¿Por qué no hay citas para el médico de familia? Sorpréndanse ustedes.

La Gerencia de Atención Primaria de Cantabria ha remitido a la Inspección Médica un informe que aprecia «elementos suficientes» para investigar a la médico de familia María Luisa Real, exconsejera de Sanidad entre 2015 y 2019, por un posible uso irregular de su agenda. El documento señala que tiene ocupados todos los huecos de libre disposición hasta febrero de 2027 y detecta registros de actividad en horas en las que no habría estado en el centro.

Hay una cosa que conviene entender antes de escandalizarse: en la sanidad pública española, la agenda de un médico de familia no es un cuaderno donde apunta lo que le parece. Es un sistema informático, con sus reglas, sus cupos y sus auditorías. Y precisamente por eso, cuando alguien sospecha que se está usando mal, se puede rastrear. Eso es lo que ha pasado en Santander.

El detonante fue una queja del equipo médico del SUAP de Los Castros, el dispositivo de urgencias de Atención Primaria. El 7 de septiembre, ese equipo remitió un escrito a la responsable médica del centro de salud de Vargas en el que pedía revisar la agenda de una compañera. La razón: estaban viendo un aumento de pacientes del cupo de esa médica que acudían a urgencias «ante la imposibilidad de poder citarse» con ella. Y, de paso, habían detectado consultas programadas con personas que desconocían tenerlas y que, en algunos casos, referían no haberlas solicitado.

De la queja anónima al nombre y apellidos

El escrito inicial no identificaba expresamente a la profesional. Pero las comprobaciones posteriores llevaron a la Gerencia de Atención Primaria a concluir que los hechos apuntaban «razonablemente» a la Dra. María Luisa Real Gómez. El nombre importa, y mucho: Real fue consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria en la legislatura 2015-2019, bajo el pacto PRC-PSOE. Es decir, la persona que dirigía el área ahora investigada por cómo gestiona su propia consulta. También preside el Partido Socialista de Cantabria.

El informe lo firma el gerente de Atención Primaria, José María Pérez Ramos, y va dirigido al gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero, y al director de Recursos Humanos, Juan Ramón Artiga. En él se da traslado del asunto a la Inspección Médica de la Consejería, que ya lo tiene en sus manos. La propia Real se puso en contacto con el subdirector médico de la Gerencia para mostrar su «indignación» por la difusión de la información en los medios, que interpretaba como un cuestionamiento de su ejercicio profesional. Eso ocurrió el mismo día en que la denuncia se publicó.

Qué dicen exactamente los tres hechos comprobados

El informe no habla de certezas absolutas, sino de «elementos suficientes para considerar necesaria una comprobación más exhaustiva». Y concreta tres cosas que «se han podido objetivar» en la gestión de la agenda. La primera: la profesional tiene ocupados todos los huecos de su agenda de libre disposición —actos administrativos, telefónicos y concertados— hasta el límite actualmente abierto, que alcanza febrero de 2027. La segunda: en numerosos actos programados para fechas futuras consta ya una fecha de entrada. La tercera: se han identificado actos con horas de registro en las que, según la información disponible, la profesional aún no habría llegado al centro de trabajo o directamente no podría estar en él, al tratarse de fines de semana a horas nocturnas.

Sobre esto último hay un detalle técnico que el informe se encarga de subrayar: el servicio de Informática ha confirmado que Real no tiene asignada una red virtual (VPN) para entrar al sistema desde el exterior. Es decir, que si los registros existen, alguien los introdujo desde dentro o desde un equipo conectado a la red del centro. La Inspección tendrá que aclarar cómo encajan esas piezas.

Para entender la relevancia de los «huecos de libre disposición» hay que retroceder un poco. La modificación del sistema de agenda que se introdujo en la pasada legislatura bipartita, siendo consejero el también socialista Raúl Pesquera, indignó al colectivo médico porque limitaba su capacidad de citar a sus propios pacientes. Desde entonces, se prioriza la citación directa del usuario a través de la web del SCS o desde los mostradores de admisión: 24 de los 35 huecos de cada día van por esa vía, y solo el resto queda para gestión interna, con cuatro reservados para urgencias. Si esos huecos de gestión interna aparecen bloqueados durante meses, el margen de maniobra del médico se reduce drásticamente. Y si además se usan para citas que nadie ha pedido, el paciente acaba donde no le toca: en urgencias.

Las sospechas que aún no están acreditadas

El informe distingue con cuidado entre lo comprobado y lo que el personal del centro de Vargas ha apuntado «cuya veracidad no podemos considerar acreditada con la información actualmente disponible». Entre esas cuestiones pendientes de revisión están la citación de la propia profesional en modalidad de autocobertura —usada para cubrir al compañero ausente— de pacientes cuyo médico titular se encontraba trabajando; el bloqueo de citas denominadas «rosas», que son actos para el mismo día y no serían de libre disposición del médico; y la transformación de actos inicialmente presenciales en administrativos, lo que reduce la posibilidad de concertar consultas para ser atendidos en persona.

También se apunta a la llegada habitual con posterioridad a las 09.00 horas, algo que la Inspección deberá verificar. Y a una práctica que, de confirmarse, sería especialmente llamativa: la indicación sistemática al personal administrativo para que determinados pacientes sean citados en fechas y horas decididas por la profesional, utilizando huecos presenciales que posteriormente serían transformados en atención no presencial, incluso a semanas o meses vista. El informe añade otra posibilidad: acceder a actos programados con varias semanas de antelación de tal forma que ese movimiento en la agenda impida su anulación cuando el paciente comunica que no va a acudir, al figurar el acto ya como realizado.

Nada de esto está probado. Son indicios, sospechas y comprobaciones pendientes. La Inspección Médica es quien debe determinar el alcance real de los hechos. Pero el documento ya deja claro que hay suficiente como para mirar la agenda con lupa, rastrear la trazabilidad de los accesos y revisar episodio por episodio.

Por qué este caso incomoda tanto en Cantabria

No es solo por la identidad de la investigada, aunque eso ayude. Es porque toca un nervio sensible: la sanidad pública. Real preside el PSOE cántabro y lleva por bandera la defensa del sistema público. Se acogió a una prórroga de jubilación para seguir en la consulta. Y su nombre vuelve a aparecer en un contexto incómodo después de que su mandato ya se viera sacudido por irregularidades en la contratación del SCS, una crisis de la que salió indemne pero que acabó con la dimisión de la cúpula que encabezaba Julián Pérez Gil y sentó en el banquillo a su número dos, el director de Gestión Económica Javier González, y al entonces gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, condenados a 14 y 11 años de inhabilitación respectivamente por prevaricación.

El caso estalla además en pleno proceso preelectoral. Eso no significa que la investigación tenga motivación política; significa que cualquier conclusión va a leerse en clave política, se mire como se mire. La Inspección Médica tiene ahora la pelota en su tejado. Deberá confirmar o descartar los hechos, y su informe determinará si esto queda en un susto, en una sanción administrativa o en algo más serio. Mientras tanto, los pacientes del cupo de Vargas siguen esperando cita. Y algunos, según la queja inicial, acaban en urgencias.

Conviene recordar que hablamos de una investigación en curso y de una profesional que no ha sido condenada ni sancionada. Cualquier valoración sobre su responsabilidad es prematura hasta que la Inspección concluya.