Empieza el baile contra los rentistas

La acampada por la vivienda abre el pulso contra los rentistas​

Decenas de personas han desplegado tiendas de campaña en la plaza del Ayuntamiento con la intención de dormir allí, después de una manifestación por el precio de la vivienda, según recogía Levante-EMV. La escena evoca las acampadas que en 2011 ocuparon la Puerta del Sol. Cambia el destinatario de la protesta: del banco que ejecuta el desahucio al propietario que cobra la renta cada mes.

Ese desplazamiento del foco es lo que ha encendido el asunto. Ya no se habla solo de cuánto cuesta un piso, sino de si alquilarlo debe seguir siendo un negocio. Y ahí, de momento, no hay forma de poner de acuerdo a nadie.

Quién sostiene que el problema es la escasez de oferta​

Una corriente del análisis lo tiene claro: el problema de la vivienda es la falta de oferta, y regular y prohibir no lo arregla. Hay que construir más vivienda allí donde se necesita. Si no hay lucro, nadie pone su piso en alquiler y ese dinero acaba invertido en otra cosa. Con esa lógica, quien cree que la culpa es la avaricia no ha entendido cómo funciona un mercado.

Los números que circulan por la calle apuntan en otra dirección. Se habla de sueldos de 1.400 euros con habitaciones compartidas a 400, de tres meses por adelantado como garantía y de un tercio del salario dedicado al techo. Con esas cuentas, la queja no parece un capricho.

Las cuentas del arrendador: ITP, gastos y un 2% de rentabilidad​

Aquí el argumento se vuelve contable. Cada compra arrastra IVA o ITP —se citan tipos del 6%, el 8% y hasta el 10% del valor del inmueble según lo que pida el ayuntamiento de turno—, más notaría, registro, tasación y el impuesto de actos jurídicos documentados. Sumando reformas, hay quien estima un 10% extra sobre el precio, de entrada y antes de hablar de hipoteca.

La rentabilidad que se exige para mover ficha se sitúa en torno al 2% según quienes defienden esa salida. Por debajo de ahí, se sostiene, el propietario prefiere vender o dejar el piso parado antes que alquilarlo. Y pesa sobre todo lo que se describe como inseguridad jurídica: impagos, destrozos y meses de bloqueo hasta recuperar la vivienda.

Qué haría falta para que bajaran los alquileres​

La receta más repetida tiene poco de revolucionaria: desalojo rápido del inquilino que no paga, indemnización por desperfectos, beneficios fiscales para el arrendador. Con esas reglas, se argumenta, el mercado se llenaría de pisos en alquiler en pocos meses y los precios caerían por simple competencia.

Enfrente hay quien no pide incentivos, sino todo lo contrario: que tener suelo y ladrillo deje de salir a cuenta, subiendo la fiscalidad para que el dinero busque otro destino. El problema, replican desde el otro lado, es que el capital no se queda quieto. Se va, el parque de alquiler se encoge y el precio sube igual.

La objeción de fondo es obvia. Cualquier medida que acelere un desalojo golpea a personas concretas, y ese es justo el terreno donde la política lleva años sin querer moverse.

¿Sube el alquiler por el turismo?​

El relato dominante culpa a los pisos turísticos. Hay un contraejemplo que se repite: en municipios del sur de Madrid como Leganés, sin apenas alquiler vacacional, los precios se han duplicado o triplicado según quienes siguen el mercado local. El turista no sería el único culpable, aunque otro sector mantiene que la vivienda de uso turístico tensiona todo el circuito de precios.

Ibiza aparece en este contexto con otra derivada: servicios públicos que se quedan sin médicos ni profesores porque no pueden pagarse un alojamiento en la isla. El problema de la vivienda deja de ser un asunto privado y se convierte en un cuello de botella para la economía entera.

El ahorro de una generación está en ladrillo​

Hay un dato que desarma cualquier plan radical: millones de jubilados tienen su patrimonio principal metido en un piso. Quien quiera cambiar el modelo no se enfrenta a un puñado de fondos, sino a una mayoría social que defiende su colchón. La idea de que el precio se corrige por decreto choca con esa pared.

También se repite el paralelismo con el ciclo de protestas de 2011, cuando parte de los promotores acabó, según la lectura más cínica, con chalé en urbanización y ático con terraza. El reproche no es menor: la vivienda es hoy el mejor termómetro del enfado, y el más fácil de capitalizar.

El miedo a la expropiación y la huelga de alquileres​

En el otro extremo está la sospecha. Un sector ve en las acampadas la antesala de un intento de expropiación con aplauso popular, y avisa de que ya hay propietarios vendiendo y retirando pisos del mercado. Se ha llegado a plantear en voz alta una huelga de alquileres, es decir, dejar de pagar la renta de forma coordinada. Sin convocatoria formal ni apoyos organizados conocidos.

Con la oferta retirándose y la demanda creciendo —circula una cifra sin fuente oficial, medio millón de personas entrando cada año en el país—, el análisis se atasca siempre en el mismo punto. Si el precio se arregla construyendo o desmontando el negocio del ladrillo. Nadie ha demostrado todavía las dos cosas a la vez.