España desafía a trump y suspende la compra de los aviones de combate f-35 por valor de más de 6.000 millones

España frena los F-35: 6.000 millones que no se firman​

Nunca hubo contrato. Ese es el dato que desmonta medio relato. España no ha aprobado la compra de los F-35 y, por tanto, no hay suspensión de nada: hay una operación que se cae antes de existir, valorada en más de 6.000 millones de euros, y un país que se queda con los Harrier de la Armada como única capacidad embarcada mientras decide qué hace con su aviación de combate. La paradoja es jugosa: se discute la cancelación de un pedido que jamás se firmó.

El asunto, planteado como un pulso a Washington, se desinfla en cuanto se mira la letra pequeña. Lo que sí existe es un problema industrial de fondo: el catálogo de programas militares españoles de las dos últimas décadas se ha ido llenando de compras a proveedores extranjeros, con la sustitución de plataformas estadounidenses por desarrollos europeos o nacionales como única excepción. Los SH-60, los P-3, los Harrier, los Reaper, los Chinook. Casi todo con acento ajeno.

Por qué se cuestiona el F-35 más allá del precio​

El argumento económico es el más visible, pero no el único. El caza se vende como un servicio más que como un producto: los archivos de datos de misión, imprescindibles para calcular rutas que optimicen la invisibilidad radar y para que el sistema de guerra electrónica reconozca un radar enemigo nuevo, se generan en la base estadounidense de Eglin, en Florida. Sin esa actualización, el avión no sabe a quién disparar ni por dónde volar sin convertirse en diana. Es una dependencia operativa, no un detalle logístico.

Hay quien sostiene que eso no inhabilita al aparato, y que hablar de «desactivación remota» es un mito: las actualizaciones se pueden negar, pero el avión sigue volando. El matiz importa. La discusión real no es si el F-35 se apaga con un botón desde el Pentágono, sino cuánto margen de decisión conserva un país que compra un sistema cuya cadena de suministro y cuyo software crítico dependen de un tercero. La pregunta se la han hecho también otros socios europeos, y algunos llevan años con respuesta propia.

El portaaviones que no es portaaviones​

El Juan Carlos I aparece en todas las quinielas y en casi todas mal. No es un portaaviones al uso: es un buque de desembarco y ataque anfibio, diseñado para proyectar fuerza desde el mar con helicópteros y aviones de despegue corto. Quienes defienden su utilidad recuerdan que está entre los mejores portahelicópteros del mundo y que puede operar drones, incluidos modelos furtivos de nueva generación. Quienes lo critican sostienen que un portaaviones auténtico no tiene sentido para un país sin posesiones en ultramar ni voluntad de desplegar una fuerza naval autónoma.

La alternativa que gana enteros en el análisis es menos glamurosa: más fragatas, el buque anfibio reconvertido en plataforma de drones y un avión de combate europeo que no ate las manos a la hora de usarlo. El Eurofighter cubre el flanco sur desde Canarias y la península. Para defensa territorial, dicen los más pragmáticos, sobra con lo que hay. Para lo demás, haría falta algo que España no tiene ni parece dispuesta a pagar.

El arma que nadie quiere nombrar​

En el fondo del asunto aparece siempre el mismo fantasma. Si el problema es la dependencia de un proveedor que puede condicionar el uso del material, la solución lógica sería tener disuasión propia. Y ahí entra el debate nuclear, que en España se plantea en voz baja y con nombres de proyectos antiguos. La idea de reactivar un programa de cabezas nucleares, con cifras que van de las 80 a las 120, circula como hipótesis en círculos muy concretos y con escaso recorrido institucional.

El obstáculo no es técnico, es geopolítico. Un país que forma parte de la estructura de seguridad atlántica y que depende de ella para su defensa difícilmente va a desarrollar un arsenal propio sin romper con medio mundo. La vía que algunos señalan —mirar hacia Moscú o Pekín para conseguir armamento estratégico— choca con la realidad de que España participa en el envío de material a Ucrania. Nadie regala paraguas a quien sostiene el del vecino.

Lo que queda cuando se apaga el ruido​

El resultado de todo esto es un país que no compra el F-35, que no tiene portaaviones, que no tiene disuasión nuclear y que sigue dependiendo de proveedores externos para casi todo lo que vuela. La pregunta no es si España desafía a Washington. La pregunta es qué piensa hacer con los Harrier cuando se caigan del cielo, y quién le va a vender el recambio.

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¿Alguien tiene un plan que no sea esperar a que el siguiente programa llegue con el mismo acento extranjero?