Pedro Saura: «La situación de Correos es crítica. No he visto ninguna empresa pública con estas cifras»

Correos acumula 600 millones de deuda y 400 de pérdidas​

La mayor empresa pública del país está al borde de la quiebra. Lo dijo su presidente, Pedro Saura: «La situación de Correos es crítica. No he visto ninguna empresa pública con estas cifras». La frase, recogida en prensa, resume un balance que mezcla una deuda bancaria superior a los 600 millones de euros con una estimación de pérdidas que ronda los 400 millones para el ejercicio de 2024. Y todo esto, paradójicamente, en plena era del comercio electrónico, cuando más paquetes circulan por España.

El dato descoloca porque el negocio postal debería nadar en la abundancia. Cada compra online genera un envío. Cada administración pública comunica con el ciudadano por carta certificada. Y sin embargo, la empresa que gestiona ese flujo pierde dinero a un ritmo que ninguna compañía privada resistiría. La pregunta inevitable: ¿cómo se llega aquí?

Deuda de 600 millones y pérdidas de 400: los números que no cuadran​

El diagnóstico oficial apunta a una empresa pública con un contrato lucrativo con Amazon, con un sistema de reparto de comercio online que copa casi el 90% del mercado español y con edificios y oficinas amortizados desde hace décadas. Con ese punto de partida, la quiebra técnica resulta difícil de explicar. Hay quien sostiene que el problema no es la propiedad pública, sino la gestión: si el accionariado fuera estatal pero los directivos operaran con criterios de empresa privada, el agujero no existiría.

Los críticos con el relato oficial van más allá y señalan el cuasi monopolio como causa estructural. Una empresa privada que pierde 400 millones al año cierra. Una pública se mantiene durante décadas con dinero de todos, lo que genera un incentivo perverso: cuanto peor funciona, más recursos exige. Remar, en la jerga del foro, es pagar esa factura.

¿Por qué Correos pierde dinero con el auge del comercio online?​

Porque el volumen no se traduce en eficiencia. El servicio postal universal obliga a mantener oficinas y reparto en zonas donde ninguna empresa privada operaría. Ese coste estructural es asumible si se limita a lo esencial: un «Correo Rural» centrado en poblaciones desatendidas no pasaría de diez millones anuales de déficit. El problema son los monstruos que juegan a ser grandes empresas en régimen de cuasi monopolio y acaban generando agujeros de cientos de millones.

A eso se suma la competencia. Seur, GLS, DHL y otras privadas se han comido el mercado de la mensajería urgente con un modelo más ágil: aviso por teléfono si no estás, entrega en el felpudo si lo pides, horarios amplios. Correos, en cambio, mantiene prácticas que el usuario percibe como rígidas: oficinas cerradas los sábados por la mañana, horario reducido en verano y una ventanilla que se convierte en el único punto de recogida cuando el reparto falla.

La paradoja del funcionario: oposiciones, plantilla y productividad​

Hay un detalle que suele escaparse en el ruido: en Correos no hay funcionarios desde hace décadas. La plantilla es laboral, no funcionarial, aunque el imaginario colectivo siga asociando la empresa al cuerpo de funcionarios. Eso no impide que existan oposiciones muy demandadas, con miles de aspirantes dispuestos a aprobar para conseguir una plaza. La paradoja es evidente: mientras la empresa se desangra, la cola para entrar no se acorta.

Sobre la productividad circulan anécdotas difíciles de verificar. Un exempleado que salía a las ocho y volvía a las once, con jornada partida y tardes libres, y que se jubiló con una pensión superior a los 2.000 euros. El cálculo oficial de clases pasivas sitúa a un cartero de a pie en categoría C2, con una pensión muy inferior. La brecha entre el relato y la nómina real alimenta la polémica.

UGT y CC.OO. piden diálogo social sin ajustes de plantilla​

Los sindicatos mayoritarios dieron la bienvenida a la intención de Saura de superar la etapa anterior y restaurar el diálogo social, pero advirtieron de que la transformación de la compañía no puede hacerse a golpe de ajustes sobre la plantilla. La posición sindical choca con la urgencia de los números: si la empresa pierde 400 millones al año, alguien tendrá que decidir qué se recorta y qué se mantiene.

La vía intermedia que algunos plantean pasa por separar el servicio público esencial del negocio competitivo. Mantener una red mínima para zonas rurales con déficit asumible y dejar que el resto compita en igualdad con las privadas. Suena razonable. También suena a algo que llevaría años negociar, y los acreedores no suelen tener esa paciencia.

Vender Correos a Amazon: la idea que circula como provocación​

Entre las propuestas que aparecen en la conversación pública hay una que roza el absurdo: vender Correos a Amazon para que asuma el servicio postal a cambio de usar los recursos de la empresa para su logística. La duda que acompaña a la idea es si Amazon tendría que pagar un canon al Estado o si, por el contrario, sería el Estado quien pagara a Amazon por quedarse con el servicio. La formulación, medio en broma, revela el fondo del problema: ya nadie sabe si Correos es un activo o un pasivo.

Mientras tanto, la empresa sigue vendiendo productos que nada tienen que ver con el correo. En algunas oficinas se han visto colonias, bolígrafos, chuches y juguetes educativos con las etiquetas perfectamente alineadas. La anécdota, repetida por varios clientes, resume la deriva: una empresa postal que intenta ser tienda de regalos para cuadrar el balance.

El futuro incierto del servicio postal universal en 2025​

La incertidumbre se concentra en el próximo año. El marco legal del servicio postal universal, recogido en el artículo 22 de la ley postal, establece las condiciones exigibles al operador designado por el Estado. Si esa exclusividad se revisa o se rompe, el tablero cambia por completo. Hay quien anticipa jaleo regulatorio en 2025 y quien cree que nada se moverá porque nadie quiere asumir el coste político de desmantelar un servicio centenario.

El cierre de esta historia no está escrito. Correos tiene 600 millones de deuda, 400 de pérdidas estimadas, un contrato con Amazon, una plantilla que no es funcionaria aunque lo parezca y una red de oficinas que se ha convertido en el único punto de contacto del Estado con muchos ciudadanos. Con esos mimbres, cualquier predicción es arriesgada. Lo único seguro es que alguien pagará la factura. La pregunta es si será el contribuyente, el usuario o ambos.