La iglesia de mi barrio dará esta tarde una misa por franco

Misas por Franco: 16 ciudades y una ley que no entra​

Cada 20 de noviembre se repite una escena que ninguna norma ha conseguido desactivar: parroquias de toda España incluyen a Francisco Franco en las plegarias de recuerdo por el aniversario de su muerte. La Fundación Nacional Francisco Franco cifra en 16 las ciudades con ceremonia anunciada, a las que se suman templos que no figuran en su web, como el de un barrio de León. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide al Gobierno que sancione a organizadores y a quienes lo permiten. Y ahí empieza el problema: sancionar, ¿con qué?

El argumento que más se repite entre quienes defienden la ceremonia es técnico, casi litúrgico. Una misa de difuntos no es un homenaje: es una oración por un alma. En esa lógica, incluir a Franco en las plegarias no lo canoniza, lo sitúa entre los pecadores que necesitan intercesión. «La misa se ofrece por el alma de una persona, ¿qué hay de malo en ello?», resume una intervención. Desde esa trinchera, politizar el funeral es lo raro, no lo contrario.

Qué dice la ley y por qué no llega​

La Ley de Memoria Democrática prohíbe el enaltecimiento del franquismo, pero no entra en el interior de un templo. La clave está en la naturaleza del acto: no es un homenaje civil, es una celebración religiosa con un nombre propio dentro de una fórmula de oración. Ninguna norma estatal puede obligar a un párroco a excluir a un difunto de la lista de fieles por los que reza. Lo resume una intervención con una frase que vale como toda la doctrina: «Ninguna ley puede meterse en eso».

Hay quien va más allá y señala que el problema no es jurídico sino de competencia eclesiástica. Roma no ha movido ficha ni con figuras mucho más incómodas, y la petición de beatificación que circula en tono de burla por el hilo —«beatificación de Franco YA»— funciona justamente porque nadie la espera. La Iglesia española, se argumenta, tampoco tiene incentivo en abrir ese melón.

La acusación que se cae en el detalle​

El tramo más duro de la discusión no va de liturgia sino de derecho internacional. Se esgrime que Franco cometió crímenes de lesa humanidad y que existe condena. La réplica es quirúrgica: lo que hay son resoluciones políticas, no judiciales. El documento que se cita es un estudio del Subcomité del Consejo de Seguridad de 1946 que calificó al régimen de «carácter fascista», establecido con ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista. Es una investigación, no una condena.

El intercambio deriva en un pulso de simetrías: si la alianza con Hitler basta para imputar crímenes, el mismo rasero alcanza a Stalin, que fue aliado beligerante y no neutral. La pregunta que queda flotando —¿dónde están las resoluciones judiciales contra Stalin y Mao?— no obtiene respuesta en el material. La discusión se queda exactamente ahí, sin cerrar.

El barrio, la bandera y la comunión​

El caso concreto que abre el asunto tiene nombre de barrio: Santa Marina, en León. Quien lo cuenta recuerda que ya en los años 80 y 90 era conocida por tener una bandera de Falange y otra con el águila presidiendo desde los balcones superiores. Allí hizo la comunión; el bautizo fue en el altar mayor de la catedral. Barroco y gótico desde la infancia, dice, y no suena a nostalgia sino a inventario.

En el otro extremo, la objeción no es legal sino teológica: si la misa se celebra por la salvación de un alma, se argumenta, los crímenes fueron «terribles» y puede que las oraciones no basten. La respuesta a esa objeción es la más incómoda de todas: la hipocresía. Se elige a Franco y no al carnicero anónimo de la esquina, no por su alma, sino por el mensaje. A Jesús, se añade, no le gusta la hipocresía.

Lo que se discute de verdad: quién paga y quién reza​

Debajo del ruido hay una discusión económica y de asignación de recursos que rara vez se explicita. La financiación de la Iglesia vía casilla del IRPF aparece en el intercambio con una lógica de mercado: «Había quitado la X en la casilla de la Iglesia. La volveré a poner». Es decir, la ceremonia funciona como señal para movilizar una base dispuesta a pagar por ella.

La otra cara es la geografía. Hay quien se queja de que en Galicia no haya ninguna misa anunciada y quien bromea con que el acto debería celebrarse en Valencia, donde el cauce del Turia se atribuye a una decisión del propio Franco. La anécdota, medio en serio medio en broma, apunta a algo real: el 20-N se ha convertido en un mapa de afinidades territoriales más que en un acto religioso uniforme.

El cierre no lo pone ninguna institución. Lo pone la constatación de que, 684 días después de que se abriera esta discusión, el mecanismo sigue funcionando igual: una parroquia, una lista de difuntos, un nombre que nadie va a quitar de ahí por decreto. ¿Cuántos 20-N más hacen falta para que alguien decida si esto es un problema legal, uno pastoral o simplemente una tradición que no molesta a quien debería molestarle?