Peruana con nómina indefinida de 1.200€ no encuentra piso: «Al oír mi acento empiezan las pegas»
¿Basta un contrato indefinido y una nómina de 1.200 euros para alquilar un piso en España? Para Darenka Vergara, joven peruana de 21 años residente en Narón (Ferrol), la respuesta es no. Lleva tres meses buscando vivienda para independizarse junto a su madre y su hermana, y asegura que su condición de extranjera le está cerrando puertas. «Tengo mi nómina y cobro 1.200 euros al mes, pero cuando llamo para interesarme por algún piso y escuchan mi acento ya empiezan las pegas», relata con resignación.
De Arequipa a Narón: FP, prácticas y contrato indefinido
Darenka llegó a la comarca de Ferrol en el verano de 2022 desde Arequipa, junto a su hermana, para reunirse con su tía y su primo en Narón. En Perú estudiaba Ingeniería Electrónica, pero ante las dificultades para convalidar los cursos optó por matricularse en un ciclo de FP en el Leixa. Cursó Promoción de la Igualdad de Género y, tras las prácticas en la asociación Movilidad Humana, consiguió trabajo en esa misma entidad. Comenzó en julio con 680 euros al mes; desde agosto su nómina es de
1.200 euros y contrato indefinido.
En el piso de Narón conviven cinco personas —su tía, su primo, su hermana, su madre y ella— y fue necesario habilitar el salón como dormitorio. «Ha llegado el momento de independizarnos porque yo tengo mis ingresos y mi madre también», explica. Su madre cuida de dos personas mayores sin contrato, a la espera de que le concedan el asilo.
Triplicar la renta, dos años de antigüedad y otras exigencias
Con dos fuentes de ingresos, Darenka pensaba que no tendría problemas para encontrar algo «digno» para las tres. Lleva casi tres meses de búsqueda y varias negativas. «Por 400 euros no hay casi nada y lo que hay está en malas condiciones. Y los que vi por 500 euros y que me gustaron no me los quisieron alquilar», asegura. Las razones que le dieron: que su nómina no era suficiente porque tendría que
triplicar el precio del alquiler, que le exigían un contrato con al menos dos años de antigüedad, o desconfianza porque su hermana y su madre están aún en situación irregular.
La joven relata que en ocasiones pide a su novio, español, que llame para interesarse por los pisos. «Pero luego, al llegar allí a ver la vivienda y enterarse de que la que va a vivir soy yo, mi madre y mi hermana, ya cambian la actitud», dice. También recuerda a un propietario que calificó su nómina de «riesgosa» porque trabaja por proyectos: «ahora tenía empleo, pero a lo mejor mañana no». En otro caso, envió su contrato y nómina por WhatsApp para demostrar solvencia y la bloquearon de inmediato.
El debate: ¿discriminación o gestión del riesgo?
La historia ha abierto un debate con dos corrientes claras. Una parte sostiene que el problema de fondo no es el acento, sino la
ley de vivienda y la lentitud de los desahucios: si un inquilino deja de pagar, el propietario tarda meses o años en recuperar su vivienda, lo que le lleva a extremar las garantías. «Si se pudiera desahuciar en tres meses a un moroso, la cosa cambiaría», resume un participante. Otros apuntan que la nómina de Darenka procede de una ONG subvencionada, lo que la hace dependiente de fondos públicos y, por tanto, menos estable a ojos de un arrendador.
En el otro extremo, hay quien ve en estas negativas un caso de discriminación por origen. «Entiendo que los propietarios quieran cubrirse las espaldas, pero estoy cansada de que me pregunten siempre de dónde soy», se queja la propia Darenka. La exigencia de triplicar la renta o de acreditar dos años de antigüedad laboral son condiciones que, aplicadas de forma genérica, excluyen a muchos jóvenes y a muchos trabajadores precarios, sean españoles o no.
El contexto: precios, oferta escasa y un parque de alquiler tensionado
El caso de Darenka no es aislado. En muchas ciudades y comarcas españolas, la oferta de alquiler se ha reducido mientras los precios suben. Los propietarios, ante un posible impago, exigen garantías cada vez mayores: nóminas que tripliquen la renta, avales, seguros de impago o contratos indefinidos con antigüedad. Para una familia con ingresos modestos, cumplir todos los requisitos es casi imposible.
La discusión también ha derivado hacia el papel de las ONG y los contratos subvencionados. Hay quien sostiene que estos empleos no generan la riqueza que un arrendador considera garantía suficiente. Y hay quien recuerda que la vivienda pública, cuando existe, se asigna por criterios que a menudo dejan fuera a los recién llegados al mercado laboral.
Darenka sigue buscando. Tiene trabajo, tiene nómina y tiene contrato indefinido. Lo que no tiene es un piso. Y mientras tanto, el mercado del alquiler sigue poniendo las reglas: triplicar la renta, dos años de antigüedad y, si puedes, que llame otro.