónde la intromisión.
Hay quien lo resume con sorna —se educa en una cosa por ley y se prohíbe la otra por ley— y quien responde que una cosa es educación afectiva y otra el acceso a la pornografía. Los dos bandos tienen argumentos y ninguno cierra la contradicción. También asoma el desvío de foco: hay quien sostiene que el Gobierno elige como gran batalla un asunto doméstico mientras deja otras urgencias sin resolver.