Óscar López negó en X haber firmado un desahucio, pero el documento lo firma él por delegación de poder, como tantos otros. Exigió el derecho de rectificación al medio y recibió una respuesta masiva en contra.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, publicó en X una negación tajante: «Este titular es falso. Yo ni he pedido ni he firmado en ningún caso el desahucio de nadie». Añadió que exigía el derecho de rectificación al medio y aclaró que Muface «es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre».
El documento que lo firma él
El medio Artículo 14 había publicado un artículo que vinculaba a López con un desahucio. La respuesta del ministro no tardó, pero la contestación que recibió fue masiva y en su contra. El argumento que se repitió: el documento lo firma él, por Delegación de Poder, como tantos y tantos documentos de los que firma.
Esa fórmula jurídica no es un detalle menor. En la administración, la delegación de poder permite que un alto cargo firme resoluciones en nombre de otro organismo. La firma es suya, aunque la competencia original no lo sea. Negar la autoría material de la firma cuando el documento la contiene es un terreno resbaladizo.
Muface y los pisos públicos
López intentó separar su responsabilidad personal de la naturaleza del organismo. Muface gestiona un parque de viviendas públicas, no es un fondo buitre. Eso es cierto. Pero la distinción no exime de la firma: si el documento lleva su rúbrica por delegación, la entidad gestora no borra el hecho de que él lo autorizó.
El derecho de rectificación que exige tiene un cauce legal tasado. No basta con pedirlo en redes: hay que acreditar que el medio difundió un hecho falso. Si el titular se sostiene sobre un documento firmado por él, la rectificación se complica.
La respuesta en redes
Los comentarios no le dieron tregua. La mayoría coincidió en lo mismo: el documento lo firma él. La ironía seca se impuso. El episodio deja una pregunta incómoda sobre cómo los cargos públicos asumen la autoría de sus actos administrativos cuando estos generan coste político.
