Sánchez: la natalidad cae porque las familias «no quieren» tener hijos
España no tiene un problema de
natalidad: tiene un problema de incentivos. Esa es la traducción económica de la frase que Pedro Sánchez puso sobre la mesa al sostener que «muchas familias no tienen tantos hijos como antes porque no quieren». A partir de ahí, una parte del debate deriva hacia la política migratoria y hacia quienes acusan al Gobierno de recurrir a la inmigración para repoblar el país. La sentencia es corta, tajante y muy cómoda: si la culpa es de la voluntad, no hay política pública que corregir. Los números cuentan otra película.
Un país con menos cunas y medio millón de habitantes más
El dato que rompe el relato es la combinación de dos cifras. En 2023 se registraron en España
322.075 nacimientos, la cifra más baja desde 1941. En el mismo ejercicio, la población del país creció en
medio millón de habitantes. Menos cunas y más empadronamientos. Esa suma no la explica el deseo de nadie: la explica el saldo migratorio.
De ahí sale el eje real de la discusión. Si el problema fuera exclusivamente de voluntad, la caída sería homogénea por renta, por región y por edad. Nada apunta a que lo sea. La decisión de tener hijos se toma —o se descarta— dentro de un marco de costes concretos, y ese marco lleva años deteriorándose para quien está en edad de procrear.
¿Por qué los jóvenes españoles tienen menos hijos?
La respuesta que más veces se repite apunta a tres frentes: la vivienda, la precariedad laboral y el coste de criar. El precio del alquiler y de la compra se ha desacoplado de los salarios hasta el punto de que
emanciparse se ha convertido en un proyecto de dos sueldos. Sin techo estable, la decisión de tener un hijo se aplaza. Y lo que se aplaza demasiado, deja de ocurrir.
El segundo frente es el empleo. Se sostiene que buena parte del trabajo en el sector privado se ha degradado en condiciones y en retribución, con carreras profesionales que no arrancan hasta bien entrada la treintena. A eso se suma, según otra corriente de opinión, un clima cultural que presenta la maternidad como renuncia y la carrera profesional como única medida del éxito.
Ninguna de esas causas se arregla pidiendo a las familias que quieran más. Se arreglan, si acaso, con costes.
El reparto generacional: jubilados con segunda vivienda, jóvenes con menos renta
El gráfico que más incomoda es el de la propiedad. Alrededor del
60% de los mayores de 65 años tiene, además de su vivienda habitual, otra en propiedad que puede generar rentas. Desde 2011, los ingresos del capital de los jubilados crecieron más de un
300%, mientras los de los jóvenes caían un
23%.
Ahí está el nudo. No es que una generación sea más egoísta que otra: es que el marco fiscal y patrimonial ha tratado de forma muy distinta a quien ya tenía activos y a quien todavía no tiene nada. Quien recibe rentas de un inmueble no necesita subvención para tener hijos. Quien paga ese alquiler, sí necesita algo más que un discurso.
La vía migratoria y quién la defiende
Una parte del hilo sitúa la vía migratoria en el centro. Hay quien sostiene que la llegada de población extranjera se plantea como respuesta al invierno demográfico y como sustituto de las políticas de natalidad, y que financiar la llegada de trabajadores adultos sale más barato a corto plazo que criar a los propios. Frente a esa lectura, el argumento económico habitual señala que sin población en edad de trabajar el sistema de pensiones y el Estado del bienestar pierden base contributiva. La discusión seria es de escala y de ritmo, no de principio.
Es una tesis con partidarios y con objeciones: integrar a alguien en edad laboral es barato hoy, pero el coste educativo y sanitario se difiere a las siguientes décadas.
Ayudas, IMV y el contraargumento de que algo sí se incentiva
No todo el mundo compra la tesis del desinterés. Un cálculo que circula en contra del relato oficial señala que una pareja con vivienda ya pagada y un par de hijos puede llegar a percibir
1.200 euros al mes o más vía Ingreso Mínimo Vital sin trabajar, y vivir incluso de alquiler. Desde esa lectura, el incentivo existe, solo que no premia precisamente al que se esfuerza.
También hay quien recuerda que hubo una etapa, con el Gobierno de Zapatero, en la que se pagaban
3.000 euros por hijo, y se pregunta si aquel cheque movió la aguja.
Sustitución poblacional, Plan Kalergi y las tesis sin respaldo
Una parte de la conversación se mueve en un registro muy distinto: la idea de un reemplazo deliberado de la población autóctona, el llamado
Plan Kalergi o la supuesta ingeniería social orquestada desde instancias masónicas. Conviene decirlo con claridad: no existe evidencia que respalde esas teorías, que circulan como rumor y no como documento.
En ese mismo saco entran las lecturas que conectan la natalidad con el discurso del aborto, defendido desde el propio Gobierno como «una victoria de las mujeres y un fracaso de los neoconservadores». Son marcos ideológicos que movilizan votos, no hipótesis demográficas verificables.
Qué se puede esperar
Con menos nacimientos, más población de reemplazo y un reparto de rentas que favorece al capital y a los mayores, la previsión más probable no es una explosión social, sino una erosión lenta del sistema de ayudas y de pensiones. Mientras el dinero aguante, el conflicto se mantiene en sordina.
El día que la financiación se tense de verdad, el debate sobre quién tiene hijos y por qué dejará de ser una frase de mitin. Y entonces no habrá relato que lo tape.