Jumilla prohíbe por adelantado las celebraciones islámicas en la vía pública
El pleno del Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, aprobó una moción de Vox —con el respaldo del PP tras una enmienda— que veta de forma general y previa cualquier celebración islámica en dependencias municipales y en la vía pública. La resolución impide explícitamente que vuelvan a celebrarse actos como el Aid el Fitr, que cierra el Ramadán, o el Aid el Adha, la Fiesta del Sacrificio. Es la primera vez que una administración local española recurre a una prohibición anticipada y general, según el relato de los hechos que acompaña a la medida.
El concejal de Vox y único edil del partido en el consistorio, Juan Agustín Navarro, defendió tras el pleno que «las tradiciones españolas deben ser preservadas frente al intento de la izquierda de introducir hábitos contrarios a nuestra identidad nacional». Dijo apoyar la libertad religiosa, pero la circunscribió al ámbito privado. Fuentes de su formación sostienen que las festividades musulmanas son «actividades ajenas a la identidad como pueblo» y una «costumbre foránea».
Qué prohíbe exactamente la moción de Jumilla
El texto no llegó al pleno tal cual. El PP presentó una enmienda que modificó el reglamento de instalaciones deportivas para que «no se pueda realizar ninguna actividad ajena al deporte, a no ser que esté promovida por el Ayuntamiento». El PSOE calificó esa maniobra de intento de «blanquear la moción» de Vox. El resultado, en la práctica, es un veto previo: no se evalúa caso por caso ni se alegan motivos logísticos, sanitarios o de seguridad.
Ahí está el salto respecto a lo que venía ocurriendo. Otros ayuntamientos, sobre todo en Cataluña, habían rechazado solicitudes para celebrar actos religiosos musulmanes en polideportivos o plazas, pero siempre con argumentos de agenda, aforo o salubridad. Ninguna corporación había prohibido por adelantado y en bloque invocando la religión en sí, algo que chocaría con la Constitución y con los acuerdos con la Comisión Islámica de España.
Los números del municipio y la reacción política
Jumilla tiene 27.000 habitantes. De ellos, apenas 2.000 proceden de países donde se profesa el islam, según datos del INE que recoge la información. Es decir, la medida afecta a en torno al 7% de la población empadronada. La portavoz socialista, Juana Guardiola, denunció una iniciativa «sectaria y discriminatoria» y recordó que un ayuntamiento «debe representar a todos sus ciudadanos, sin importar su fe». Su compañero de grupo Juan Antonio González Gomáriz lo llamó «vergonzoso» en redes.
El argumento que sostiene el veto es cultural, no jurídico. Se afirma que hay costumbres ajenas a la identidad del pueblo y que el espacio público debe reservarse a las propias. La objeción es doble: primero, que el espacio público es de todos los vecinos, no de la mayoría; segundo, que la Constitución y los acuerdos con la CIE no permiten discriminar por credo. El asunto acabará con toda probabilidad en los tribunales, y ahí se verá si el reglamento deportivo resiste el envite.
Del «vive y deja vivir» al choque de civilizaciones
La discusión derivó rápido hacia terrenos más amplios. Una parte defendió que no hay incompatibilidad entre celebrar una cosa u otra, o ninguna: quien quiera ir a misa que vaya, quien prefiera la mezquita que haga lo propio. La respuesta fue que los vacíos culturales no existen y que quien no ocupa el territorio lo pierde frente a grupos más cohesionados. El intercambio de citas bíblicas y coránicas sirvió para ilustrar que el argumento del texto sagrado se puede girar en cualquier dirección.
Hubo también quien bajó el debate al detalle material: el uso del polideportivo municipal para fines no deportivos, los partidos de chavales desplazados de fecha u horario, los días y horas que el recinto estuvo ocupado por actos ajenos al deporte. La pregunta de fondo —cuántos actos no deportivos se celebran al año y con qué coste de oportunidad— no aparece respondida en ningún sitio.
El contexto laboral que la moción no toca
Mientras el pleno discutía identidad, la actualidad del municipio iba por otro lado. Una jornalera marroquí vecina de Jumilla, de unos 40 años, murió arrollada por una máquina mientras trabajaba en una finca de Pozohondo, en Albacete. El desplazamiento hasta otra provincia para recoger verdura es la rutina de buena parte del sector en la zona. La coincidencia temporal es incómoda: la corporación legisla sobre celebraciones religiosas mientras su mercado laboral depende de trabajadores que vienen de esos mismos países.
El veto a las fiestas islámicas en Jumilla no resuelve ningún problema de convivencia medible. Tampoco lo crea, si atendemos a los datos de población. Lo que hace es instalar un marco: el espacio público deja de ser neutral y pasa a tener religión oficial por omisión. Con 2.000 vecinos de origen musulmán sobre 27.000, la pregunta que queda flotando no es cuántos son, sino cuántos tienen que ser para que su calendario quepa en la plaza.