José María Ángel se jubila tras la investigación por el fraude de su título
Hay una forma de cerrar un escándalo que no pasa por dimitir, ni por devolver un euro, ni por sentarse en un banquillo. Consiste en aguantar el chaparrón hasta que llega la edad de jubilación y el expediente se archiva solo. Es lo que, a la fecha de esta discusión, rodea al comisionado del Gobierno para la DANA de Valencia, José María Ángel Batalla, señalado por falsificar su licenciatura universitaria para acceder a puestos que exigían titulación. La investigación de Anticorrupción por un presunto fraude documental a la Administración no le ha impedido —según el relato que circula— retirarse con la pensión máxima. El detalle que descoloca: presidió la Comisión de Ética del PSOE valenciano.
El comisionado de la DANA que falseó su licenciatura presidió la Comisión de Ética del PSOE valenciano. La ironía no es nuestra, es del propio cargo. Y mientras unos hablan de dimisión, otros afinan más: no dimite, se jubila. La diferencia importa, porque una jubilación no se revoca, no se inhabilita y no se persigue.
De auxiliar administrativo a A1 con dos cartulinas
El recorrido, tal como se reconstruye en los mensajes, tiene miga. Ángel y su mujer, Carmen Ninet —hija del histórico dirigente socialista valenciano Santiago Ninet— habrían aprobado unas oposiciones al nivel más bajo, auxiliar administrativo de la Diputación. Desde ahí, por promoción interna, saltaron a puestos A1 y A2, que sí requieren título universitario. Ahí es donde, según la acusación, aparecen las dos cartulinas falsificadas.
La familia no es un caso aislado de ascenso por méritos propios. El suegro, Santiago Ninet, ya era un pez gordo de la Diputación y del PSOE valenciano a finales de los setenta, en la órbita de Joan Lerma y Antonio Asunción. De ahí vendrían los enchufes, la promoción interna y los sucesivos cargos políticos: alcaldías, senaduría, jefatura de Emergencias de la Generalitat con Ximo Puig, comisionado para la DANA. Un currículum sin un solo día de lomo doblado fuera del partido.
El salario del cargo de comisionado especial para la DANA de Valencia rondaba los
120.000 euros. El puesto se creó, precisamente, para coordinar la respuesta institucional a una catástrofe que pilló a la Administración sin protocolos, sin medios y sin nadie al timón. La pregunta que sobrevuela es incómoda: si el currículum era falso, ¿qué más era falso?
La esposa, el museo y el cuñado proveedor
El entramado familiar tiene una pata más. Carmen Ninet ejerce como subdirectora del Muvim, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, en una plaza también bajo sospecha. Y según las informaciones publicadas, desde ese puesto se habrían contratado de forma recurrente los servicios de Nebula Astrolúdico, empresa de talleres de ciencia y observaciones astronómicas propiedad de su hermano Ricardo Ninet. La contratación pública, en familia.
No es un detalle menor. En el sector cultural valenciano, según se apunta, hay una larga lista de cargos afines al PSOE con titulaciones cuestionables, plazas a dedo y aires de superioridad acumulados durante años. Muchos esperaban la ola perfecta para contarlo.
El patrón que no es de un solo partido
Aquí conviene no engañarse. El patrón —enchufes familiares, promoción interna sin titulación, cargos políticos encadenados, contratos cruzados entre parientes— no es exclusivo de una sigla. En Valencia el PSOE ha gobernado menos de la mitad del tiempo autonómico, pero los casos se acumulan. En Andalucía, en Madrid, en diputaciones y ayuntamientos de medio país, el mecanismo es idéntico: las federaciones locales funcionan en la práctica como estructuras casi mafiosas donde se pelea por el control del puesto, del contrato y del enchufe.
Lo que cambia no es el modus operandi, es la respuesta. Un remero que cobra subsidio y no declara una herencia se enfrenta a la máquina completa del Estado. Un comisionado con título falso y 120.000 euros de sueldo se jubila con la máxima. La asimetría es el verdadero escándalo, más que el caso concreto.
El cálculo que nadie hace: cotizaciones de origen delictivo
Hay una derivada técnica que casi nadie pone encima de la mesa. Si el título que permitió la promoción interna era falso, las cotizaciones generadas durante todos esos años en puestos A1 y A2 serían, en puridad, inexistentes. No habría alta válida en el régimen de funcionarios, no habría base de cotización, no habría derecho a pensión máxima. El cálculo completo, año a año y con sus intereses, da una cifra que sorprende. Nadie lo ha hecho oficialmente.
Lo que sí se sabe es que, a la fecha de esta discusión, el asunto sigue abierto. La investigación de Anticorrupción por presunto fraude documental a la Administración avanza, pero el reloj biológico del protagonista corre más rápido que el judicial. Una pena de cárcel irrisoria, una inhabilitación que ya no sirve de nada, una devolución de sueldos que nadie reclama. El resultado previsible: se va de rositas.
La hospitalización y el yuyu
El último giro fue la hospitalización de José María Ángel tras una semana de acoso mediático. Hay quien lo lee como un gesto humano y hay quien lo lee como lo que es: un yuyu por lo que ha salido y, sobre todo, por lo que falta por salir. La causa sigue abierta. La jubilación, también.
¿Se puede reformar un sistema que permite jubilarse con la máxima a quien habría falsificado el título para llegar hasta ahí?