Otra de valencia: desguazar cientos de vehículos sin saberlo sus dueños

Relatos en un foro denuncian la retirada de coches operativos en Valencia sin avisar a sus dueños​

Según relatos difundidos en un foro, el propietario de un Jaguar XF oscuro aparcado en una zona alta vio cómo su coche, limpio y con barro solo en los bajos, aparecía aplastado bajo dos vehículos en una campa. No era un caso aislado, según estos testimonios. En las semanas posteriores a la riada que anegó decenas de municipios valencianos, empezaron a circular relatos de conductores que encontraban su vehículo retirado por la grúa pese a estar en perfecto estado de funcionamiento. La escena se repite, según estas versiones: coches con carteles de «no retiren este coche» acabaron igualmente apilados en campas. El patrón no distingue entre siniestro total y vehículo recuperable, siempre según los participantes en el debate.

Coches que funcionaban y acabaron en el desguace​

La denuncia más repetida apunta a que la retirada se hizo sin comprobar el estado real de los vehículos. Un conductor relató que su coche estaba «sucio de barro pero tampoco era tanto» y que apareció con dos coches encima. Otro vecino encontró su vehículo, que estaba «limpio y bien aparcado en zona apartada algo más alta», trasladado sin previo aviso. La queja no es solo por el daño material: es por la ausencia de un procedimiento que exige localizar al titular antes de desguazar.

Hay quien sostiene que la prioridad era despejar vías y evitar riesgos sanitarios, y que en una emergencia de esa magnitud los protocolos se desbordan. El contraargumento es que un coche operativo no es un residuo: es un activo de una familia que, en muchos casos, aún está pagando la financiación. La línea entre limpieza urgente y expolio se difumina cuando no hay trazabilidad.

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El negocio del desguace y las piezas que valen oro​

El debate derivó pronto hacia el dinero. Un coche desguazado no desaparece: se convierte en piezas. «Es todo beneficio, esos cabrones venden a precio de oro hasta el último tornillo», resume una intervención. La sospecha de que alguien está monetizando la catástrofe sin rendir cuentas planea sobre toda la conversación.

El cálculo que circula entre afectados es demoledor: si son 100.000 coches, el consorcio de seguros tendría que soltar una cifra que nadie sabe si podrá asumir. Y aunque la aseguradora pague, el propietario se queda sin coche, con la letra del crédito intacta y sin capacidad de comprar otro. «A ver quién tiene 30.000 que vale un coche normalito, o 50.000 una furgoneta», apunta un mensaje. En pueblos con rentas bajas, la reposición es una quimera.

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Trámites imposibles cuando falta el titular​

Hay un laberinto administrativo que nadie quiere mirar de frente. Si el propietario falleció, si la documentación se perdió en el agua o si el coche estaba a nombre de un tercero, los herederos se enfrentan a un rosario de gestiones: formalizar la herencia, liquidar impuestos, obtener nueva documentación en Tráfico y solo entonces reclamar al seguro. Meses, quizá años, para recuperar el valor de un vehículo que ya no existe.

Mientras tanto, el coche ya está aplastado. La asimetría es brutal: la administración actúa en días, el ciudadano reclama en años.

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El relato de la oportunidad histórica​

En paralelo a las denuncias materiales, surgió un marco ideológico que indignó a buena parte de los afectados. Un experto en cambio climático calificó la destrucción de miles de vehículos como «una oportunidad histórica para prescindir de los coches, desarrollar el transporte público y cambiar el modelo de civilización». La frase, difundida en redes, fue leída por muchos como la confirmación de que la catástrofe se usaba como palanca para imponer una agenda.

No es la única teoría que circula. Hay quien sostiene que el desguace masivo responde a un plan para reducir el parque automovilístico, y quien lo atribuye simplemente a la incompetencia y a la economía del saqueo que florece en el caos. Ninguna de esas hipótesis está respaldada por pruebas; son lecturas que el vacío informativo alimenta.

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La pregunta sin respuesta: ¿quién paga y quién responde?​

El consorcio de seguros, las grúas, los ayuntamientos, la Generalitat, el Gobierno central. Nadie asume la responsabilidad de lo ocurrido con los vehículos retirados sin aviso. «Espérate que no le cobren la grúa y el achatarramiento al dueño», ironiza un mensaje que resume la indefensión percibida.

La conversación no cierra el caso. Los coches siguen en campas, los dueños siguen esperando y las ayudas siguen sin llegar. Lo único que avanza es el óxido.