El sindicato de inquilinos amenaza con un "delirio colectivo" y llama a toda la población a dejar de pagar el alquiler

El Sindicato de Inquilinos llama a dejar de pagar el alquiler​

¿Qué pasa si miles de inquilinos dejan de pagar la renta a la vez? El Sindicato de Inquilinos de Madrid quiere comprobarlo y ya ha puesto fecha: manifestación el 13 de octubre en la capital y, después, una huelga de alquileres que llama a dejar de pagar a toda la población. La consigna que repiten en redes es que los alquileres «deben bajar un 50%, y si no lo hacen, los bajaremos nosotras». El razonamiento de fondo es tan simple como incómodo: si un inquilino se rebela en solitario, el problema es suyo; si lo hacen miles a la vez, el problema pasa a ser del propietario y de los gobiernos que lo sostienen. La organización, que responde a las críticas con un «sí que vais a flipar con el delirio colectivo», avisa de que lo del domingo es solo la antesala.

Qué reivindica el Sindicato de Inquilinos de Madrid​

El paquete de exigencias va bastante más allá del precio. Piden una bajada generalizada de los precios de alquiler y de compra, que todos los contratos sean indefinidos y la prohibición del alquiler turístico, de temporada y por habitación. Añaden impuestos a las viviendas en alquiler y vacías, a las SOCIMIS, a los fondos y a las empresas que consideran especuladoras. Y reclaman algo que choca de frente con el mercado: prohibir construir vivienda nueva hasta que se ocupe toda la vivienda vacía, sancionar a quien tenga pisos sin habitar y vetar la reclasificación de suelos donde ya existan urbanizables.

En el capítulo penal la lista es igual de explícita: despenalización de la okupación, desjudicialización de la okupación de viviendas vacías y desarticulación de las empresas de desokupación. Los desahucios, dicen, no pueden ejecutarse «sin una alternativa digna». Sobre el parque público exigen que sea de construcción y gestión públicas, que no se pueda vender y que se expropien viviendas a los fondos buitre. La exigencia del «fin de la compra con usos especulativos» se sitúa en línea con propuestas de Podemos y Sumar.

¿Es legal una huelga de alquileres en España?​

No, al menos no con ese nombre. El artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho de huelga únicamente por motivos laborales, así que un parón masivo de pagos de renta no encaja en ese marco. Los expertos advierten de que los conflictos derivados acabarían dirimiéndose por la vía civil, con dos consecuencias previsibles: un atasco serio en los juzgados y miles de propietarios en un limbo procesal que puede durar meses o años.

El precedente de 1931 en Barcelona​

La comparación histórica tampoco invita al optimismo. Con la Exposición Internacional de 1929 Barcelona dobló su población y arrastraba un problema de vivienda mayúsculo, agravado por una crisis económica que disparó el paro y la inflación. El 7 de mayo de 1931, auspiciadas por la CNT, miles de familias dejaron de pagar el alquiler como protesta. Algunas fuentes elevan la cifra hasta 100.000 huelguistas. Terminaron desahuciados por la Cámara de la Propiedad y el Patronato de la Vivienda de Barcelona.

El 90% del alquiler está en manos de pequeños propietarios​

Aquí está la aritmética que nadie discute. Más del 90% del mercado del alquiler en España lo sostienen particulares, no fondos ni grandes tenedores. Si la huelga de impagos funcionase, el golpe no lo recibirían los fondos buitre que aparecen en las pancartas, sino los arrendadores particulares. Y el contexto no ayuda: el proceso para echar a un inquilino que deja de pagar se alarga años y, si se le declara vulnerable, se convierte en misión imposible por el decreto antidesahucios. El derecho a la propiedad privada, sostienen, quedaría suspendido de facto.

Hay quien va más allá y plantea que los propietarios se asocien con bases de datos compartidas de candidatos, auditadas para cumplir la normativa de protección de datos.

Quién fija el precio del alquiler: mercado o casero​

El segundo frente abierto es el del precio. Se sostiene que el mercado no es un ente externo que obligue a nadie, sino la suma de decisiones individuales, y que cada arrendador coloca la renta en el máximo que le admite la competencia. La contrarréplica es inmediata: si la oferta se estrecha porque se prohíbe construir, se encarece el suelo y se castiga al inversor, los precios que quedan suben, no bajan. Cada vez que se ha anunciado una intervención de este tipo, argumentan, el resultado ha sido más garantías exigidas al inquilino y menos pisos disponibles.

En medio queda el acceso. Circulan cálculos sobre el umbral de ingresos que se pide para alquilar —en un ejemplo del foro, 3.000 euros de ingresos para una renta de 1.200— con una explicación recurrente: si la pareja se separa o uno pierde el empleo, la ley protege al que se queda con ingresos bajos y el propietario se queda sin cobrar y con el contrato vivo. Otros apuntan al término medio, ni 300 ni 1.200 euros de renta, y a que en un mercado tan tenso el término medio no existe.

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Queda por ver si el 13-O llena Madrid y si la huelga llega a convocarse de verdad. Si el modelo funciona, alguien acabará fundando un sindicato de parroquianos que llame a dejar de pagar las cañas y las tapas: mismo argumentario, menos juzgados.