Famosa tiktoker explota contra perro sánchez por la situación de la vivienda en españa

Una tiktoker contra Sánchez por el alquiler: «PSOE y PP son iguales»​

¿Cuánto tiene que apretar el alquiler para que el cabreo deje de ser un vídeo y pase a ser una factura electoral? Una tiktoker con una audiencia considerable ha publicado su ajuste de cuentas con el presidente del Gobierno por el precio de la vivienda, y el resultado no es un diagnóstico técnico: es una consigna que resume un ciclo entero. «PSOE y PP son iguales», dice.

El vídeo no trae ni un dato nuevo. Ahí está su fuerza. Cualquiera que haya buscado piso en una capital en los últimos años reconoce la escena sin necesidad de gráficos. Lo llamativo no es el enfado —el enfado lleva tiempo ahí—, sino a quién señala y con qué argumento. Ya no pide que se vote mejor. Pide explicaciones.

La cuenta que no cuadra: 900 euros por un trastero sin ventilar​

El punto de partida es un precio. 900 euros mensuales por un trastero sin ventilación: eso es lo que aparece en el vídeo y lo que cualquiera puede comprobar hoy en los portales de alquiler de media España. Con esa cifra sobre la mesa, la comparación sale sola.

Por ese mismo dinero al mes, en una ciudad media de provincias —se pone el ejemplo de Valladolid, 300.000 habitantes— hay quien paga la hipoteca de una vivienda de tres habitaciones, dos baños, 156 metros cuadrados y terraza frente a un parque. La conclusión que saca cualquiera no es que Madrid esté caro. Es que Madrid y el resto del país ya no pertenecen al mismo mercado inmobiliario, ni al mismo país.

¿Por qué no se construye más? El cuello de botella del suelo​

Aquí el vídeo se queda corto, y es donde la conversación se pone interesante. En España no se puede levantar nada en un terreno propio hasta que lo autoriza una cadena de administraciones que va de lo local a lo estatal. El dueño del suelo no decide: espera. Y mientras espera, paga.

El cálculo que más circula es el del coste previo al primer ladrillo: hasta 40.000 euros gastados antes de poner la primera piedra entre licencias, informes, tasas y trámites. Si eso es cierto —y los promotores no suelen desmentirlo—, cualquier promoción arranca con una mochila que el inquilino acabará pagando. El argumento que se repite no es que falten políticos que construyan, sino que sobran políticos que autorizan.

25.000 viviendas públicas y un plan que no llega a todos​

La respuesta institucional existe y tiene cifras. La Comunidad de Madrid cuenta con más de 25.000 viviendas públicas, aunque están reservadas a los colectivos que la normativa define como más vulnerables. El Plan Vive de Madrid suma 10.500 viviendas asequibles construidas y ha facilitado 1.800 hipotecas en colaboración con ocho entidades bancarias, con más de 3.000 jóvenes beneficiados.

El problema es de embudo. Si la demanda supera con holgura la oferta protegida, la cola se convierte en un mecanismo de selección donde no gana el que más necesita, sino el que antes se apunta. Y ahí entra la pregunta incómoda: ¿a quién le toca de verdad? Porque el perfil de la joven del vídeo —española, con trabajo— rara vez encaja en el baremo.

¿Las políticas de vivienda son del Estado o de las autonomías?​

Depende de qué parte se mire. La ordenación del suelo tiene un marco estatal, pero su desarrollo autonómico convierte el mercado, en la práctica, en diecisiete mercados distintos. La pregunta que nadie responde con claridad es la buena: qué diferencia real hay entre las leyes de ordenación del suelo de las comunidades gobernadas por el PSOE y las del PP.

Si la respuesta es «ninguna», la tesis del vídeo se refuerza sola: da igual a quién se vote, porque el marco no cambia. Si la respuesta es «algunas», nadie se ha molestado en explicarlas con números. Y sin números, en vivienda, la discusión se queda en consigna.

Inmigración, demografía y oferta de alquiler: el factor que se cuela en todas partes​

Una parte del análisis sostiene que la presión sobre el alquiler no se explica sin la demografía: se argumenta que en las dos últimas décadas España ha recibido una entrada de población muy superior a la vivienda construida en el mismo periodo y que eso, en un mercado de oferta rígida, se traslada al precio. La cifra que se repite es de cerca de 15 millones de personas en veinte años, una estimación que circula sin desglose y que conviene tratar con cautela.

El segundo factor demográfico es menos discutido y más revelador: las familias de cinco o seis miembros han dado paso a hogares de una o dos personas. Más viviendas necesarias para menos gente por vivienda. A eso se suma la retirada de oferta de alquiler tras cada reforma normativa, que es el argumento que más veces aparece cuando se pregunta por qué hay menos pisos disponibles que hace unos años.

El desenlace que aún no ha llegado​

Nadie discute el enfado. Discuten el destinatario. Hay quien cree que este malestar es el combustible perfecto para justificar nuevas intervenciones sobre la propiedad privada, y quien sostiene lo contrario: que lo que hace falta es que el legislador deje de hacer y garantice seguridad jurídica a propietario e inquilino por igual. Las dos cosas caben en el mismo descontento, y ninguna ha ganado.

Lo único indiscutible es la aritmética. Si en veinte años entra mucha más gente de la que se construye vivienda, el excedente de demanda no desaparece: se refugia en el precio. El vídeo se habrá olvidado mucho antes de que ese precio baje. Y quien lo grabó, mientras tanto, ya habrá cobrado por contarlo.